El grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) remitió el pasado 16 de marzo de 2026 al Gobierno una batería de medidas para «reforzar el escudo social» ante las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Las propuestas, dirigidas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, buscan contener el impacto de la subida de precios energéticos y proteger a los hogares más vulnerables. El documento plantea reformas fiscales, controles de precios y medidas directas sobre la vivienda. La iniciativa llega en un contexto de tensión internacional por el bloqueo del estrecho de Ormuz, ruta clave para el petróleo mundial.
En el texto, ERC propone una reforma del IRPF que incluye una rebaja para las rentas bajas y un incremento de la tributación para las rentas laborales más altas. Concretamente, los republicanos sugieren elevar los tipos a partir de los 300.000 euros anuales, mientras que no detallan el umbral exacto ni la estructura de la rebaja para los niveles inferiores. El documento no incorpora una memoria económica que cuantifique el impacto de estas medidas sobre las arcas públicas.
Ante la escalada del precio de la energía, los republicanos piden la creación de un «impuesto especial» para las empresas energéticas que registren aumentos de beneficios vinculados a la inflación de precios. Además, reclaman aplicar un IVA reducido del 10% al gasóleo profesional en usos agrarios, ganaderos, forestales y en todas las actividades profesionales que dependan del combustible. Estas propuestas buscan mitigar los costes directos sobre sectores productivos y consumidores.
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Conoce más →Medidas para vivienda y control de precios
El documento dedica un bloque importante a la vivienda y al control de precios. Entre las medidas figuran la limitación temporal de la subida del Índice de Referencia de los Arrendamientos de Vivienda (IRAV) al 0% mientras permanezca el episodio de alta inflación. ERC también solicita la recuperación de bonificaciones en el transporte público para 2026 como parte de la estrategia de alivio a los hogares.
En materia de arrendamientos, la formación plantea una «prórroga extraordinaria» de hasta dos años para todos los contratos de alquiler que finalicen durante 2026 y 2027. Para las personas en situación de vulnerabilidad, el escrito reclama la suspensión permanente de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional. Estas demandas responden a la preocupación por la capacidad de pago de familias con menor margen financiero ante subidas de precios.
«Reforzar el escudo social para proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables»
Los republicanos incluyen además medidas para el control de márgenes empresariales y la protección de la actividad económica. Plantean mecanismos de supervisión de precios para evitar abusos durante la crisis y garantizar que los incrementos no erosionen la demanda interna ni la competitividad del tejido productivo.
Coalición política y contexto internacional
La propuesta de ERC se ha formulado en una declaración conjunta con EH Bildu y el BNG, en la que instan también a fijar un salario mínimo propio para sus respectivos territorios. La iniciativa pretende dar una respuesta coordinada desde la izquierda independentista y nacionalista a los efectos sociales de la crisis energética y geopolítica.
El telón de fondo de estas demandas es la decisión de Estados Unidos e Israel de actuar militarmente contra Irán, una escalada que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde discurre alrededor del 20% del crudo mundial. Ese cierre parcial de rutas y la tensión bélica han encarecido ya la energía y los combustibles, con repercusiones directas en la inflación y el coste de la vida.
«Es un extraordinario error que vamos a pagar»
La propuesta carece, en su redacción pública, de estudios de impacto presupuestario que permitan evaluar su viabilidad inmediata. Esa ausencia puede ser un obstáculo en la negociación con el Ejecutivo, que deberá valorar la financiación de rebajas fiscales y la aplicación de tributos extraordinarios a sectores concretos. Fuentes internas recuerdan que cualquier cambio en el IRPF y en la fiscalidad energética exige calibrar riesgos sobre la recaudación y la inversión.
Desde ERC, su envío al Gobierno se interpreta como una presión política para que el Ejecutivo central adopte medidas de mayor calado social y no traslade todo el coste de la crisis a las familias y pequeñas empresas. El debate abierto ahora enfrenta propuestas de corte redistributivo con la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica en un escenario internacional incierto.
En los próximos días, la respuesta del Gobierno marcará si estas demandas se incorporan a un paquete de choque de carácter ejecutivo o si deberán negociarse en el marco de los Presupuestos o de nuevas iniciativas legislativas. Mientras tanto, la ciudadanía y los sectores más expuestos esperan medidas concretas que atenúen el impacto de la guerra en los precios y el riesgo de exclusión habitacional.
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