La presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado un traslado de magistrados que afecta a la sección encargada de resolver los recursos sobre parques eólicos. La decisión, adoptada por la nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio González, implica la salida de la sección de uno de sus miembros más conocidos, el magistrado Luís Villares Naveira, y el cambio de otros tres jueces. El movimiento busca, según la resolución, reforzar la imparcialidad y mejorar la organización interna, pero ha abierto un intenso debate público y judicial en Galicia.
Relevo en la sección tercera: motivos y reacciones
La orden de traslado, firmada por la propia María Azucena Recio tras tomar posesión como presidenta, afirma que la reestructuración atiende tanto a la “necesidad de salvaguardar la imparcialidad” como a razones organizativas vinculadas al elevado número de procedimientos en cada sección. En la práctica, el cambio deja fuera de la sección tercera —la que habitualmente tramita los expedientes sobre parques eólicos promovidos por la Xunta— a Villares y recoloca a otros tres magistrados.
Fuentes cercanas al tribunal explican que la intención declarada de la presidenta fue transmitir una imagen de independencia y transparencia. Recio, durante su toma de posesión, ofreció un compromiso público: “Soy muy consciente de que somos la última garantía de los derechos de las personas” y defendió la necesidad de que la ciudadanía perciba “objetividad, imparcialidad e independencia” en la actuación judicial.
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Conoce más →Sin embargo, la decisión no ha sido bien recibida por todos. La sección gallega de Juezas y Jueces para la Democracia criticó con dureza el movimiento y alertó sobre el daño a la imagen del tribunal. En un comunicado señalaron que el cambio “sorpresivo y difícilmente explicable” podría generar la sospecha, esperan que infundada, de que el poder judicial responde a intereses ajenos a la ley. El malestar suma tensión a un debate que ya venía cargado de polémica.
“La imagen del tribunal y de su independencia quedan muy afectadas”, asegura la sección gallega de Juezas y Jueces para la Democracia.
Antecedentes: Cunqueiro, política y la catarata de recursos eólicos
No es la primera vez que la trayectoria de Luís Villares aparece en el foco mediático. Villares fue candidato a la presidencia de la Xunta por En Marea en 2016 y sirvió como diputado en el Parlamento gallego antes de reincorporarse a su plaza en el TSXG. Además, su firma ha quedado cuestionada por el Tribunal Supremo, que anuló hasta tres sentencias dictadas por salas en las que participó referidas a la gestión del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, por entender que se había vulnerado el derecho a un juez imparcial.
Esos fallos del Supremo —relacionados con el IBI de 2019, el cobro por la actividad del hospital antes del pago del canon y una revisión de tarifas de aparcamiento— obligan ahora a que los asuntos vuelvan a ser juzgados en el TSXG. La existencia de esas anulaciónessuma una capa adicional de sensibilidad a cualquier movimiento que afecte a la composición de la sala.
Por otra parte, la sección tercera ha sido decisiva en la paralización de proyectos eólicos: ya son 79 los expedientes detenidos por resoluciones judiciales en Galicia. El freno a los parques se ha convertido en un asunto de enorme transcendencia social, económica y ambiental, con alcaldes, promotores y colectivos ecologistas cada uno con su propia lectura del estancamiento. Que la sala que conocía mayoritariamente de estos procesos sufra una reordenación inmediata provoca inquietud entre los actores afectados.
Repercusiones y próximos pasos
La reestructuración abre varias vías de consecuencias. En lo inmediato, los procesos pendientes deberán reasignarse y será crucial ver si la distribución de expedientes cambia la dinámica de las resoluciones. A medio plazo, la imagen pública del TSXG queda en el centro del debate: a falta de confirmación oficial sobre motivos ocultos, la desconfianza pública puede medrar si no se acompaña la reorganización de transparencia en criterios y datos.
En el plano político, la Xunta y los promotores energéticos seguirán de cerca cada movimiento del tribunal. El parón de los 79 proyectos implica inversiones paralizadas, empleos temporales en riesgo y confusión en los ayuntamientos que esperan ingresos o tienen planes urbanísticos condicionados. Mientras tanto, la concesionaria del hospital de Vigo y el Sergas afrontan la repetición de juicios que podrían alterar acuerdos económicos ya consumados.
Entre los operadores judiciales, algunos advierten de que los traslados deben verse como parte de la gestión interna de un órgano complejo, una herramienta legítima para equilibrar cargas de trabajo. Otros, en cambio, reclaman garantías adicionales: sorteo público de reparto de asuntos, criterios objetivos y comunicación más detallada sobre cómo se tomarán las futuras decisiones. La cuestión, en el fondo, es recuperar la confianza perdida sin sacrificar la independencia técnica del trabajo judicial.
Queda por ver si la reorganización conseguirá su objetivo declarado: reforzar la imparcialidad y el buen funcionamiento de la sala. Galicia entra en semanas decisivas, con recursos por resolver y retraducciones pendientes de sentencias anuladas por el Supremo. La sociedad, los partidos y los operadores económicos observan con atención. A la espera de pronunciamientos oficiales más amplios y de la redistribución efectiva de los expedientes, lo seguro es que el mapa judicial gallego ha cambiado y que el debate sobre la relación entre política, justicia y energía renovable seguirá en primer plano.
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