La reforma de la avenida de Portugal en Ourense permanece paralizada desde hace semanas por la presunta insolvencia de la empresa adjudicataria y por pagos atrasados del Concello. La paralización afecta a una actuación que, según fuentes locales, deja casi 1,5 kilómetros de vía a medio ejecutar y pone en riesgo ayudas comunitarias. La información, publicada el 17 de marzo de 2026 por La Región y firmada en opinión por Xaime Calviño, señala que la obra ha quedado prácticamente sin maquinaria ni operarios.

El conflicto se ha agravado porque el gobierno municipal habría informado al Ministerio de que la obra estaría terminada en dos meses, cuando en realidad falta la mayor parte del trabajo. Esa declaración, de confirmarse, podría provocar la pérdida de hasta el 25% de la financiación procedente de fondos europeos que se destinan al proyecto.

En el territorio afectado residen unas 8.000 personas y hay en torno a setenta comercios que han visto interrumpida la actividad normal por las condiciones de la obra. Vecinos y comerciantes han anunciado movilizaciones si no se desbloquea la situación, y el conflicto ya ha encendido el debate político sobre responsabilidades administrativas y supervisión de las ayudas.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Origen del conflicto y estado de las obras

El proyecto de reforma de la avenida de Portugal se lanzó con el objetivo de modernizar una de las arterias principales de la ciudad y mejorar movilidad y accesos comerciales. Las obras comenzaron con plazos y partidas presupuestarias aprobadas, pero el avance se ha frenado por problemas económicos en la empresa adjudicataria.

Fuentes municipales consultadas por este periódico reconocen retrasos en los pagos por parte del Concello, mientras que representantes de la empresa alegan dificultades de caja que impiden mantener la plantilla y la maquinaria en la obra. La falta de actividad sobre el terreno ha convertido el tramo en un espacio polvoriento y con señalización parcial, según vecinos.

«El Concello señaló en su último informe que la obra quedaría finalizada en 60 días»,

Ese informe, al que alude la crónica original, es ahora objeto de escrutinio porque el grado real de ejecución sería sustancialmente inferior al declarado. Técnicos municipales y autoridades autonómicas podrían solicitar aclaraciones formales al Ministerio para justificar el grado de avance y el destino de las subvenciones.

Reacciones vecinales y posibles movilizaciones

Vecinos y comerciantes han mostrado su indignación por el prolongado impacto en la actividad comercial y la calidad de vida. La agrupación de afectados prepara protestas que, según fuentes locales, podrían celebrarse el próximo lunes si no hay avances visibles en la reapertura de la obra.

La amenaza de manifestaciones añade presión sobre el equipo de gobierno municipal, encabezado por Gonzalo Pérez Jácome, cuyas decisiones en materia de contratación y seguimiento de proyectos públicos están ahora bajo escrutinio. En su columna, el autor llegó a plantear de forma irónica si la gestión municipal se parece más a la de una parodia que a la de un Ayuntamiento serio.

«¿Es Jácome quien gobierna Ourense o es Torrente presidente?»

Desde el Concello no se ha emitido aún un comunicado detallado que aclare los plazos reales de finalización, las causas concretas de la insolvencia empresarial o las medidas que se tomarán para evitar la pérdida de la financiación europea. Tampoco se han facilitado cifras oficiales sobre las partidas pendientes de pago a la adjudicataria.

En el plano administrativo, la posibilidad de perder parte de la subvención comunitaria obligaría a una revisión del expediente y podría exigir la adopción de medidas urgentes, como la apertura de un procedimiento para rescindir contrato, la licitación de terminación de obra o la negociación con la Unión Europea para justificar demoras.

Mientras tanto, residentes y comerciantes esperan una respuesta rápida que permita retomar los trabajos y minimizar el perjuicio económico y social. La situación en la avenida de Portugal se ha convertido en un asunto local de primer orden que exige claridades sobre responsabilidades, plazos y la salvaguarda de los fondos públicos.