En los registros autonómicos de mascotas hay hoy el doble de perros que de menores de edad. Según los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente, en Galicia figuran inscritas en el Regiac un total de 833.658 mascotas —alrededor del 90% perros—, mientras que la cifra de personas menores de edad ronda las 365.000. La comparación, en apariencia anecdótica, pone el foco en tendencias demográficas y sociales que vienen marcando la comunidad desde hace años.

El mapa del registro: cuántos animales y por qué suben

Los números no son una casualidad. La aprobación de la Lei de benestar animal y la obligatoriedad de identificación sacaron a la luz miles de perros que hasta entonces vivían sin chip ni ficha en los sistemas oficiales. En la Xunta reconocen que el temor a sanciones impulsó un aluvión inicial de inscripciones; desde 2018 el censo se ha incrementado un 78% y, desde el pasado agosto, la media mensual se mantiene por encima del millar de registros.

Buena parte de esas inscripciones responden además a una mejora en los procedimientos administrativos. La administración autonómica habilitó tramitación electrónica y campañas informativas que facilitaron el alta masiva, sobre todo en grandes municipios como Vigo, donde imágenes de paseantes y sus perros en parques como el de María Xosé Queizán se han convertido en una postal cotidiana.

No obstante, la cifra total incluye también gatos, hurones y aves rapaces; aun así, los perros constituyen la inmensa mayoría. Dentro del censo aparecen 20.606 perros catalogados como potencialmente peligrosos, una cifra que ha bajado respecto a los 21.641 registrados hace dos años. Esa reducción, según fuentes oficiales, responde tanto a una mayor identificación —que permite depurar la estadística— como a cambios en la tenencia real de determinadas razas.

El registro, además, ha servido para detectar incumplimientos. La falta de identificación es la infracción más frecuente; la Xunta recuerda de forma periódica la obligatoriedad de registrar y chipar a todos los animales, una norma que la legislación estatal ha extendido a gatos y otras especies. A falta de confirmación oficial sobre sanciones concretas en cada municipio, hay expedientes que demuestran que en casos extremos se aplican medidas duras: multas que pueden alcanzar los 30.000 euros y prohibiciones de tenencia por varios años.

Demografía, cuidados y economía: por qué importan estos números

Que haya más perros que niños no es un fenómeno aislado. Galicia lleva décadas conviviendo con un descenso de la natalidad, envejecimiento poblacional y pérdida de población en áreas rurales; esa dinámica reduce la base de población infantil al tiempo que se incrementa la demanda de bienestar animal en hogares que, en muchos casos, buscan compañía para una población envejecida o para familias pequeñas.

La tendencia tiene consecuencias prácticas. El sector veterinario, de adiestramiento y servicios para animales ha experimentado un auge: consultas, residencias caninas y servicios de cuidado a domicilio han ganado presencia en concellos donde antes eran residuales. No es la primera vez que la economía local se adapta a un cambio social que, ahora, se ve reflejado en cifras oficiales.

En paralelo, emergen tensiones. La conciliación entre un alto número de mascotas y la protección del espacio público, el conflicto en zonas urbanas por limpieza o convivencia, y la atención en refugios y protectoras —sometidas a una demanda creciente— forman un paquete de retos que las administraciones locales deben gestionar. A ello se añade la necesidad de formar a propietarios; la normativa estatal incluye la idea de cursos para tenencia responsable, pero su desarrollo reglamentario aún está pendiente.

Repercusiones y próximos pasos: regulación, control y debate público

En lo inmediato, la Xunta y los concellos afrontan dos líneas de trabajo: consolidar el sistema de identificación y regulación, y reforzar medidas de control para los casos más graves. El registro demuestra que la administración tiene hoy una foto más nítida de la realidad, pero también muestra vacíos: a veces falta seguimiento de expedientes, coordinación entre municipios y recursos para inspección y sanción.

A medio plazo, el debate se extiende a políticas públicas más amplias. ¿Cómo integrar la política de bienestar animal en estrategias demográficas y de servicios sociales? En zonas rurales, por ejemplo, las mascotas pueden ser a la vez compañía y un coste para familias con recursos limitados. En ciudades, la proliferación de perros abre preguntas sobre urbanismo y dotación de espacios caninos. Según fuentes cercanas a equipos de gobierno locales, hay voluntad política para dar pasos, pero faltan partidas presupuestarias específicas y formación técnica.

Queda, además, la cuestión ética y cultural. Gallegos y gallegas han mostrado históricamente un fuerte vínculo con los animales —desde la tradición ganadera hasta las mascotas urbanas—, pero ese afecto no siempre se traduce en responsabilidad. Las campañas de concienciación, la oferta formativa y el apoyo a protectoras son piezas esenciales para que el crecimiento del censo no se traduzca en más abandono o maltrato.

Para los próximos meses se esperan dos medidas concretas: mayor control de los registros por parte de la administración autonómica y el desarrollo reglamentario pendiente de la ley estatal que incluirá, previsiblemente, requisitos formativos para propietarios. Si las iniciativas prosperan, la fotografía estadística podría equilibrarse no en cantidad sino en calidad de tenencia: más perros correctamente identificados y atendidos, y una respuesta pública más eficaz frente a incumplimientos graves.

En última instancia, la imagen de Galicia con más perros que niños resume dos realidades entrelazadas: una comunidad que envejece y se adapta y un interés creciente por los animales de compañía. Queda por ver si las políticas públicas se ajustan con la misma rapidez que han crecido los registros y si, como piden protectoras y profesionales, esa adaptación prioriza siempre el bienestar animal y la convivencia ciudadana.