La comisión judicial entregó este jueves 12 de marzo de 2026 a las 9:30 las llaves del monasterio de Santa María la Bretonera de Belorado, en Burgos, después de ejecutar la sentencia de desahucio que enfrentaba a un grupo de religiosas y al Arzobispado. El acto se produjo en presencia de dotaciones de la Guardia Civil y de vehículos del Juzgado de Briviesca, y culminó con la entrega del recinto a los delegados del comisario pontificio tras una inspección de varias horas. Las monjas que recurrieron el desahucio mantienen un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que, según sus defensores, deja la situación en suspenso. La entrega de llaves llega además marcada por denuncias de faltas de bienes y archivos en el interior del convento.
En la mañana del desalojo acudieron también tres religiosas pertenecientes a la Federación de Aránzazu, que representaron a las Clarisas del Norte de España, y recibieron el monasterio junto a los representantes del comisario pontificio, entre ellos Monseñor Mario Iceta. Fuentes judiciales describieron la entrega de un pequeño cajón con las llaves y una inspección que se prolongó más de tres horas para levantar acta del estado de las instalaciones. Tras la comprobación, la autoridad judicial procedió a oficiar la entrega formal del edificio a los delegados nombrados por la Santa Sede. Las operaciones incluyeron asimismo el cambio de cerraduras para garantizar la seguridad del inmueble.
El abogado de las religiosas que promovieron la resistencia frente al Arzobispado, Florentino Aláez, calificó el lanzamiento de provisional y recordó que existe un recurso de casación pendiente en el Tribunal Supremo. Aláez defendió que, mientras el Alto Tribunal no se pronuncie, la sentencia no alcanzará firmeza y confió en que eventualmente la titularidad del monasterio pueda ser restituida a las monjas que lo ocupaban. A preguntas de los periodistas, mantuvo la expectativa de que, con el tiempo, las religiosas puedan regresar al convento si prosperan sus recursos. La defensa sostiene que la vía judicial aún puede alterar el desenlace material del desahucio.
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Conoce más →Por su parte, el letrado que acudió en representación de la Federación de Clarisas, Gerardo Sanz-Rubert, junto a la religiosa identificada como sor Amparo, informó de la redacción de un acta en la que se documentaron ausencias en el inmueble. Según su relato, en la inspección constataron la falta de muebles, documentación, parte del archivo del monasterio e incluso retablos de la iglesia, elementos que consideraron parte del patrimonio del convento. Sanz-Rubert añadió que los objetos de mayor valor habrían sido retirados en una intervención anterior, por lo que la diligencia de este jueves se orientó a dejar constancia del paradero y la situación material del recinto. La denuncia sobre la desaparición de piezas es ahora parte de las diligencias que acompañan al conflicto jurídico.
La comisión judicial decidió el cambio de cerraduras como medida preventiva para proteger el patrimonio que queda en el inmueble y evitar accesos no autorizados hasta que se aclare la situación legal. Sanz-Rubert explicó que esa actuación obedeció a razones de seguridad, y que la nueva custodia corre a cargo de los delegados del comisario pontificio con el objetivo de preservar lo que permanece. Fuentes presentes en la inspección detallaron que el inventario levantado será incorporado a las actuaciones judiciales y podrá servir en posibles reclamaciones posteriores. Las autoridades han subrayado la necesidad de evitar nuevos movimientos que puedan agravar la pérdida de bienes.
El desahucio de Belorado no es el único frente abierto en este largo conflicto: la defensa de las monjas mantuvo asimismo un lanzamiento por precario en Orduña que actualmente está suspendido a la espera de una resolución de la Audiencia Provincial de Bilbao. En paralelo existe un procedimiento relacionado con Derio que, según las fuentes consultadas, no ha registrado actuaciones recientes, y varias diligencias previas siguen tramitándose en distintos juzgados por causas derivadas del mismo enfrentamiento. Ese conjunto de procedimientos pondrá a prueba la interpretación sobre la titularidad y la gestión de bienes eclesiásticos vinculados a comunidades religiosas disidentes.
El conflicto se remonta a la ruptura entre un grupo de clarisas que formaban parte de la Federación de Aránzazu y el Arzobispado, que reclamó la gestión y la titularidad de varios conventos. Algunas de las religiosas afectadas se trasladaron a otros conventos, como el de Orduña, donde han denunciado dificultades económicas y residenciales tras la serie de actuaciones judiciales y administrativas. La polémica, que combina aspectos civiles, patrimoniales y eclesiásticos, ha generado además debates sobre la conservación del patrimonio religioso y la custodia documental de comunidades clausuradas.
Con la entrega material del monasterio y las cerraduras cambiadas, la pelota queda ahora en el tejado del Tribunal Supremo y de las distintas instancias provinciales que deben resolver los recursos pendientes. Hasta que esos órganos se pronuncien, el futuro inmediato del inmueble, su archivo y los enseres que quedan seguirá bajo tutela de la comisión designada por el comisario pontificio, mientras las partes preparan las pruebas y la argumentación jurídica que aspiran a sustentar sus reclamaciones. La resolución definitiva será determinante para saber si las religiosas podrán volver a ocupar el convento o si la titularidad y la gestión quedan en manos eclesiásticas externas a la comunidad original.
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