Un centenar largo de extrabajadores de la histórica conservera vigués Bernardo Alfageme han vuelto a poner sobre la mesa una reclamación que parecía archivada: tras cerrar la vía judicial con el concurso definitivamente concluido en abril de 2025, piden al Ayuntamiento de Vigo que les ceda parte del aprovechamiento urbanístico del solar de Bouzas para poder hacer frente a los 5,3 millones de euros que aún se les adeudan entre salarios y otras deudas laborales. La misiva, fechada el pasado 13 de marzo, solicita una reunión con el alcalde Abel Caballero y anuncia movilizaciones si no hay avances.
La reclamación y los hechos
Hace dieciséis años que la factoría cerró sus puertas. Lo que fue una de las empresas más prósperas de Vigo terminó en quiebra, y los trabajadores arrastran desde entonces una deuda que, por persona, oscila entre los 5.071 euros y casi 220.000. La cara visible de la asociación que agrupa a los extrabajadores es Ángel Sanz Domínguez, 71 años, antiguo jefe de ventas, y su asesor legal el abogado vigués Tomás Santodomingo.
Intentaron la vía concursal: se personaron como acreedores y asistieron a la liquidación de bienes sin recibir compensación alguna, salvo lo percibido del Fogasa. A la frustración por la falta de recursos recuperados se sumó la sorpresa ante unas costas administrativas que, según denuncian, acabaron devorando una parte importante del patrimonio disponible: los honorarios de los administradores concursales ascendieron en total a 2,4 millones, y los trabajadores sostienen que, al final del proceso, no recibieron
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Con la vía judicial cerrada —el procedimiento se declaró definitivamente concluso en abril de 2025— la asociación reavivó la alternativa urbanística que ya había planteado en años anteriores. En la carta dirigida al regidor exponen su propuesta: que el Concello les adjudique el 10% del aprovechamiento del suelo de la antigua conservera en Bouzas para que, a través de una asociación sin ánimo de lucro, puedan promover viviendas de protección oficial que permitan obtener fondos para saldar las deudas.
Un patrimonio en el centro del conflicto
El solar de la antigua Alfageme ocupa un lugar sensible en Bouzas, barrio con fuerte identidad marinera y con patrimonio industrial ligado a la economía conservera de Vigo. En 2010 el pleno municipal aprobó por unanimidad un compromiso para ceder las plusvalías derivadas de la recalificación de ese suelo; en aquel momento se estimaron en entorno a 26 millones de euros. A falta de ejecución efectiva, la propuesta de los extrabajadores parte de aquella promesa original.
La gestión del expediente, sin embargo, se ha ido encontrando con obstáculos. En los últimos meses la Xunta exigió una tramitación más rigurosa desde la perspectiva de la protección del patrimonio cultural, lo que ha obligado a revisar estudios y a demorar decisiones. Además, la Gerencia de Urbanismo informó en 2024 de que la única fórmula viable para una cesión gratuita sería a favor de una entidad sin ánimo de lucro y con la finalidad expresa de construir vivienda de promoción pública, condición que la asociación ha cumplido constituyéndose formalmente en mayo de 2025.
La referencia administrativa concreta es el área de reparto ARC‑SUNC 237 CAMIÑO BARCIELA‑ESTURÁNS‑TOMÁS ALONSO, y la petición registrada solicita expresamente esa porción equivalente al 10% del aprovechamiento tipo de suelo urbano no consolidado que corresponde al Ayuntamiento.
Opciones, riesgos y próximos pasos
En términos prácticos, la operación no es sencilla. Tomando como referencia la valoración de 2010 —los 26 millones— el 10% supondría unos 2,6 millones, cifra que quedaría por debajo de los 5,3 millones reclamados. Eso sin tener en cuenta la caída de activos en la liquidación concursal y el pago adelantado del Fogasa para algunas de las nóminas. No obstante, las valoraciones del suelo han cambiado, la presión por vivienda en Vigo ha aumentado y es posible que el valor real hoy sea superior al calculado entonces.
Para que la cesión prospere haría falta, además, el visto bueno municipal y, en su caso, la adaptación del planeamiento y un encaje con las exigencias de patrimonio impuestas por la Xunta. Jurídicamente existe margen para ceder aprovechamientos urbanísticos a entidades sin ánimo de lucro, pero la operación deberá evitar vulnerar el principio de igual trato entre acreedores y respetar los límites legales de transferencia de renta pública.
En clave política, la solicitud pone en aprietos al gobierno local. Abel Caballero ha impulsado en Vigo numerosas operaciones de regeneración urbana y tiene músculo político, pero también deberá medir el impacto de una decisión que podría interpretarse como excepcionar una deuda privada con recursos públicos. Los extrabajadores, por su parte, ya han anunciado movilizaciones si no obtienen respuesta, un escenario que rememora otras luchas laborales en la ría y que puede tensar el calendario municipal.
Fuera de la política, hay un factor humano difícil de soslayar: muchos de los afectados son hoy jubilados o han fallecido; sus herederos participan en la reclamación. No es lo mismo litigar por cifras que hacerlo por el reconocimiento de una deuda histórica con quienes sostuvieron durante décadas una actividad central en la economía local.
Las próximas semanas serán decisivas. La asociación espera una reunión con el alcalde y confía en que el Ayuntamiento valore la alternativa de promover vivienda social mediante la asociación constituida. Si no hay acuerdo, anuncian concentraciones y acciones de presión. Para el barrio de Bouzas, y para una ciudad que guarda memoria de sus conserveras, se abre así un último capítulo en una historia que comenzó a escribirse hace ya más de una década y media.
Más allá del resultado inmediato, la reclamación pone sobre la mesa preguntas de fondo sobre cómo se resuelven las consecuencias de las quiebras industriales: quién asume los costes —si el mercado, el Estado o la administración local— y de qué manera se compatibiliza la reparación de víctimas laborales con las limitaciones legales y las prioridades urbanísticas. En Vigo, con su pasado conservero y sus nuevos desafíos de vivienda, esa discusión no es teórica: afecta a familias concretas y a la gestión pública de un suelo que sigue siendo, a pesar del tiempo, una deuda pendiente.
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