Ganaderos de Vilalba alertan que la rebaja del precio de la leche amenaza la supervivencia de las granjas

Varias decenas de personas se concentraron este lunes frente a la planta de Lactalis en Vilalba para protestar por una propuesta de contrato que, según el Sindicato Labrego Galego, contempla una rebaja del precio de la leche de entre 2,5 y 6 céntimos por litro para los próximos cuatro meses. Los manifestantes advirtieron que esa reducción, sumada al encarecimiento de los costes, puede empujar a la ruina a muchas explotaciones en una provincia que ya ha visto desaparecer granjas en los últimos años.

Protesta en la puerta de la industria y peticiones al Gobierno

La movilización fue convocada por el SLG y reunió a ganaderos de la comarca de la Terra Chá y otras zonas de Lugo. Con pancartas y consignas, los asistentes denunciaron que la medida llega sin que exista un incremento de la producción que la justifique, y señalaron que la industria está trasladando el ajuste a los productores, los eslabones más frágiles de la cadena.

La secretaria xeral del sindicato, María Ferreiro Santos, se mostró contundente: recordó que Galicia cuenta ahora con menos de 5.000 explotaciones lácteas y que la persistente pérdida de renta dificulta el relevo generacional. «Estamos cos prezos máis baixos do leite de todo o Estado español», afirmó la dirigente, que añadió que la decisión de concentrarse ante Lactalis se debe a que la empresa suele marcar tendencias y lanzar ofertas que luego imitan otras industrias.

«As granxas seguen baixando e a produción non se incrementa», dijo Ferreiro Santos durante la acción en Vilalba.

Los ganaderos exigieron a las administraciones que apliquen la lei da cadea para evitar ventas a pérdidas y que supervisen los contratos que cierran las industrias con las explotaciones. La petición no es nueva, pero los productores sostienen que la ley necesita vigilancia efectiva para que no quede en una declaración de intenciones frente a prácticas comerciales agresivas.

Un sector castigado por los costes y la competencia

El sector lácteo gallego arrastra una secuencia de dificultades: la subida de fertilizantes y gasóleo tras la crisis energética, la inflación que encarece servicios y suministros, y la falta de relevo generacional en muchas aldeas. En este escenario, una disminución del precio por litro, aunque parezca pequeña en términos absolutos, reduce márgenes ya estrechos y hace inviable a explotaciones familiares que operan con economías de escala limitadas.

Además, organizaciones agrarias han puesto sobre la mesa otra cuestión sensible: la posible importación de leche desde otros mercados comunitarios para abaratar los costes de las industrias en España. Unións Agrarias ha llevado recientemente una denuncia a la Fiscalía por la supuesta llegada masiva de leche francesa y portuguesa destinada a presionar precios en Galicia. Si se confirmaran prácticas que vulneren la ley o el etiquetado, la polémica se podría trasladar de la calle a los tribunales.

En Galicia, cooperativas y pequeñas empresas han sido históricamente el sostén del paisaje agroganadero. No es la primera vez que la provincia de Lugo presencia movilizaciones por cuestiones lácteas: a lo largo de la última década, las fluctuaciones de precios han provocado protestas en distintos puntos de la comunidad. Lo distintivo ahora es la conjunción de una caída del precio propuesta por la industria y un aumento de los costes que desborda la capacidad de respuesta de muchas explotaciones.

Consecuencias locales y pasos posibles

Si la bajada propuesta por algunas industrias termina aplicándose, las consecuencias para el medio rural gallego pueden ser profundas. El cierre de granjas no solo supone pérdida de empleo y renta, sino también menor actividad económica en pueblos que ya sufren despoblación. Vilalba, con su tradición láctea, vuelve a situarse como termómetro de una crisis que podría extenderse a otras comarcas.

El SLG anunció que la concentración en la planta de Lactalis es la primera de una escalada de medidas si no se revierten las propuestas de rebaja. En el horizonte figuran nuevas movilizaciones y acciones de denuncia pública. Por su parte, la denuncia ante la Fiscalía podría derivar en inspecciones y requisas de documentación comercial que obligaran a aclarar el origen de la leche comercializada y los márgenes aplicados por la industria.

Las administraciones autonómica y estatal tienen ahora margen de maniobra: desde intensificar la fiscalización de contratos y controles de importación hasta impulsar fórmulas de apoyo directo a las explotaciones más vulnerables. Cabe recordar que la ley de la cadena contempla la prohibición de ventas por debajo del coste; la cuestión práctica es cómo se mide y cómo se sanciona en un mercado fluido y con contratos complejos.

Del lado de la distribución, también hay decisiones que podrían influir en el resultado: acuerdos a largo plazo con productores, etiquetado que garantice origen gallego o cláusulas que blinden precios mínimos son algunas de las propuestas que circulan desde organizaciones agrarias. No obstante, su implantación exigiría voluntad negociadora por parte de la industria y compromiso de la distribución, algo que no siempre ha sido fácil de obtener.

En lo inmediato, la atención se centrará en la respuesta de Lactalis y en si otras empresas replican los recortes advertidos por el SLG. Si el conflicto escala, no solo habrá consecuencias económicas sino también políticas: la defensa del medio rural y de un modelo productivo que ha caracterizado a gran parte de Galicia en las últimas décadas puede convertirse en asunto de debate público y electoral.

La protesta en Vilalba deja una imagen clara: ganaderos preocupados por su futuro y un territorio que vuelve a reclamar que se proteja su actividad. Las decisiones que tomen ahora la industria, las administraciones y la distribución marcarán si las granjas gallegas logran sostenerse o necesitan medidas más contundentes para sobrevivir a una nueva oleada de ajustes de precios.