Galicia cerró 2024 con un volumen de peticiones de asistencia jurídica gratuita que no se veía en diez años, con 48.358 solicitudes registradas, según el informe oficial de la Consellería de Presidencia. El notable incremento, atribuido a deudas familiares, conflictos laborales y la aplicación de la ley de violencia de género, coincide con un repunte general de la litigiosidad que está tensionando el servicio. Los abogados del turno de oficio alertan de que la demanda supera la capacidad real del sistema y denuncian que las aportaciones públicas son insuficientes para garantizar la atención. La acumulación de casos y las guardias nocturnas cada vez más frecuentes dibujan un panorama de saturación en todo el territorio gallego.

Las cifras de 2024 suponen la mayor cifra en la última década y la tercera más alta en los últimos veinte años, solo por detrás de los años 2011 y 2013, cuando se superaron las 49.000 solicitudes. En relación con 2023 el aumento es de aproximadamente un 9%, aunque ese ejercicio estuvo marcado por una huelga del turno de oficio que condicionó la actividad. Si la comparación se extiende hasta 2020, año de la pandemia, el incremento es aún más llamativo: las solicitudes se han elevado cerca de un tercio desde entonces. Estos datos confirman la previsión que venían señalando los propios letrados sobre una ola de demandas derivada de la crisis sanitaria y sus efectos económicos.

De las peticiones presentadas, casi 40.800 terminaron con el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita, la mayoría a instancia de los propios solicitantes. Ese alto porcentaje de concesiones revela que la mayoría de quienes recurren al turno cumplen los requisitos y requieren asistencia efectiva, lo que a su vez se traduce en una mayor carga de trabajo para los letrados adscritos. La red gallega que sostiene el servicio está formada por alrededor de 3.500 profesionales, distribuidos por colegios y puntos de guardia en todo el territorio. Entre ellos aumentan las situaciones de casos urgentes que exigen atención inmediata, desde detenciones nocturnas hasta órdenes de protección por violencia de género.

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Ana María García, miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colexio da Avogacía de Vigo, describe un cambio palpable en las guardias: «Hace treinta años que hago guardias, pero en los últimos dos o tres años las llamadas en la madrugada por asuntos de violencia de género son constantes». Su experiencia refleja la sensación generalizada entre quienes atienden el turno: más intervención, más intensidad y más casos que requieren desplazamientos y preparación fuera de las horas habituales. Los letrados subrayan que muchas de esas intervenciones son de alta complejidad y demandan tiempo y recursos que no siempre están contemplados en las retribuciones por el servicio. El coste real en horas y esfuerzo recae, en buena medida, sobre los profesionales.

Desde la representación colegial, Luis Torres Foira, presidente del Consello da Avogacía Galega, ha cuestionado con dureza el modelo actual y ha señalado que «los recursos que aportan las administraciones son insuficientes y no se corresponden con las exigencias reales del servicio». Torres Foira advirtió que, en muchos casos, los abogados sostienen la prestación con su propio sueldo y, en ocasiones, con patrimonio personal, una situación que achaca a la falta de actualización de las retribuciones y al crecimiento de la demanda. Las quejas se han traducido en movilizaciones y en reivindicaciones públicas que reclaman una financiación estable y medidas organizativas para aliviar la carga. La preocupación por la sostenibilidad del turno se ha vuelto un asunto recurrente en las conversaciones con la Xunta.

Entre los factores que explican el aumento de solicitudes los profesionales mencionan el empeoramiento de la situación económica de muchas familias, el incremento de conflictos laborales y la entrada en vigor o el mayor uso de instrumentos legales vinculados a la violencia de género. A ello se suma una mayor concienciación ciudadana sobre los derechos y el acceso a la Justicia, que lleva a más personas a reclamar asistencia. También influyen cambios legislativos y sociales que derivan en más procesos judiciales, desde reclamaciones laborales hasta asuntos civiles por impago. Esa combinación de causas hace que la demanda no sea coyuntural, sino estructural.

El efecto inmediato para el servicio ha sido el aumento de la carga de trabajo por letrado, los retrasos administrativos y la tensión en la prestación de guardias, que en ocasiones se traducen en protestas y episodios de huelga, como el vivido en 2023. Los colegios de abogados y las organizaciones profesionales advierten del riesgo de que la calidad del servicio se resienta si no se adoptan medidas urgentes, y señalan la necesidad de más personal, mejores retribuciones y una gestión más eficaz de los recursos. Además, existe el temor de un desgaste profesional que podría reducir la disponibilidad de letrados voluntarios para el turno. En este contexto, las reivindicaciones por una financiación adecuada han pasado de ser una demanda técnica a una cuestión de interés público.

La Consellería de Presidencia es la fuente oficial de los datos publicados y, aunque ha reconocido el aumento de las solicitudes, las respuestas políticas y presupuestarias todavía no han cerrado la brecha señalada por los profesionales. Las próximas semanas serán clave para ver si se articulan mejoras concretas en retribuciones, organización de guardias y refuerzos. Mientras tanto, la red de abogados de oficio seguirá soportando la mayor presión de la última década, con la vista puesta en que la Administración ajuste recursos para garantizar que el derecho a la tutela jurídica efectiva no se vea comprometido por la falta de medios.