Un centenar largo de extrabajadores de la histórica conservera de Bouzas han activado una nueva táctica en su demanda de cobro: después de que la vía judicial quedase definitivamente cerrada en abril de 2025, reclaman al Ayuntamiento de Vigo la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico del antiguo solar de Bernardo Alfageme para promover viviendas sociales que permitan satisfacer los 5,3 millones de euros que se les adeudan entre salarios y conceptos laborales. La petición formal llegó al alcalde por carta el pasado 13 de marzo y sus impulsores anuncian movilizaciones si no hay respuesta.
Un proceso concursal que dejó heridas abiertas
La historia de la reclamación es larga y amarga. Hace ahora aproximadamente 16 años aquella conservera, una de las más prósperas de Vigo, cerró sus puertas. Desde entonces los trabajadores y sus familias han peleado por recuperar lo que consideran suyo. Se personaron como acreedores en el concurso de acreedores, pero tras la liquidación de bienes y derechos no vieron resarcimiento alguno. En palabras que ya se han repetido en sus comunicados, ante lo actuado por la administración concursal “no recibieron ni un céntimo”.
Además del tijeretazo humano, el proceso dejó cifras que duelen: los honorarios de los administradores concursales ascendieron a 2,4 millones de euros, mientras que las deudas por trabajador oscilan —según la asociación— entre 5.071 y casi 220.000 euros. El único ingreso real que percibieron procedió del Fogasa, que cubrió una parte limitada de las obligaciones pendientes.
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Conoce más →La cara visible de la reclamación es Ángel Sanz Domínguez, de 71 años y exjefe de ventas, que preside la Asociación de Extrabajadores de Bernardo Alfageme S.A. Con el asesoramiento del abogado vigués Tomás Santodomingo, el colectivo retomó la lucha hace unos tres años. Tras agotar la vía judicial —el concurso quedó concluso en abril de 2025— plantean ahora un atajo urbanístico que implicaría al propio Concello.
El solar de Bouzas y la promesa de 2010
El terreno donde se ubicaba la conservera, en Bouzas, no es cualquier parcela. Su recalificación ha sido objeto de promesas y debates en el Ayuntamiento durante más de una década. En 2010, un acuerdo plenario, aprobado por unanimidad, comprometía ceder a los trabajadores las plusvalías derivadas de esa recalificación, que entonces se valoraron en torno a 26 millones de euros. Aquel compromiso nunca llegó a materializarse y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un símbolo de frustración para quienes trabajaron en la fábrica.
La alternativa planteada por el Concello y la Gerencia de Urbanismo fue en algún momento la firma de un convenio urbanístico. En 2024, no obstante, desde Urbanismo se respondió que la cesión gratuita solo podía llevarse a cabo a favor de una entidad sin ánimo de lucro y con la finalidad de promover viviendas de intervención pública. En consecuencia, los extrabajadores constituyeron esa asociación en mayo de 2025 y han vuelto a solicitar formalmente la cesión de ese 10% del aprovechamiento tipo del área ARC‑SUNC 237 (Camino Barciela‑Esturáns‑Tomás Alonso).
El itinerario administrativo no será sencillo: la Xunta reclamó recientemente una tramitación más rigurosa por motivos de protección del patrimonio cultural, lo que ha supuesto un varapalo para los planes de regeneración del solar. Bouzas, con su historia ligada a la actividad conservera y al puerto, es una zona sensible; cualquier actuación urbanística debe negociar no solo trámites técnicos, sino también las legítimas demandas de conservación del patrimonio industrial y la presión de los distintos intereses urbanísticos de la ciudad.
Movilizaciones, política local y la cuenta pendiente
La carta enviada al alcalde Abel Caballero no es un gesto simbólico: los extrabajadores anuncian movilizaciones si no son recibidos y si no se abre una vía que permita resolver su crédito. No es la primera vez que el Ayuntamiento de Vigo ha sido reclamado como árbitro en conflictos similares, y la relación entre las aspiraciones sociales y los proyectos inmobiliarios ha sido una constante en la agenda municipal. La demanda, además, llega en un momento en el que el debate sobre vivienda asequible y utilización de suelos vacantes está más vivo que nunca.
Fuentes cercanas a la asociación insisten en que la propuesta no busca enriquecer al colectivo, sino convertir una promesa incumplida en viviendas de promoción pública que, además de saldar deudas, darían respuesta a familias con dificultades económicas. En el plano municipal, sin embargo, existen tensiones: ceder aprovechamientos urbanísticos equivale a renunciar a ingresos potenciales y exige encaje jurídico. A esto se añade la exigencia autonómica por la protección patrimonial, que puede obligar a modificar proyectos y a prolongar plazos.
En la ciudad se recuerda con facilidad cómo las piezas del tablero urbanístico pueden acabar embolsando a unos y perjudicando a otros. Los ex trabajadores quieren que el Ayuntamiento cumpla lo que se comprometió en 2010 y ofrecen, a su vez, una salida social —viviendas públicas— que llega en un momento de necesidad. La ecuación parece de sentido común para muchos vecinos, pero administrativamente exige voluntad política y, probablemente, compensaciones y garantías que aún no se han negociado.
A falta de confirmación oficial por parte del Concello sobre la recepción de la carta y la convocatoria de una reunión con el alcalde, la asociación mantiene la presión pública. Es, en suma, el último cartucho de una lucha que mezcla el derecho de los trabajadores a cobrar lo adeudado con la capacidad del Ayuntamiento para mediación y para traducir compromisos históricos en soluciones reales. Si se opta por ignorar la reclamación, el coste político y social puede ser alto; si se abre la puerta, habrá que resolver técnicamente cómo transformar el 10% del suelo de Bouzas en viviendas y en salarios pendientes. La ciudad, testigo de aquel esplendor conservero y de su caída, sigue esperando que alguien transforme la memoria en justicia tangible.
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