El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado a la Xunta la autorización para realizar batidas de control de lobo en los municipios de Cerdedo-Cotobade, Curtis y Ferrol. La resolución, fechada el 10 de marzo de 2026, responde a una petición de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático para modificar medidas cautelares previas y permitir extracciones letales. Los magistrados consideran que no existe prueba técnica suficiente que acredite un incremento de ataques ni un cambio relevante de circunstancias que justifique levantar la suspensión. La Sala subraya además la ausencia del análisis previo exigido por el plan de gestión del lobo, lo que ha sido determinante para negar la solicitud.

La sección segunda de lo Contencioso-Administrativo adopta así un nuevo criterio en un conflicto que viene arrastrándose en la administración autonómica y entre distintos sectores rurales. La Xunta había argumentado que la intensidad de los ataques al ganado justificaba medidas de control más contundentes en las zonas afectadas, pero el tribunal no encontró en la documentación aportada referencias técnicas que sostengan ese argumento. En su auto, la Sala rechaza la contracautela planteada por el gobierno gallego y mantiene la vigencia de la suspensión de cualquier extracción letal. Para los jueces, las pruebas presentadas resultan insuficientes para alterar una decisión cautelar firme.

Entre los puntos que pesa la resolución figura la falta de datos sobre la densidad poblacional del lobo en las áreas señaladas. El TSXG apunta que no se aporta “referencia técnica contrastada” que demuestre un crecimiento poblacional que modifique lo ya valorado por la suspensión cautelar, y añade que la petición de la Xunta no concreta el número de ejemplares que se pretende extraer. Esa indeterminación, según el tribunal, impide evaluar el alcance real de la intervención y abre la posibilidad de causar un daño no cuantificado al conjunto del ecosistema. La ausencia de estudios rigurosos sobre población y dinámica territorial es, en su opinión, un vicio decisivo.

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Los magistrados también ponen el foco en las consecuencias letales que conllevarían las batidas si fueran autorizadas. El auto recuerda que se trata de una especie cuya conservación está tutelada y advierte del riesgo de afectar de forma grave al equilibrio ecológico si se consienten muertes sin un sustento científico sólido. Por eso la Sala exige que, antes de adoptar medidas de este calado, se aporten informes técnicos que permitan calibrar con precisión el impacto sobre la población de lobo y el hábitat. La petición de la Xunta, en el formato presentado, no satisface ese requisito básico de evaluación.

Sin embargo, la resolución no cierra la puerta a actuaciones de gestión no letales: el tribunal admite la posible adopción de medidas destinadas a proteger la ganadería y la seguridad de las personas siempre que no impliquen la extracción de ejemplares. La Sala proclama la necesidad de compatibilizar la conservación de la especie con la actividad rural y la protección de bienes y personas, pero exige que cualquier medida sea razonada y compatible con los objetivos del plan de gestión. En ese marco, técnicas preventivas, reforzamiento de la protección del ganado y otras soluciones no letales aparecen como opciones admisibles.

La decisión judicial supone un revés para la Consellería, que venía sosteniendo la necesidad de intervenir ante los daños denunciados por ganaderos en distintos puntos de Galicia. En los últimos años el choque entre demandas de control y criterios conservacionistas ha generado fuertes debates en el medio rural, donde la coexistencia con el lobo continúa siendo uno de los asuntos pendientes de la política ambiental. El plan de gestión del lobo en Galicia obliga a realizar análisis previos antes de autorizar extracciones, y el tribunal ha tomado esa exigencia como referencia para frenar la propuesta administrativa.

Tras el auto, la Xunta dispone de vías administrativas y judiciales para tratar de revertir la decisión o aportar nueva documentación que sustente su posición, aunque la resolución subraya que cualquier recurso debe ir acompañado de pruebas técnicas sólidas. A corto plazo, la autorización solicitada para Cerdedo-Cotobade, Curtis y Ferrol queda paralizada, y la postura del TSXG refuerza la necesidad de que las políticas de gestión se apoyen en estudios científicos y en una evaluación del impacto ambiental. La correcta planificación y la transparencia técnica aparecen como requisitos ineludibles para intervenir sobre una especie protegida.

El fallo también deja sobre la mesa la urgencia de avanzar en soluciones compartidas entre administraciones, ganaderos y entidades conservacionistas para reducir los conflictos. Mientras tanto, la protección judicial impuesta mantiene la vigencia de las medidas cautelares que resguardan a los lobos en las zonas señaladas, y condiciona cualquier actuación futura a la presentación de análisis que acrediten, con datos, un cambio de las circunstancias que ahora no se ha probado. El debate sobre cómo conciliar la conservación con la actividad rural en Galicia, por tanto, seguirá marcado por la exigencia de rigor científico y transparencia en las decisiones.