Galicia alcanza un récord de propietarios que alquilan: cerca de 121.000 caseros y sólo un tercio son jubilados con una pensión media cercana a los 1.500 euros

Galicia cerró el año con un número histórico de propietarios que explotan viviendas en alquiler, cercano a las 121.000 personas, según los últimos balances estadísticos. Los datos, referidos al 31 de diciembre y analizados por los organismos autonómicos, muestran un aumento del parque de caseros en el último ejercicio en contraste con las medidas regulatorias destinadas a contener los precios. El fenómeno se produce en un contexto de subida sostenida de las rentas y de cambios en el mercado hipotecario que han empujado a más hogares hacia el alquiler.

El registro administrativo contabiliza alrededor de 161.650 fianzas vigentes por arrendamientos en la comunidad, que reflejan contratos de vivienda habitual y de temporada. El número de propietarios identificados por el Instituto Galego de Estatística creció en cerca de 5.730 personas en el último año, un ascenso que coincide con la información fiscal, donde casi 200.000 gallegos declararon ingresos por alquileres en 2023. Las declaraciones tributarias sitúan esos ingresos en torno a 1.300 millones de euros, lo que subraya la relevancia económica del sector para la comunidad.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

En cuanto a los precios, el alquiler medio en Galicia se quedó a las puertas de los 600 euros en febrero, tras un repunte interanual superior al 5%. No obstante, ese incremento no ha sido homogéneo: ciudades como Vigo registraron fuertes subidas —el alquiler medio municipal subió hasta los 705,9 euros mensuales— mientras que A Coruña experimentó una ligera moderación que algunos atribuyen a su condición de zona tensionada y a la caída de las fianzas registradas en los primeros meses del año.

La composición demográfica de los caseros revela que la inmensa mayoría son personas físicas y que la mitad aún continúa en activo, con una edad media en torno a los 51 años. Aproximadamente un tercio de los propietarios son jubilados, que complementan su renta con los ingresos del alquiler; la pensión media declarada por este colectivo se sitúa en torno a los 1.500 euros. Este dato plantea un doble desafío: por un lado, la dependencia de colectivos vulnerables de un rendimiento inmobiliario y, por otro, la sensibilidad de sus decisiones frente a cambios regulatorios.

Las estadísticas autonómicas distinguen además entre alquiler residencial y modalidades estacionales o turísticas, que representan un porcentaje pequeño pero relevante del total. Según el Instituto Galego de Vivenda e Solo, las viviendas destinadas a rentas por temporada representan alrededor del 3,5% del parque arrendado, una cifra que no llega a explicar por sí sola las fuertes variaciones locales en el precio. Además, los registros administrativos ofrecen una foto más acotada que la fiscal, que incluye también el negocio turístico y otros ingresos imputables a la propiedad inmobiliaria.

Ante las medidas adoptadas para frenar la escalada de los alquileres —como la declaración de zonas tensionadas o restricciones sobre fianzas—, algunas voces del sector inmobiliario y expertos anticipaban una salida masiva de propietarios del mercado. Sin embargo, los últimos datos contradicen esa expectativa: el número de caseros continúa creciendo, lo que sugiere que, por el momento, el tirón de la demanda y la rentabilidad percibida mantienen a muchos particulares en la oferta de vivienda en alquiler.

El marco económico que ha alimentado este fenómeno no es nuevo: la recuperación del mercado laboral desde 2015, combinada con requisitos hipotecarios más exigentes, ha incrementado la dependencia de la población en el alquiler. Al mismo tiempo, la oferta sigue tensionada en áreas urbanas, y las decisiones de política pública a nivel local y autonómico intentan equilibrar la protección del inquilino con la sostenibilidad de la renta para los propietarios. Los observadores señalan que cualquier cambio brusco en la normativa podría alterar la composición del parque de vivienda disponible.

El incremento de caseros plantea preguntas sobre la estabilidad de los ingresos de jubilados que dependen del alquiler, la profesionalización del sector y la capacidad de las administraciones para monitorizar y regular modelos híbridos entre residencial y turístico. Los datos recientes recompensan la vigilancia estadística y fiscal: la correlación entre declaraciones de la Agencia Tributaria y los registros autonómicos ofrece una imagen más completa del mercado, pero también evidencia lagunas que las autoridades deberían cerrar para diseñar políticas más eficaces.

En las próximas convocatorias, la evolución del precio medio del alquiler, la respuesta de los propietarios a nuevas restricciones y la adecuación de la oferta a la demanda marcarán el pulso del mercado gallego. Las administraciones, según fuentes técnicas, deberán combinar medidas de contención con incentivos a la rehabilitación y una mayor oferta de vivienda protegida si aspiran a reducir la presión sobre los arrendamientos y proteger tanto a arrendatarios como a pequeños propietarios.