El Gobierno español ha anunciado este martes el envío de un primer paquete de ayuda humanitaria a Líbano por un importe de 9 millones de euros y ha reclamado públicamente a Israel el cese de sus ofensivas, mientras continúa la evacuación de ciudadanos españoles de la región. La decisión fue detallada tras el Consejo de Ministros en Madrid, en un contexto de agravamiento de la crisis humanitaria por los ataques que han provocado un aumento de refugiados y desplazados internos en el país vecino.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, condenó a la vez los lanzamientos de cohetes atribuidos a Hezbolá y los «ataques masivos» de las fuerzas israelíes contra el territorio libanés, y reclamó un alto el fuego que respete el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. En la rueda de prensa posterior al Ejecutivo, Albares advirtió de que una invasión terrestre sería «un profundo error» que exacerb aría una situación ya de por sí frágil para la estabilidad regional.

El paquete que el Gobierno califica como «inicial e inmediato» pretende atender las necesidades más urgentes derivadas del éxodo de civiles: asistencia sanitaria, suministros básicos y apoyo a la población desplazada, según explicaron fuentes del Ejecutivo. El Gobierno sostiene que la ayuda se coordinará con organismos internacionales y organizaciones humanitarias sobre el terreno para optimizar su entrega y evitar duplicidades.

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Además de la asistencia material, el Ejecutivo informó del avance del plan de evacuación de ciudadanos españoles en Oriente Medio: hasta el momento han sido repatriadas 5.685 personas, y se espera que la cifra alcance los 6.000 con tres vuelos en marcha desde Emiratos Árabes Unidos y otros dos procedentes de Catar, que suman algo más de 300 pasajeros. El operativo, dijeron, sigue activo para facilitar la salida de quienes lo necesiten en las próximas horas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró la postura oficial bajo el lema «no a la guerra» y defendió que España no actúa de forma aislada, sino que otros países se han ido sumando a la exigencia de un alto el fuego y a las iniciativas humanitarias. Saiz insistió en la necesidad de proteger a la población civil y en la obligación de las partes de respetar las normas del derecho internacional humanitario.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó que el Ejecutivo monitoriza también el impacto de la crisis en el ámbito energético y que cuenta con un «plan de respuesta integral» para adoptar medidas tanto puntuales como estructurales si fuera necesario. Aagesen subrayó que la prioridad ahora es garantizar suministros básicos y la estabilidad de los mercados energéticos frente a posibles perturbaciones.

El Gobierno español ha puesto además el acento en el significado estratégico de Líbano para la estabilidad en Oriente Medio y en el Mediterráneo, recordando que el país todavía arrastra las consecuencias de la ofensiva militar de octubre de 2024 y una profunda crisis económica iniciada en 2019. Las autoridades alertan de que cualquier escalada podría tener efectos colaterales sobre la seguridad regional y las rutas de migración hacia Europa.

En su intervención, Albares aseguró que España mantendrá abiertas las vías diplomáticas y humanitarias y que el Ejecutivo está preparado para ampliar la asistencia si la situación empeora. Mientras tanto, el dispositivo de repatriación continuará coordinándose con embajadas y compañías aéreas para asegurar el regreso de quienes lo soliciten y minimizar el riesgo para los ciudadanos en la zona.