La empresa adjudicataria de la reforma de la Avenida de Portugal, en el barrio de O Couto de Ourense, anunció el 9 de marzo la suspensión temporal de los trabajos por el impago de las facturas correspondientes a noviembre, diciembre y enero, dejando la principal arteria convertida en una zanja de casi kilómetro y medio. La paralización, publicada en un anuncio en La Región, afecta a una obra cuyo aspecto recuerda, en palabras del columnista, a una trinchera urbana y ha encendido las críticas contra el gobierno municipal. El conflicto administrativo y financiero plantea dudas sobre la gestión local y obliga a vecinos y comerciantes a convivir con una vía intransitable hasta que se regularice el pago.

En su columna, Xaime Calviño describe la avenida con términos bélicos y sucios, subrayando el contraste entre la ausencia de riesgos bélicos en Ourense y la sensación de desorden que generan las obras detenidas. La advertencia publicada por la empresa acusa expresamente al Concello de no haber afrontado las liquidaciones de final de año, lo que ha llevado a la firma a interrumpir unas labores que, según los afectados, se prolongan sin fecha de reanudación. El texto recoge la frustración de residentes que ven cómo la intervención, destinada a modernizar el viario, se ha trocado en un problema cotidiano.

El impacto sobre la vida diaria es palpable: según la información difundida, cerca de 9.000 vecinos residen en las zonas que confluyen con la Avenida de Portugal, alrededor de 70 establecimientos comerciales sufren las consecuencias del deterioro del acceso y unos 2.600 conductores utilizan la vía con regularidad, según cálculos locales. Comerciantes y usuarios denuncian pérdidas de clientela, dificultades de carga y descarga, y una imagen de abandono que, a su juicio, disuade el tránsito por la calle. Para muchos, la suspensión de la obra no solo es un trastorno logístico sino una afrenta económica en pleno pulso comercial.

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El anuncio de la adjudicataria, que atribuye la paralización a la falta de pago de facturas de los últimos tres meses, ha reabierto el debate sobre la gestión financiera del Concello. En la columna se alude además a la posibilidad de que fondos europeos o subvenciones vinculadas a la reforma se hayan visto comprometidos por la demora administrativa, lo que complicaría una solución rápida. Desde el Ayuntamiento no se han detallado pasos concretos para resolver la situación en el breve plazo; el bloqueo deja en el aire la restauración de los plazos iniciales de ejecución.

La mirada política aparece inevitablemente en un barrio tan poblado y con actividad comercial como O Couto. El autor plantea preguntas directas sobre el posible efecto en la intención de voto de los miles de vecinos perjudicados y en la confianza hacia la administración local, encabezada por el equipo de Gonzalo Pérez Jácome. Para los críticos, la imagen de una avenida partida y sucia es un síntoma de mayor calado: una administración que autoriza obras sin asegurar la continuidad del pago puede acabar generando costes mayores y malestar social. Los concejales del grupo municipal afectado, por su parte, defienden que se trabaja en buscar soluciones financieras, aunque aún no han difundido un calendario de intervención.

La puesta en suspenso de estos trabajos también abre interrogantes sobre la contratación pública y la relación entre el Concello y las empresas adjudicatarias. Abogados y expertos en administración consultados en otros contextos recuerdan que el impago prolongado puede dar lugar a penalizaciones, a la resolución de contratos o incluso a reclamaciones judiciales que alargarían más la parálisis. En Ourense, la paralización de una obra tan visible aumenta la presión mediática y política, y los plazos administrativos pueden condicionar la rapidez con la que vuelvan las máquinas a la avenida.

Vecinos y comerciantes coinciden en reclamar una solución pragmática que priorice la reinstauración del servicio y la seguridad vial, así como medidas de compensación por los daños económicos sufridos. Algunos colectivos vecinales y asociaciones de comerciantes han anunciado movilizaciones y reuniones para exigir al Concello explicaciones y un plan de actuación claro. Mientras tanto, peatones y conductores sortean barrizales y pasos provisionales, y la avenida conserva la imagen de obra a medias que ha despertado la indignación de la opinión pública local.

La situación en la Avenida de Portugal se convierte así en un termómetro de la gestión municipal y en un desafío para las próximas semanas: reanudar los pagos y desbloquear la obra pasa por decisiones presupuestarias y por la voluntad política de priorizar una vía esencial para el barrio. Hasta que no se produzca esa solución, el tramo seguirá siendo, en la expresión popular citada por el columnista, una trinchera urbana que obliga a vecinos, comerciantes y autoridades a acordar una salida negociada y urgente.