El principal acusado de la mayor operación contra el contrabando de tabaco en España aceptó este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense una condena reducida que le evitaría entrar en prisión. Flocea G., el supuesto cabecilla de la red, pactó una pena de dos años de cárcel y una multa de 12 millones de euros, que, según el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, se sustituiría por un año de arresto. El juicio se celebró casi cuatro años después de que la Policía desmantelara una fábrica clandestina en Cambeo (Coles), local donde se producían cigarrillos de forma industrial y se distribuían por Europa.

La vista contra el acusado se resolvió con el mismo acuerdo que aceptaron en 2022 otros siete implicados en la denominada operación Straperlo, que entonces culminó con condenas a la baja y excarcelaciones inmediatas. En el auto se recoge que el principal encausado, de origen moldavo con pasaporte rumano, estaba fugado cuando se produjeron esas primeras conformidades y ha comparecido ahora ante la Audiencia para ratificar el pacto.

La Fiscalía, la defensa y el acusado pactaron la conformidad tras constatar que el investigado reconoce delitos de contrabando concurriendo con un delito contra la Hacienda Pública. La defensa anuncia que solicitará la suspensión de la pena ante la condición de insolvencia que figura en una averiguación de bienes practicada en febrero, lo que, de concederse, evitaría la entrada en prisión siempre que se cumplan las condiciones que fije el tribunal.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

La magistrada presidenta indicó en la vista que la cuestión de la suspensión se resolverá en la fase de ejecución y advirtió al condenado de que, si se concede el beneficio, no podrá cometer nuevos delitos durante el periodo que se establezca, bajo riesgo de perder la suspensión. Según consta en la causa, la pena en su conjunto podría sumar tres años de privación de libertad si se computaran las sanciones, pero el acuerdo y la situación patrimonial del acusado orientan la resolución hacia la suspensión.

Los hechos imputados se refieren a la explotación de una fábrica ilegal descubierta en 2020 en Cambeo, Coles, donde los agentes hallaron maquinaria industrial para la elaboración de cigarrillos y material para su distribución. El desmantelamiento de la instalación fue entonces calificado por las fuerzas de seguridad como el mayor golpe policial contra el contrabando de tabaco en España, por el volumen de producción y la proyección transnacional de la actividad.

En la instrucción y en las declaraciones recogidas en la causa aparece la precaria situación laboral de los empleados de la planta, que trabajaban a destajo y cobraban por pieza, sin conocimiento claro de la entidad que organizaba la producción ni, en muchos casos, de la localización exacta de la factoría. Ese escenario fue uno de los elementos que la Fiscalía tuvo en cuenta al configurar las imputaciones por contrabando y por fraude fiscal.

Antes del acuerdo, la petición inicial del Ministerio Fiscal contra el líder de la red era el doble de la ahora convenida: cuatro años de prisión y una multa de 24 millones de euros. La rebaja en la pena y la sustitución de la sanción económica por arresto responden, según la defensa, a la comprobada falta de capacidad económica del encausado y a la voluntad de concluir la vía penal con rapidez.

El caso cierra una etapa de procesos abiertos desde 2020 y ratifica las condenas que ya sufrieron otros implicados en 2022, aunque dejará en manos de la ejecución penal la decisión definitiva sobre la suspensión. El abogado del acusado, Manuel Ferreiro, adelantó que solicitará la suspensión de la pena y subrayó que la condición de insolvente del investigado hace inviable el pago de la cuantiosa multa, mientras que las autoridades mantienen el control sobre los posibles bienes y las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento.