Un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que analiza los datos del Ministerio de Transportes entre 2020 y 2024 sitúa a Galicia como la comunidad con mayor presencia de tramos de autopista con alto índice de peligrosidad en España. La región concentra aproximadamente tres de cada diez de los cien tramos de un kilómetro incluidos en el ranking estatal, principalmente en la AP-9. El estudio asocia esta concentración a la intensidad de tráfico y a puntos concretos de la red que registraron accidentes con víctimas durante ese periodo.
En conjunto, los tramos gallegos incluidos en el listado sumaron 216 accidentes con víctimas entre 2020 y 2024, en los que 430 personas resultaron heridas o fallecieron. A nivel estatal, los cien tramos más peligrosos acumularon 502 siniestros con víctimas y 846 heridos o fallecidos en el mismo periodo, lo que sitúa a Galicia como la comunidad con mayor representación proporcional en este ránking.
La mayor parte de esos puntos críticos se concentra en la AP-9, el principal corredor norte-sur de la comunidad y la vía de mayor tráfico en Galicia. Más de veinte tramos de un kilómetro incluidos en el informe se localizan a lo largo de esta autopista, distribuidos entre las provincias de A Coruña y Pontevedra; además, aparecen varios tramos en el acceso a Ferrol y cuatro tramos de la AP-53.
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Entre los tramos gallegos peor posicionados en la clasificación figura el kilómetro 159 de la AP-9, en el nudo de Puxeiros (Mos, Pontevedra), que ocupa el puesto 12 del ránking nacional. En ese punto se contabilizaron 15 accidentes con víctimas y 31 personas heridas o fallecidas durante el periodo analizado.
En vías convencionales, el informe identifica también 17 tramos del estado situados en Galicia entre los más conflictivos del país. Esos tramos acumularon 65 accidentes con víctimas y 82 personas heridas o fallecidas entre 2020 y 2024, lo que subraya que el riesgo no se limita a las autopistas.
El tramo convencional peor situado corresponde al kilómetro 614 de la N-120, junto a O Porriño (Pontevedra), que figura en el puesto 44 del ránking estatal. Otros puntos señalados son el kilómetro 523 de la N-6 en Lugo, varios tramos de la N-525 en Ourense y el kilómetro 204 de la N-640 en A Estrada (Pontevedra), este último con once accidentes y doce víctimas, uno de los balances más elevados en términos absolutos.
Método y contexto general
AEA emplea el denominado Índice de Peligrosidad Medio (IPM) para elaborar la clasificación. Este indicador relaciona el número de accidentes con víctimas con la intensidad del tráfico, permitiendo comparar tramos de distinto volumen circulatorio. El informe utiliza datos oficiales del Ministerio de Transportes para el periodo 2020-2024.
El estudio también recuerda que, pese a la presencia de tramos con alto índice de riesgo, las autopistas siguen siendo las infraestructuras de la red viaria española con menor siniestralidad por kilómetro y por desplazamiento. No obstante, en 2024 se registró un ligero aumento del índice de peligrosidad respecto al año anterior, una tendencia que el informe considera preocupante si se consolida.
Las cifras hacen evidente que la intensidad de tráfico, la configuración de nudos y accesos y las características de determinados tramos influyen en la mayor siniestralidad. En Galicia, la concentración de tráfico en ejes como la AP-9 y la coexistencia de enlaces urbanos y enlaces portuarios o industriales aumentan la complejidad del flujo circulación.
Implicaciones y actuaciones
El diagnóstico del informe abre el debate sobre qué medidas son necesarias para reducir el riesgo en los tramos identificados. Entre las opciones que suelen plantearse figuran la mejora del mantenimiento, la revisión de la señalización, la adaptación de los límites de velocidad y el refuerzo de controles y vigilancia en los puntos conflictivos.
La responsabilidad de estas intervenciones recae tanto en la administración estatal, que gestiona buena parte de las vías afectadas, como en la Xunta de Galicia y los ayuntamientos implicados, que deben coordinar actuaciones específicas en accesos y nudos urbanos. Por ahora no consta una respuesta pública conjunta de las administraciones a los hallazgos del informe.
El informe de AEA aporta una radiografía detallada que puede servir de referencia para priorizar inversiones y campañas de seguridad vial. En Galicia, donde la concentración de tramos problemáticos es notable, el reto será traducir esos datos en medidas concretas que reduzcan la siniestralidad en los puntos identificados.
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