El Ayuntamiento de Vigo ha fijado un régimen sancionador para los vehículos de movilidad personal que puede llegar hasta los 500 euros, según la ordenanza municipal publicada recientemente y aplicada desde marzo de 2026. La medida pretende regular el uso de patinetes en la ciudad y reforzar la seguridad vial tras el crecimiento del número de usuarios. El régimen clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, con sanciones proporcionales a la gravedad de cada conducta. La iniciativa responde tanto a denuncias de peatones como a la detección de prácticas riesgosas por parte de los cuerpos de seguridad.

La normativa establece rangos económicos concretos para cada categoría de infracción: las leves pueden sancionarse con hasta 100 euros, las graves con multas entre 101 y 200 euros y las muy graves alcanzan los importes más altos, hasta el citado máximo de 500 euros. El objetivo es crear un marco claro que permita a la Policía Local imponer sanciones homogéneas y disuasorias. La ordenanza también enumera conductas específicas que encajan en cada bloque, para facilitar su aplicación práctica. Estas cuantías pretenden responder a la variedad de comportamientos que pueden comprometer la seguridad de peatones y otros usuarios de la vía.

Entre las faltas consideradas leves se recogen acciones como no guardar la distancia mínima de seguridad, estacionar en aceras o en pasos peatonales y aparcar fuera de los espacios habilitados cuando hay plazas libres a menos de 50 metros. También se sanciona la sujeción del patinete en lugares donde expresamente está prohibido, una conducta que genera molestias y riesgos para los peatones. Aunque son faltas de menor entidad, la repetición de estas conductas puede agravar la sanción. El Ayuntamiento subraya la necesidad de civismo en el uso de estos vehículos para convivir con el resto de la ciudad.

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Las infracciones catalogadas como graves incluyen un amplio abanico de comportamientos: superar límites de velocidad que no alcancen la consideración de muy grave, conducir sin cumplir la edad mínima establecida, transportar pasajeros en un vehículo diseñado para uso individual o circular con un sistema de frenado inadecuado. También se contempla el uso de auriculares, el empleo del teléfono móvil mientras se conduce o la falta de timbre y luces cuando son exigibles. Aparcar de forma que se obstaculice gravemente el tránsito de peatones o de otros vehículos se incluye igualmente en este capítulo. Estas conductas suponen un riesgo más acusado y, por tanto, reciben sanciones superiores.

Como delitos muy graves la ordenanza recoge acciones que comprometen la integridad física de terceros, como superar en más de un 50% la velocidad máxima permitida, conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas o llevar a cabo maniobras temerarias que pongan en peligro a otros usuarios. La normativa también señala que se considera muy grave el uso de aparatos que no se ajusten a la definición de VMP o queden fuera de la normativa europea aplicable, lo que suele ocurrir con los patinetes trucados. Estas conductas pueden conllevar además la inmovilización o retirada del vehículo, según determine la intervención policial.

La Policía Local ha intensificado los controles en la vía pública y ha incorporado un velocímetro para detectar patinetes modificados cuyo rendimiento supera los límites legales. La herramienta se utiliza en controles puntuales para identificar dispositivos trucados y retirarlos de la circulación, en una campaña que combina prevención y sanción. Fuentes municipales señalan que la medida persigue reducir accidentes y asegurar que los VMP cumplan las condiciones técnicas exigidas por la normativa. Además de los controles de velocidad, los agentes inspeccionan el cumplimiento de casco, elementos reflectantes y condiciones generales de seguridad.

La regulación llega en un contexto de proliferación de VMP en las calles de Vigo y otras ciudades españolas, donde la convivencia entre peatones, ciclistas y usuarios de patinetes plantea desafíos diarios. El Ayuntamiento defiende que la ordenanza busca conciliar movilidad sostenible e seguridad, aunque asociaciones de usuarios y comerciantes han pedido campañas informativas y más espacios adecuados para estacionamiento. La aplicación estricta de las sanciones se plantea, por tanto, como medida correctora pero también como llamada a una mayor educación vial. Los responsables municipales recuerdan que la normativa es flexible y permite la tramitación de alegaciones cuando proceda.

Para resolver dudas sobre las nuevas obligaciones y las sanciones, el Consistorio pone a disposición de los ciudadanos la información en sus canales oficiales y anima a la colaboración ciudadana para detectar patinetes peligrosos o estacionamientos indebidos. El control reforzado por la Policía Local, junto a la catalogación clara de faltas y sanciones, pretende reducir incidentes y mejorar la convivencia en el espacio público. Firma: Borja Melchor, Vigo, 11 de marzo de 2026.