La Fiscalía ha abierto diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la alcaldesa de Vilarino de Conso (Ourense), Melisa Macía, después de una denuncia presentada por el portavoz del BNG en el municipio, Domingo Domínguez. El procedimiento, iniciado el 11 de marzo de 2026, se centra en supuestas irregularidades en la contratación menor y en el pago de facturas que, según la denuncia, excedían los límites legales. La investigación nace de los reparos y los informes de la secretaria municipal, que alertó de forma reiterada sobre el uso continuado de esa figura administrativa.

La propia regidora confirmó a los medios que ella y la secretaria estaban citadas a declarar en el Juzgado de A Pobra de Trives, si bien la magistrada suspendió la comparecencia y dejó pendiente fijar una nueva fecha. Macía ha expresado su voluntad de colaborar con la instrucción, presentar la documentación que avale su gestión y aclarar las actuaciones del Ayuntamiento. Mientras tanto, la causa sigue la tramitación previa que puede derivar en el archivo o en la apertura de una investigación judicial formal.

El origen del conflicto, según la denuncia del BNG, está en el uso continuado de la contratación menor para abonar servicios y suministros que, en varios casos, superarían los umbrales permitidos por la normativa. La secretaria municipal emitió reparos que advertían de esa práctica y solicitó correcciones en el control interno del consistorio, sin que, según la denuncia, se adoptaran las medidas oportunas para revertir la situación. El portavoz nacionalista sostiene que, pese a las advertencias, la alcaldía continuó autorizando pagos.

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La controversia se ha centrado, según la alcaldesa, en la gestión del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), un programa local destinado a la atención de personas dependientes. Macía ha defendido que las decisiones respondieron a la necesidad de mantener un servicio básico y a la obligación impuesta por la Ley de Dependencia de garantizar prestaciones a los usuarios. Fuentes municipales subrayan que, en un municipio pequeño, la interrupción de ese servicio habría dejado a usuarios vulnerables sin atención inmediata.

Desde el BNG, Domingo Domínguez argumenta que la protección de servicios esenciales no justifica saltarse los procedimientos legalmente establecidos y que las irregularidades detectadas en el control interno requerían actuaciones correctoras. En marzo de 2024, el portavoz presentó una moción en el pleno para subsanar las deficiencias recogidas en el informe de la secretaría, una propuesta que, según denunciantes, contó con el apoyo inicial de los concejales del grupo popular.

El episodio pone de relieve la tensión habitual entre las limitaciones administrativas y la administración de servicios en municipios de pequeño tamaño, donde la contratación menor se utiliza con frecuencia para agilizar pagos y resolver necesidades puntuales. Esa práctica, sin embargo, plantea riesgos de control y transparencia cuando se repite de forma continuada y sin las garantías que ofrece la contratación ordinaria. Los reparos de la secretaria actúan precisamente como un mecanismo de control interno para evitar ese desbordamiento.

Penalmente, el presunto delito de prevaricación administrativa implica que un cargo público dictó o ejecutó una resolución manifiestamente injusta con conocimiento de su injusticia; de acreditarse, puede acarrear sanciones que incluyen la inhabilitación. No obstante, fuentes judiciales recuerdan que las diligencias previas son una fase inicial en la que se exploran hechos y pruebas antes de decidir si existen indicios suficientes para la apertura de una causa penal.

A corto plazo, la causa queda a la espera de que la jueza vuelva a fijar la fecha de declaración de la alcaldesa y de la secretaria municipal, y de que la Fiscalía recabe la documentación solicitada. En el plano político, el caso ha reavivado el debate local sobre la gestión económica y la transparencia en el Ayuntamiento de Vilarino de Conso, donde ambas partes defienden, por un lado, la continuidad de los servicios y, por otro, el respeto a los procedimientos administrativos y legales.