Galicia cerró 2025 con una cifra histórica: más de 55.000 testamentos firmados ante notario, un crecimiento sostenido que ha situado a la comunidad en la segunda posición del país por tasa de testamentos por habitante. El impulso que dejó la pandemia, unido a una mayor planificación entre personas de mediana edad, explica parte del fenómeno que ahora confirma el Colegio del Notariado.
Repunte histórico y datos claves
Las notarías gallegas registraron un incremento del 5% respecto a 2024 y del 20% en los últimos cinco años. Esa progresión sitúa a Galicia en una incidencia de 202,6 testamentos por cada 10.000 habitantes, solo por detrás de Baleares, cuya cifra está condicionada por factores demográficos y residenciales muy distintos. En términos absolutos, Galicia figura quinta en el ránking autonómico —por detrás de Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana—, pero su peso relativo sobre la población la coloca entre las comunidades con mayor cultura sucesoria.
En el balance nacional, casi 775.000 testamentos se otorgaron en España en 2025, cifra que supera en más de 156.000 los registros de 2020. Galicia aporta más de 306.000 de los casi 4,2 millones de testamentos contabilizados en el quinquenio, lo que representa un 7,2% del total nacional: más de un punto por encima de su peso demográfico. Comunidades con menor tradición testamentaria han acelerado más en términos porcentuales —Cantabria, Aragón o Murcia muestran incrementos superiores al 28% entre 2020 y 2025—, pero ese ritmo debe leerse junto al hecho de que Galicia partía ya de una base elevada.
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El virus dejó algo más que olas sanitarias: despertó la urgencia de ordenar el futuro. Lo que antes era visto como un trámite de edad avanzada ha ido dejando paso a decisiones tomadas por personas entradas en la cuarentena y la cincuentena. Notarios consultados insisten en que la preocupación principal de quienes se acercan a sus despachos es garantizar el bienestar de los hijos y evitar litigios familiares, pero también hay un componente de planificación patrimonial cada vez más frecuente entre propietarios de segundas residencias y quienes poseen pequeños bienes rústicos en el rural gallego.
La genealogía de esta conducta tiene raíces locales. Galicia lleva décadas conviviendo con la emigración, la concentración de la propiedad y el relevo generacional en explotaciones pequeñas. Ese mapa socioeconómico alimenta una cultura donde la transmisión ordenada del patrimonio se considera una responsabilidad familiar. A ello se ha sumado la mayor conciencia legal y la difusión de opciones como la cláusula de mejora o los usufructos, herramientas que permiten modular la herencia y reducir roces entre herederos.
Además, el coste del trámite es un factor que facilita la expansión del testamento: por unos 50 euros y presentando el DNI se puede formalizar una última voluntad. Ese elemento práctico, unido a campañas informativas y a la recomendación general de los notarios de testar «a cualquier edad», ha convertido lo excepcional en rutinario.
Repercusiones y próximos pasos
El aumento sostenido de testamentos repercute en ámbitos tan dispares como la tramitación fiscal, la seguridad jurídica de las transmisiones y la reducción de conflictos sucesorios. Una voluntad clara y formalizada ante notario acorta procedimientos y minimiza la litigiosidad, algo que repercute positivamente en familias y también en la carga de trabajo de juzgados y registros.
Tampoco hay que perder de vista la dimensión política y fiscal. Las comunidades autónomas gestionan gran parte del marco de impuestos sobre sucesiones, y el crecimiento en la planificación patrimonial suele ir acompañado de consultas sobre la optimización fiscal y, en ocasiones, de un renovado debate sobre bonificaciones y exenciones. En Galicia, donde el envejecimiento de la población es evidente y la pirámide demográfica se ha ido remodelando en la última década, esas conversaciones volverán con fuerza conforme aumente la transmisión de bienes inmuebles en las zonas costeras y en los concellos del interior.
En lo inmediato, los expertos esperan que la tendencia se mantenga. La combinación de una población que envejece —y que prolonga la vida laboral—, la revalorización inmobiliaria en muchas zonas y la normalización del testamento entre las generaciones medias auguran que 2026 podrá registrar nuevas cifras elevadas, aunque el ritmo exacto dependerá de factores macroeconómicos y de la evolución del mercado de la vivienda.
Para las familias gallegas la recomendación vuelve a ser simple y práctica: planificar. No solo por el aspecto económico, sino por el valor social de evitar conflictos entre descendientes y de dejar claro quién recibe qué y en qué condiciones. Esa prudencia, heredera de una tradición de cuidado familiar, se ha traducido en los números y confirma una característica histórica de Galicia: la preocupación por el relevo y por la conservación de lo que se tiene.
Si la cifra de más de 55.000 testamentos se lee como un indicador técnico, también merece una lectura humana. Detrás de cada firma hay una historia de previsión, de afectos y, en muchos casos, de reparaciones: personas que han decidido formalizar decisiones pendientes o prevenir disputas que, en esta tierra de aldeas y emigraciones, a menudo llegan a resultar dolorosas. A falta de confirmación oficial de cómo evolucionará la pauta en los próximos años, la evidencia es que la cultura sucesoria gallega no solo resiste: se consolida.
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