Hace 16 años que cerró la histórica conservera de Bouzas que durante décadas marcó el pulso industrial de Vigo. Hoy, más de un centenar de los que trabajaron allí mantienen viva una reclamación por 5,3 millones de euros en salarios y deudas laborales. Tras agotar la vía concursal y ver cómo la liquidación no les reportó “ni un céntimo”, han vuelto a colocar la pelota en el tejado del Concello: piden al alcalde Abel Caballero que les adjudique el 10% del aprovechamiento del solar donde estuvo la fábrica para promover viviendas sociales y así hacerse con el dinero que se les debe.
El cierre, la quiebra y una demanda que suma décadas
La conservera Bernardo Alfageme no es solo una empresa más en la memoria viguesa; fue durante años un símbolo de empleo y actividad en Bouzas. Su colapso, hace ya una década y media, dejó heridas visibles en el barrio y en las hojas de vida de quienes perdieron su sueldo y su medio de vida. Muchos de esos trabajadores se agruparon posteriormente en una asociación presidida por Ángel Sanz Domínguez, un antiguo jefe de ventas que hoy, a sus 71 años, lidera la reclamación colectiva.
La vía judicial llegó a su fin en abril de 2025, cuando se declaró concluido el proceso concursal. Los extrabajadores acudieron como acreedores al concurso y, pese a la liquidación de bienes, quedaron sin resarcimiento. En conversación con miembros de la asociación quedó patente el enfado por unas cifras difíciles de entender: los honorarios de los administradores concursales ascendieron a 2,4 millones de euros, mientras que la plantilla denunció que, después del reparto, no percibieron prácticamente nada más allá de las prestaciones de Fogasa.
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Conoce más →«No recibieron ni un céntimo»,
resumen con dureza los afectados, retomando la expresión que popularizó su lucha. Las cantidades reclamadas por trabajador oscilan entre los escasos 5.071 euros y los casi 220.000, cifras que hablan de casos individuales muy dispares: desde pequeñas nóminas pendientes hasta deudas que afectan a familias enteras o a herederos de compañeros ya fallecidos.
La alternativa urbanística: promesas, acuerdos y trámites
Con la vía concursal cerrada, la mirada se volvió hacia la política municipal y la caja de la ciudad. La propuesta que promueven los extrabajadores pasa por la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico del solar de la antigua fábrica para que la asociación, mediante una entidad sin ánimo de lucro constituida al efecto, pueda promover viviendas de protección pública o social y monetizar así esos derechos. La carta dirigida al alcalde, fechada el pasado 13 de marzo, solicita una reunión “para la búsqueda de una solución”.
La iniciativa no nace de la nada. En 2010, el pleno del Concello aceptó por unanimidad un compromiso de ceder las plusvalías resultantes de la recalificación del suelo, que entonces se valoraron en alrededor de 26 millones de euros. Esa promesa, sin embargo, quedó en papel. Como alternativa, se planteó un convenio urbanístico de cesión de terrenos, sobre el que la Gerencia de Urbanismo emitió un criterio en 2024: la cesión solo sería posible a una asociación sin ánimo de lucro y con la finalidad concreta de construir viviendas de promoción pública.
La tramitación urbanística ha tropezado además con una demanda de la Xunta para una protección patrimonial más rigurosa del enclave, lo que ha ralentizado y complicado los planes. Es un escollo que obliga a replantear plazos y proyectos: la recuperación del solar implica no solo voluntad política, sino también cumplir con las exigencias de patrimonio y urbanismo que ahora pesan sobre la antigua fábrica.
Política local, precedentes y el calendario de movilizaciones
La petición a Abel Caballero coloca al Concello en una encrucijada. Por un lado, existe en la ciudad una sensibilidad hacia la memoria industrial y hacia la necesidad de soluciones sociales para quien quedó desamparado tras cierres como el de Alfageme. Por otro, cualquier cesión de aprovechamientos urbanísticos plantea debates sobre prioridad de uso del suelo, intereses de planeamiento y relaciones con promotores privados.
Fuentes próximas a la asociación recuerdan que la unanimidad del pleno en 2010 creó una expectativa que ha tardado en materializarse. A falta de respuesta firme del gobierno local, los extrabajadores han anunciado la reactivación de movilizaciones. No se trata solo de una protesta puntual: la estrategia contempla también la presión mediática y la búsqueda de aliados entre partidos y colectivos sociales para forzar una negociación que ponga sobre la mesa alternativas tangibles.
En el terreno jurídico, la solución urbanística no está exenta de obstáculos. La liquidación concursal formalmente zanjada limita las vías de ejecución directa sobre bienes de la antigua empresa, por lo que la propuesta de los trabajadores depende de un acuerdo de cesión municipal que habilite el aprovechamiento urbanístico para la asociación creada. El precedente de 2010 y la reciente instrucción de Urbanismo sobre cesiones para entidades sin ánimo de lucro les sirven de base pero no garantizan la resolución final.
Para el Concello, aceptar una cesión de este tipo supondría además afrontar debates sobre transparencia y priorización de inversiones públicas. En el actual panorama presupuestario municipal, con demandas crecientes en vivienda, servicios y rehabilitación patrimonial, encontrar una fórmula que satisfaga tanto a los extrabajadores como a la normativa urbanística exigida por la Xunta requerirá negociación fina y consensos políticos.
La historia de Alfageme no concluye en el cierre de la fábrica. Es, más bien, un capítulo abierto en la memoria de Bouzas y en la agenda de Vigo. La reclamación de 5,3 millones sigue siendo la piedra angular de una lucha que combina dolor económico con reivindicación de justicia social. Ahora, entre cartas dirigidas al alcalde, trámites en Urbanismo y la amenaza de movilizaciones, se juega una última oportunidad para que una ciudad que fue cuna de conserveras encuentre una salida que reconozca a quienes durante años sostuvieron esa industria.
El reloj corre a favor de la urgencia: muchos de los afectados son octogenarios o, en su defecto, sus herederos llevan años esperando. Si la política local quiere evitar otro capítulo de desencanto con el barrio de Bouzas, deberá actuar con rapidez y claridad. Y, sobre todo, con la sensibilidad que merece un pasivo social que no alcanza ya a números en un balance, sino a vidas enteras que reclaman reparación.
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