Cientos de funcionarios de prisiones de Galicia se concentraron ayer, 12 de marzo de 2026, ante la sede de la Delegación del Gobierno en Galicia para reclamar soluciones urgentes a la falta de personal y a las condiciones laborales. La protesta, que tuvo lugar entre las 11:30 y las 12:30 horas, persiguió visibilizar el deterioro de las plantillas y el aumento de la población reclusa que, según el colectivo, tensiona los centros. Los trabajadores pidieron medidas concretas para garantizar la seguridad y la atención a los internos.

En la movilización participaron empleados de los cinco centros penitenciarios de la comunidad y del Centro de Inserción Social: Centro Penitenciario de A Lama, Centro Penitenciario de Bonxe, Centro Penitenciario de Monterroso, Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, Centro Penitenciario de Teixeiro y el Centro de Inserción Social Carmen Avendaño. Los concentrados utilizaron la protesta para trasladar a la ciudadanía y a los medios sus principales demandas y el impacto que la falta de refuerzos tiene en la operativa de los centros. Los representantes sindicales recalcaron la necesidad de un plan de incorporación de personal estable.

Tras la concentración, una delegación de los funcionarios mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, a quien expusieron las cuestiones más acuciantes. En el encuentro se detallaron déficits de plantilla, problemas estructurales en la distribución de efectivos y la sobrecarga derivada de traslados de internos. Los representantes solicitaron compromisos concretos y plazos para la adopción de medidas que alivien la situación.

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Entre las reclamaciones más repetidas figura el déficit en las relaciones de puestos de trabajo, que los funcionarios sitúan entre el 15% y el 20% en varios centros. A esta falta de plantilla se suma el envejecimiento de las plantillas, con una media de edad superior a los 55 años, lo que condiciona la capacidad operativa y aumenta la necesidad de sustituciones. Los sindicatos alertan de que estas carencias afectan tanto a la vigilancia como a las nuevas unidades especializadas.

Los propios representantes explicaron que la creación de grupos como la unidad canina o el Grupo de Intervención y Control (GICO) se está cubriendo mediante comisiones de servicio con personal procedente de vigilancia interior, lo que merma aún más los efectivos en esas funciones. Asimismo, denunciaron que los funcionarios que pasan a segunda actividad a los 57 años ocupan plazas que no se reponen en las plantillas oficiales. A escala estatal, apuntaron que el sistema penitenciario arrastra un déficit aproximado de 4.000 trabajadores.

Otro de los puntos criticados por los concentrados fue el desajuste entre el perfil de internos y el modelo previsto en el Convenio S XXI para los centros de categoría C, como Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguiar. Ese convenio contempla centros para reclusos de menor conflictividad, pero, según los funcionarios, actualmente se están trasladando presos clasificados en segundo grado con episodios de incidentes regimentales. Los profesionales advierten de que esta realidad dificulta la convivencia interna y la aplicación de programas de reinserción.

Los problemas sanitarios también formaron parte de la agenda: los funcionarios señalaron la falta de médicos en varios centros, una carencia que afecta a la atención diaria de los internos y a la gestión de las urgencias. En la reunión, el delegado del Gobierno explicó que se está trabajando con el Servizo Galego de Saúde para articular un convenio que mejore la cobertura sanitaria en las prisiones gallegas. La falta de personal sanitario, subrayaron los representantes, agrava las tensiones en el sistema.

Al término del encuentro, el delegado se comprometió a trasladar las demandas planteadas a los responsables competentes y a seguir las gestiones con la administración sanitaria. Los funcionarios reclamaron respuestas claras y plazos concretos y advirtieron de que mantendrán la presión hasta obtener mejoras sostenibles en las plantillas y en las condiciones laborales. La movilización de ayer sirve, en todo caso, como aviso de la situación que atraviesa el sistema penitenciario en Galicia y de la necesidad de medidas urgentes.