La empresa madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) firmó este martes en Madrid acuerdos de colaboración con nueve firmas tecnológicas e industriales españolas para impulsar el desarrollo de los nuevos sistemas de artillería autopropulsada (ATP) del Ejército de Tierra. El movimiento se produce en el marco del contrato adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y EM&E, y persigue mantener el diseño y la producción en territorio nacional. La iniciativa responde, según sus promotores, a la necesidad de reducir la dependencia exterior y asegurar capacidad operativa propia para las Fuerzas Armadas.

Las compañías que se han sumado a los memorandos de entendimiento son Aicox, Alpe, Arquimea, Dicor, GMV, Nabla, Piedrafita, UMEC y Veiru, cuyos responsables firmaron los acuerdos con EM&E para integrar capacidades de ingeniería, electrónica, sistemas y fabricación. Los documentos no implican necesariamente adjudicaciones de obra inmediata, pero establecen marcos de colaboración para compartir conocimiento técnico y procesos de industrialización del programa. Fuentes del sector describen la coalición como una apuesta por una cadena de suministro plenamente española.

El contrato principal al que están asociadas estas colaboraciones tiene un importe de 7.240 millones de euros y fue adjudicado por el Gobierno a la UTE liderada por Indra y la compañía de Javier Escribano. El Ministerio de Defensa también concedió a la UTE un préstamo sin intereses de hasta 3.000 millones para facilitar la puesta en marcha de los dos grandes programas de artillería sobre cadenas y sobre ruedas. Ambas cifras, subrayan las fuentes oficiales, explican el elevado interés industrial y estratégico que ha provocado controversia en el sector.

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La adjudicación fue recurrida por Santa Bárbara Sistemas, filial española de la multinacional General Dynamics, que presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo el pasado enero. La semana pasada la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó una petición de Santa Bárbara destinada a limitar el acceso a determinados escritos y documentos por parte de las empresas codemandadas, entre ellas Indra y EM&E, lo que permite que el proceso administrativo y la ejecución del contrato sigan su curso mientras se resuelve el litigio.

Javier Escribano, presidente de EM&E, defendió en el acto que la alianza de compañías nacionales garantizará que «el conocimiento técnico y la capacidad de fabricación» permanezcan en España y contribuirá a la autonomía estratégica de las Fuerzas Armadas. En su intervención, Escribano subrayó la intención de coordinar capacidades repartidas por distintas comunidades para evitar la fragmentación del proyecto y maximizar la eficiencia industrial. La compañía espera que esa coordinación también favorezca la generación de empleo cualificado y el fortalecimiento del tejido manufacturero.

La composición del consorcio pone en juego empresas con experiencia en distintos ámbitos tecnológicos: desde electrónica y control de sistemas hasta procesos de mecanizado y software de defensa. Según analistas consultados, la integración de estas capacidades facilitará el diseño de plataformas complejas como los ATP, cuya entrega y puesta a punto requieren coordinación entre suministradores de sistemas de tiro, comunicaciones, propulsión y cadena logística. A su vez, el proyecto pretende fomentar una mayor dispersión territorial de la industrialización, con trabajos repartidos por varias provincias.

El anuncio ha reavivado el debate sobre la política de compras públicas y el papel de las empresas de capital extranjero frente a los consorcios nacionales. Los defensores de la adjudicación arguyen que la prioridad es preservar la soberanía tecnológica y la capacidad de mantenimiento a largo plazo, mientras que los opositores, encabezados por Santa Bárbara, sostienen dudas sobre la concurrencia y la evaluación técnica que llevaron a la decisión administrativa. El litigio en el Supremo sigue abierto y cualquier resolución podría modificar plazos y condiciones del programa.

En las próximas semanas, los socios deberán concretar calendarios de trabajo, distribución de responsabilidades y niveles de participación industrial en las distintas fases del programa, desde los prototipos hasta la fabricación en serie. En la industria se observa expectación por la posible repercusión en la cadena de suministro y en la actividad de proveedores regionales, un factor que los promotores del proyecto presentan como un beneficio añadido para la cohesión territorial. Mientras tanto, el desarrollo técnico y la situación judicial marcarán el ritmo de un programa que, por su magnitud, condicionará la agenda industrial de defensa en España durante años.