La Xunta anunciaba el 14 de marzo de 2026 medidas para vigilar la renovación de los contratos de la leche en Galicia, la principal región productora de España, ante la llegada de excedentes europeos a precios más bajos y el encarecimiento de los costes de producción por la guerra en Oriente Medio. El departamento de Medio Rural se comprometió a intensificar controles sobre trazabilidad y etiquetado y a supervisar de cerca las negociaciones entre ganaderos e industrias en las próximas semanas.

En una reunión celebrada hoy, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se reunió con representantes de Unións Agrarias para analizar el contexto en el que se deben firmar los nuevos contratos lácteos. Ambos sectores han manifestado preocupación por la posibilidad de que la presión de la industria y la distribución derive en rebajas en los precios que perciben las explotaciones. La Xunta subraya que las sucesivas renovaciones contractuales tendrán mayor vigilancia administrativa para evitar acuerdos lesivos para los productores.

El Gobierno gallego, a través de la dirección xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, ha anunciado que revisará el contenido de los contratos para verificar su adecuación a la normativa vigente, en especial a la ley de la cadena alimentaria. Junto a esta revisión documental, la consellería reforzará las actuaciones para comprobar que las cláusulas recogen condiciones que garanticen la sostenibilidad económica de las explotaciones. El objetivo es asegurar que los acuerdos reflejen costes reales y no supongan transferencias de rentabilidad hacia la industria.

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Además, la Xunta planea intensificar las inspecciones sobre la trazabilidad y el etiquetado de la leche con el fin de detectar posibles irregularidades en la indicación de su origen. El departamento autonómico ha recordado la existencia del distintivo ‘Galega 100%’ como herramienta para identificar producto local de calidad y anima a su consumo como apoyo a las explotaciones gallegas. La conselleira insistió en la necesidad de cerrar vías de entrada de producto que no cumpla los requisitos de información al consumidor.

En paralelo, la Xunta solicitará al Gobierno central que eleve el foco sobre la renovación de estos contratos y que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) realice una investigación «exhaustiva» si se detectan irregularidades o prácticas contrarias a la normativa. El Ejecutivo autonómico también pide la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para analizar si la entrada de excedente barato en el mercado europeo constituye una forma de competencia desleal que esté afectando a las cotizaciones.

El temor del sector gallego radica en que el aumento de la oferta comunitaria, vendida a precios muy competitivos en otros países de la UE, se traduzca en una presión a la baja durante las renegociaciones contractuales. La entrada de ese producto más barato coincide con una situación de fuerte presión sobre las cuentas de las explotaciones, por lo que ganaderos y responsables autonómicos ven riesgo real de pérdida de renta. La alarma se centra en que las industrias y la distribución usen esa oferta externa como argumento para reducir tarifas a los suministradores locales.

Al mismo tiempo, los productores afrontan el aumento de los costes de producción: energía, gasóleo y fertilizantes han subido de forma significativa en los últimos meses, un alza que las organizaciones atribuyen a la inestabilidad provocada por el conflicto en Irán y otras tensiones internacionales. Ese encarecimiento eleva el umbral de rentabilidad de las explotaciones y reduce el margen para aceptar reducciones en el precio de la leche. Las cooperativas advierten de que, sin márgenes dignos, muchas granjas pueden ver comprometida su viabilidad.

Representantes de Unións Agrarias trasladaron a la conselleira su preocupación por la posible vulnerabilidad del sector ante prácticas comerciales que no reconocen los costes reales de producción. Las organizaciones agrarias reclamaron medidas de protección y mecanismos que garanticen transparencia en la cadena de valor, así como herramientas que permitan a los ganaderos negociar en mejores condiciones. La Xunta recogió estas demandas y aseguró que dará seguimiento a cualquier incidencia que pueda perjudicar a las explotaciones.

Las próximas semanas serán decisivas, cuando se firmen miles de contratos que determinan el precio de la leche durante meses. La Xunta apuesta por combinar mayor inspección administrativa con reclamaciones ante AICA y la CNMC para frenar cualquier práctica que pueda erosionar la renta ganadera. Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico hace un llamamiento al consumo de producto local y al reconocimiento del sello ‘Galega 100%’ como vía para sostener un modelo productivo que, según sus responsables, garantiza calidad y futuro para las explotaciones gallegas.