Alberto Núñez Feijóo volvió a situar este martes la rebaja fiscal como respuesta prioritaria a la tensión internacional: propuso reducir el IVA de la energía y reformar el IRPF para aliviar a las familias ante la crisis provocada por la guerra en Irán. Las principales propuestas las lanzó el domingo en Tordesillas (Valladolid) y las presentó con más detalle el lunes su equipo en Madrid, en plena campaña de Castilla y León y coincidiendo con la reunión de urgencia de ministros del G-7 sobre el mercado energético. Feijóo argumenta que el aumento de los precios derivado del conflicto exige medidas rápidas para contener el impacto en los hogares y en el coste de la energía.

El plan que defiende el Partido Popular incluye, en primer lugar, una rebaja del IVA de la energía al 10% para todos los consumidores, la supresión del impuesto a la generación eléctrica y una reformulación del IRPF que, según la dirección del partido, permitiría dotar a las familias con hijos de 200 euros adicionales mediante el doble de los mínimos personales y una actualización de los tramos. Fue el equipo del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, el que detalló las cuentas y las fórmulas técnicas del paquete, que el PP calcula que podría suponer un ahorro para una familia tipo de hasta 900 euros al año. El partido sostiene que estas medidas son de aplicación inmediata por parte del Gobierno a través del Consejo de Ministros.

En un mitin en El Burgo de Osma (Soria) Feijóo denunció que, con la inflación y la guerra, las familias pierden mientras se incrementa la recaudación del Estado, y pidió que si suben los precios se reduzcan los impuestos para evitar que los ciudadanos paguen más. Desde Génova el PP aseguró que elevará la propuesta al Congreso cuando se retome la actividad parlamentaria la semana que viene, tras el paréntesis por las elecciones autonómicas, y reclamó al Ejecutivo central que actúe sin dilación. Los populares insisten en que la urgencia del momento justifica medidas fiscales de choque que mitiguen el impacto sobre los bolsillos.

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Fuera del ámbito nacional, la propuesta llega en un contexto de nervios en los mercados por la escalada del conflicto en Oriente Medio. Los ministros de Finanzas del G-7 celebraron una reunión extraordinaria para coordinar una respuesta que, entre otras opciones, contempla la liberación de reservas petrolíferas estratégicas para garantizar suministros, una medida que ya se adoptó tras la invasión rusa de Ucrania. Esa coordinación internacional subraya la percepción de riesgo sobre la disponibilidad y el precio de la energía, escenario que el PP exhibe para justificar sus medidas fiscales.

Economistas y sectores empresariales consultados en las últimas jornadas advierten, en todo caso, de que una rebaja amplia del IVA y la supresión de tributos a la generación tendrían un coste presupuestario significativo y efectos distributivos que conviene analizar con detalle. Los técnicos recuerdan que recortar impuestos sobre la energía puede beneficiar de forma inmediata a los consumidores, pero también reducir ingresos en un momento en que las cuentas públicas están tensionadas por otras necesidades sociales y por el coste de los apoyos económicos ya aprobados en ejercicios anteriores. El PP no ha facilitado aún una estimación consolidada del impacto fiscal global de su paquete.

Desde el Gobierno, por ahora, no ha habido una respuesta institucional cerrada a las propuestas concretas del PP más allá de la observación sobre la necesidad de evaluar la sostenibilidad de cualquier rebaja y su coherencia con las herramientas ya puestas en marcha para contener la inflación. A la espera de que el Ejecutivo se pronuncie en Consejo de Ministros, el debate apunta a cruzarse en el Congreso cuando la Cámara retome la actividad, con la posibilidad de que la propuesta sirva más bien como un arma política de campaña que como un acuerdo inmediato de política económica.

En el plano autonómico, las comunidades más dependientes del sector energético y las familias gallegas estarán pendientes de si las medidas llegan a fructificar, sobre todo en un territorio con industrias intensivas en consumo eléctrico y sectores como la pesca y la automoción que acusan las subidas de costes. Los partidos regionales y organizaciones sociales ya han advertido que priorizarán el impacto social de cualquier decisión y la necesidad de complementar rebajas fiscales con ayudas directas a los más vulnerables.

Feijóo cumple ahora cuatro años al frente del PP y ha repetido en varias ocasiones la receta de alivio fiscal frente a crisis externas; el calendario político y la gravedad del conflicto internacional vuelven a poner esa propuesta sobre la mesa. La discusión sobre si cortar impuestos es la mejor forma de responder a la crisis energética seguirá en los próximos días, con el Gobierno, los grupos parlamentarios y los analistas económicos midiendo costes, eficacia y tiempos políticos antes de que se adopte cualquier decisión.