En los registros oficiales de la comunidad autonómica hay hoy más animales de compañía que menores de edad: por cada persona menor de 18 años sobrevuelan dos perros. La cifra del censo de razas y otras mascotas ha crecido de forma sostenida en los últimos años y sitúa a Galicia en un escenario inédito para la demografía local, con implicaciones sociales y administrativas que empiezan a notarse en los concellos y en los servicios públicos.

Registro, números y mapa de una tendencia

Los datos actualizados del Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) elevan a 833.658 el número de mascotas inscritas, de las que en torno al 90% son perros. En paralelo, la población de menores de edad en la comunidad se sitúa en torno a las 365.000, lo que deja una relación aproximada de dos canes por cada menor. No es una anécdota: se trata del cruce de dos procesos largos, el aumento de la tenencia de animales de compañía y la dura contabilidad del declive demográfico de Galicia.

La distribución territorial no es homogénea. En las ciudades con más población, como Vigo o A Coruña, los parques caninos y las playas con horarios específicos para perros han aumentado visibilidad y uso; en el rural, la presencia de mascotas cumple funciones que van más allá de compañía, desde el control de plagas hasta el cuidado de fincas. Fuentes de administración local señalan que el incremento en registros se palpa en las ventanillas municipales, donde se tramitan chapas, microchips y certificados.

El volumen total de inscripciones ha ido al alza de forma continuada. Desde el pasado agosto, la media de inscripciones mensuales supera el millar, y el acumulado arroja un incremento del 78% desde 2018, año en que entró en vigor la normativa autonómica que marcó un punto de inflexión para el control y la identificación de animales de compañía.

La ley que sacó a miles de perros del anonimato

La entrada en vigor de la Lei de benestar animal autonómica activó lo que muchos describen como un efecto lupa sobre un fenómeno que ya existía: la obligación de identificar a los perros —y más tarde, por normativa estatal, a gatos, hurones y aves— hizo aflorar miles de animales que hasta entonces no figuraban en ningún censo. La Xunta recordó hace meses que la identificación y el registro son obligatorios, una norma que ha empujado a dueños y criadores a regularizar la situación.

«Es obligatorio identificar y registrar a todos los perros sin excepción», señaló la administración autonómica en comunicaciones a los ayuntamientos.

Además del chip y la inscripción, la legislación estatal proyecta otras exigencias, como la obligación de realizar cursos para la tenencia responsable de mascotas, pero esas medidas esperan aún el desarrollo reglamentario. Mientras tanto, las herramientas digitales han ganado protagonismo: la tramitación electrónica del carné de mascota y los sistemas telemáticos para agilizar inscripciones están en expansión, lo que facilita que más animales entren en el sistema administrativo.

Un apartado que influye en el cómputo final es el de las razas catalogadas como potencialmente peligrosas. Actualmente figuran 20.606 perros en esa categoría en el registro, una cifra ligeramente inferior a los 21.641 contabilizados hace dos años. La caída apunta a una combinación de controles más estrictos, cambios en la posesión de estas razas y a la concienciación sobre los requisitos legales asociados.

Repercusiones prácticas y próximos pasos

En el terreno de las sanciones y la gestión administrativa, la normativa contempla multas y medidas cautelares que pueden llegar hasta penas de hasta 30.000 euros en los casos más graves. La Xunta ha tramitado expedientes por infracciones muy graves —uno el año pasado— y ha decretado prohibiciones de tenencia que, en ocasiones, se prolongan durante años. Ese arsenal sancionador busca proteger a los animales, pero también obliga a los servicios sociales y veterinarios a coordinar respuestas que no siempre son sencillas.

Los ayuntamientos se enfrentan a retos operativos: control del cumplimiento, gestión de colonias felinas, mantenimiento de parques caninos y programas de adopción que eviten la saturación de residencias y protectoras. En municipios pequeños la coexistencia de una población envejecida y un parque de mascotas cada vez mayor plantea preguntas sobre servicios sociosanitarios y sobre la forma en que se articula la solidaridad intergeneracional.

La presencia masiva de mascotas también tiene un impacto económico. Más animales implican más gasto en atención veterinaria, esterilizaciones, alimentación y accesorios; las empresas del sector han apreciado un auge en los últimos años. Al mismo tiempo, el debate público se traslada a la esfera de la educación: quienes trabajan en bienestar animal subrayan la necesidad de combinar identificación con formación a propietarios para reducir abandonos y malos tratos.

Mirando al futuro inmediato, quedan por desarrollarse aspectos del marco estatal, como los citados cursos obligatorios, y se espera que las administraciones autonómicas y locales den pasos en la comunicación y la simplificación administrativa. Mejorar la trazabilidad y facilitar la convivencia urbana sin renunciar al bienestar animal son objetivos complementarios pero no siempre fáciles de conciliar.

La fotografía global que dejan los números —dos perros por cada menor— es a la vez icono y síntoma. Refleja la transformación de hábitos, la soledad en hogares cada vez más envejecidos, la elección de las mascotas como compañía y el éxito de políticas de identificación. Pero también pone de relieve la otra cara: una comunidad que pierde población joven y en la que las políticas de conciliación, natalidad y empleo tendrán que competir por recursos con las crecientes demandas vinculadas a los animales de compañía.

En calles y parques, en registros y en veterinarios, la convivencia entre humanos y animales entra en una nueva etapa en Galicia. El reto para las autoridades será traducir esos números en políticas que garanticen el bienestar de las mascotas sin perder de vista las urgencias demográficas y sociales que están detrás de la evolución del censo.