Un trabajador ha perdido la vida este lunes al caer desde varios metros de altura mientras realizaba labores de mantenimiento en la cubierta del IES Agra del Orzán, situado en la Rúa Alcalde Liaño Flores, en el barrio que da nombre al centro. El aviso llegó cerca de las 18.00 horas al 112 Galicia; pocos minutos después el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del operario, que trabajaba como autónomo para tareas puntuales de limpieza de canalones.

El suceso y la intervención de los servicios de emergencia

Según las primeras comprobaciones efectuadas en el lugar por la Policía Nacional y las autoridades de emergencias, el hombre cayó al exterior de un patio cubierto mientras realizaba la limpieza de los desagües. Al recibir el aviso, movilizaron a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y al 112 Galicia, que coordinó el operativo hasta la llegada de los agentes. Los servicios de emergencias no pudieron hacer más que certificar el fallecimiento en el lugar.

La investigación inicial, remitida por la Policía Nacional al Juzgado, trata ya el suceso como un accidente laboral. Desde la Consellería de Educación, Ciencia, FP e Universidades se ha precisado que no se detectó “fallo estructural” en las instalaciones y que el trabajador salió al exterior sin utilizar las medidas de seguridad previstas para ese tipo de labores. Tras el incidente, una empresa contratada por la Consellería ejecutó una solución provisional para “cubrir el hueco provocado por la caída” y aseguró que el edificio está en buen estado de conservación y puede seguir usándose con seguridad.

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El conselleiro Román Rodríguez se trasladó hasta el centro educativo para interesarse por lo ocurrido y trasladar su pésame a la familia y a la comunidad educativa. La presencia de la autoridad autonómica confirma la preocupación institucional, aunque la responsabilidad concreta —administrativa o penal— quedará determinada por las diligencias abiertas y las posibles inspecciones que se realicen a continuación.

Contratación, prevención y responsabilidades

En Galicia, como en el resto del Estado, muchas pequeñas intervenciones de mantenimiento en colegios e institutos se encomiendan a operarios externos o a trabajadores autónomos. En este caso, fuentes del Gobierno autonómico subrayan que no se trataba de una obra promovida por la Consellería, una precisión que abre la discusión sobre quién asume la responsabilidad última en materia de prevención de riesgos laborales cuando la intervención es puntual o recae en un profesional por cuenta propia.

La normativa sobre prevención exige que cualquier trabajo en altura se ejecute con equipos de protección —arneses, sistemas de anclaje, barandillas temporales— y con procedimientos que eviten salidas sin protección a zonas expuestas. A falta de la investigación, el hecho de que el operario saliese al exterior “sin hacer uso de las medidas de seguridad”, tal y como ha señalado la Consellería, apunta a un fallo en la aplicación práctica de esos protocolos, ya sea por decisión del trabajador, por deficiencias en la señalización o por ausencia de supervisión adecuada.

La apertura de un atestado y su remisión al Juzgado son pasos habituales en sucesos de esta naturaleza. Además de la vía penal, suele actuar la Inspección de Trabajo para determinar si se han incumplido las obligaciones en materia preventiva y si correspondía a la administración educativa garantizar medidas adicionales cuando se contrata a terceros. No es la primera vez que un accidente de trabajo provoca en Galicia un examen sobre la precariedad y la fragmentación de responsabilidades en contratos menores de mantenimiento.

Repercusiones en la comunidad educativa y próximos pasos

El suceso ha causado consternación entre el profesorado y las familias del barrio de Agra del Orzán, un núcleo urbano con larga tradición escolar y numerosos centros que, por antigüedad, requieren labores periódicas de mantenimiento. A falta de decisiones formales sobre el cierre o la reubicación de actividades, la Consellería ha manifestado que las instalaciones permanecen en condiciones seguras tras la intervención provisional, si bien la tensión entre la comunicación oficial y la percepción de la comunidad puede perdurar durante días.

En los próximos días está previsto que la investigación judicial aclare las circunstancias exactas de la caída y que la Inspección de Trabajo determine si hubo incumplimientos normativos. Dependiendo de esas conclusiones, pueden derivarse sanciones administrativas y recomendaciones para cambiar los procedimientos de contratación y supervisión en los centros educativos. Organismos de la administración y responsables de centros tendrán que valorar si conviene reforzar la formación en prevención para trabajadores externos y revisar los protocolos de mantenimiento.

Para la familia y el entorno del fallecido, los trámites legales importan poco frente al dolor inmediato. No obstante, la tragedia plantea cuestiones prácticas para quienes gestionan los centros: ¿qué controles ejercer sobre contratas y autónomos? ¿Se establecen comprobaciones rutinarias sobre equipos de protección individual antes de autorizar trabajos en altura? Son preguntas que la administración autonómica tendrá que responder si pretende evitar que un episodio así se repita.

El Instituto Agra del Orzán, situado en una de las arterias del casco urbano de A Coruña, volverá ahora a la rutina habitual con la sombra de la tragedia reciente. La investigación judicial y las averiguaciones de la Inspección de Trabajo marcarán el proceso, pero entre la comunidad educativa y los responsables públicos quedará la tarea de traducir las lecciones de este accidente en medidas concretas que garanticen, sobre todo, la seguridad de quienes suben a una cubierta para mantener las escuelas en condiciones.