Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso, reclamó este viernes en Santiago que el Ejecutivo adopte de forma inmediata una batería de medidas para paliar el efecto de la guerra en Oriente Próximo sobre la economía, entre ellas la supresión de los peajes de la AP-9 y la AP-53 y la intervención administrativa de los precios de los alimentos y la energía. Rego anunció que su grupo registrará hoy por escrito estas propuestas después de mantener el martes una conversación con el ministro de Presidencia. Señaló que la escalada de los costes energéticos y alimentarios obliga a actuaciones urgentes para proteger a hogares y empresas gallegas. La petición se enmarca, dijo, en la necesidad de evitar que la inflación golpee con mayor dureza a los sectores más vulnerables.

Según explicó, la reunión con el equipo del Gobierno, coordinado por Félix Bolaños, sirvió para trasladar las prioridades del BNG, que reclaman topes en los precios de los combustibles y la energía, así como límites y ayudas que permitan contener la subida del coste de la cesta de la compra. Además de reclamar medidas regulatorias, los nacionalistas proponen reforzar la protección social para evitar que la pérdida de poder adquisitivo derive en exclusión. La posición del BNG pretende que el decreto que prepara el Ejecutivo incluya tanto medidas inmediatas como herramientas de carácter estructural.

Entre las reivindicaciones más llamativas figura la eliminación de los peajes de la autopista AP-9, eje vertebrador de la comunicación costera gallega, y de la AP-53, argumento que Rego defendió como una prioridad para reducir el coste real de la movilidad en la comunidad. La reclamación responde a una larga demanda social y municipal en Galicia, donde los peajes han sido objeto de controversia y peticiones de bonificaciones y rescate. El BNG sostiene que su supresión aliviaría el gasto tanto de familias como de empresas y contribuiría a dinamizar la actividad económica local.

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En materia de vivienda, el diputado nacionalista pidió que el decreto incluya topes a las hipotecas y una prohibición de desahucios como mecanismos para blindar a las familias en situación de vulnerabilidad. Rego recordó que medidas similares ya figuraban en el llamado «escudo social» que, según su relato, fueron tumbadas en su momento por la derecha y la ultraderecha en el Congreso. La formación reivindica recuperar y ampliar esas medidas para que no se repita la pérdida de derechos en un contexto de inflación y alza de tipos de interés.

Respecto a la supervisión de mercados, el BNG pide que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ejerza no solo labores de vigilancia, sino también de sanción efectiva cuando detecte prácticas que encarezcan precios de manera injustificada. Rego reclamó un papel más activo de la autoridad para perseguir posibles abusos en cadenas de suministro y en el mercado energético. A su juicio, la intervención pública debe complementar las políticas fiscales y de protección social para contener la escalada de precios.

El sector primario ocupa un lugar central en las demandas planteadas por Rego, que exigió un plan específico para la agricultura, la ganadería y la pesca, actividades «altamente dependientes de los combustibles», recordó. En ese marco solicitó la paralización de la entrada en vigor del tratado UE-Mercosur, argumentando que la situación de crisis e incertidumbre internacional aconseja posponer acuerdos que puedan afectar a los productores locales. El diputado defendió ayudas directas y medidas específicas para los profesionales del mar y del campo que garanticen su viabilidad.

El BNG propone además un plan de choque para micropymes y autónomos, con apoyo financiero y medidas fiscales urgentes que permitan sostener el tejido productivo. En lo fiscal, Rego abogó por una reforma más progresiva que aumente la presión sobre las rentas más altas y refuerce las redes de protección social. Reclamó, asimismo, la suspensión de las reglas fiscales que impiden a los ayuntamientos utilizar plenamente sus superávits, y la actualización del IPREM, que dijo permanece congelado desde 2023, proponiendo que el salario mínimo interprofesional sea referencia para su revisión.

El grupo nacionalista llevará hoy sus propuestas por escrito al Gobierno con la expectativa de que algunas medidas entren de forma inmediata en el decreto que el Ejecutivo está preparando. Rego lanzó un aviso sobre la necesidad de actuar con rapidez para que las decisiones públicas mitiguen el impacto en la economía gallega y en la vida cotidiana de las familias. La iniciativa del BNG abre un nuevo frente de presión política en el Congreso, donde las medidas tendrán que negociarse y ajustarse en función de mayorías y de la capacidad presupuestaria del Estado. En todo caso, la propuesta subraya la demanda de una respuesta coordinada frente a los efectos internacionales sobre la economía local.