La industrial madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha firmado este martes en Madrid una serie de memorandos de entendimiento con nueve empresas españolas —Aicox, Alpe, Arquimea, Dicor, GMV, Nabla, Piedrafita, UMEC y Veiru— para impulsar el desarrollo de los nuevos sistemas de artillería autopropulsada (ATP) del Ejército de Tierra. El acuerdo busca articular una base tecnológica y productiva íntegramente nacional que reduzca la dependencia exterior y permita mantener el control del conocimiento crítico en España. La iniciativa llega en un momento de tensión jurídica, tras el recurso interpuesto por Santa Bárbara ante el Tribunal Supremo.

Los acuerdos, según informaron las partes, son memorandos de colaboración destinados a integrar capacidades de diseño, electrónica, comunicaciones y fabricación en un único programa industrial. La compañía líder ha destacado que se trata de alianzas estratégicas orientadas a acelerar la ingeniería de sistemas, las pruebas de integración y la cadena de suministro industrial necesaria para producir las unidades. Fuentes del sector consultadas subrayan que este tipo de pactos facilitan la especialización territorial y la participación de pymes tecnológicas en programas de defensa de gran escala.

El contrato global de los programas de artillería adjudicado por el Gobierno alcanza los 7.240 millones de euros, y la UTE formada por Indra y EM&E es la beneficiaria de esa asignación. Además, el Ministerio de Defensa concedió a la adjudicataria un crédito en condiciones ventajosas, al 0% de interés, por importe de hasta 3.000 millones para facilitar la puesta en marcha de los programas de cadenas y ruedas. Las empresas señalan que esas condiciones financieras son clave para abordar inversiones iniciales en capacidad industrial y series de producción.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

EM&E se encuentra, explican sus responsables, en un proceso de integración industrial con Indra, la multinacional que lidera Ángel Escribano, hermano del presidente de EM&E. Ese movimiento, insisten en la compañía, pretende sumar recursos y experiencias complementarias para gestionar un programa de la envergadura del ATP, desde la ingeniería de sistemas hasta la logística de mantenimientos. La operación ha suscitado expectativas en los proveedores españoles por la posibilidad de activar nueva carga de trabajo y contratos de suministro.

En paralelo al despliegue industrial, Santa Bárbara Sistemas, filial en España de General Dynamics, interpuso en enero un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la adjudicación. La firma pidió medidas para limitar el acceso a determinados escritos y documentos por parte de otras empresas personadas en el procedimiento, petición que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechazó la semana pasada mediante auto. El fallo permite que Indra y EM&E continúen con acceso a la documentación relevante del proceso mientras se sustancia el recurso.

Para el presidente de EM&E, Javier Escribano, la suma de esfuerzos entre estas compañías convierte el programa en “un proyecto de país”, en palabras de la propia empresa, ya que promueve la retención del conocimiento y la capacidad industrial en territorio español. La dirección de la compañía insiste en que mantener las cadenas de valor dentro del país reforzará la soberanía tecnológica de las Fuerzas Armadas y garantizará una mayor autonomía operativa en escenarios de contingencia.

Más allá del argumento estratégico, los acuerdos buscan también distribuir actividad por distintas regiones para fortalecer el tejido industrial y la cohesión territorial, según explican responsables de EM&E. La colaboración intentará coordinar centros de I+D, fábricas y proveedores cualificados que aporten subsistemas y ensamblajes, así como capacidades de software y simulación necesarias para la plataforma ATP. Los impulsores del proyecto sostienen que esa arquitectura industrial contribuirá a la creación de empleo cualificado y al encadenamiento de suministros a nivel nacional.

Los próximos meses serán claves para traducir los memorandos en contratos concretos de ingeniería, prototipado y producción en serie, y para que la justicia resuelva el recurso planteado por Santa Bárbara. Mientras tanto, el consorcio liderado por Indra y EM&E avanza en la coordinación técnica y en la preparación de los pliegos de trabajo que marcarán el calendario de entregas y pruebas. El resultado de este proceso determinará no solo el calendario del programa ATP, sino también el alcance de la industria española en materia de defensa en las próximas décadas.