¿Está preparada Galicia para afrontar la despoblación y la energía verde?

6 de abril de 2026 — Galicia vive una semana de contradicciones: mientras en las oficinas de la Xunta se discuten planes para acelerar la transición energética y en los muelles de Vigo se anuncian nuevas inversiones en logística y renovables, en las parroquias y aldeas más pequeñas se percibe otra emergencia que no se soluciona con parques eólicos ni con subvenciones puntuales. Las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha venido acumulando durante años dibujan un paisaje social que condiciona cualquier proyecto de futuro: sin gente joven, sin natalidad y con un tejido rural que se deshace, la prometida reconversión industrial y energética corre el riesgo de convertirse en un esfuerzo costoso y mal orientado. Este análisis semanal se ocupa precisamente de esa paradoja: Galicia que mira hacia la modernidad energética con las manos vacías de población disponible, y las consecuencias políticas y sociales de ese desequilibrio.

El invierno demográfico gallego: más que cifras

Hablar de Galicia en términos de demografía es hablar de un invierno que se ha prolongado más de una década. No son sólo números fríos: detrás de cada estadística hay escuelas que cierran, paradas de autobús vacías, mercados sin panaderías y alcaldes que ven desmoronarse el presupuesto municipal sin poder compensarlo con actividad económica. El INE sitúa con crudeza la tendencia irreversible: Galicia pierde población año tras año; de 2,78 millones de habitantes en 2008 ha pasado a 2,68 millones en 2025. Una pérdida de cien mil almas en menos de dos generaciones que tiene efectos acumulativos. La caída del saldo vegetativo, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones, se ha mantenido en números rojos sistemáticamente y ha sido la principal palanca de ese descenso.

La tasa de natalidad en Galicia es uno de los indicadores más preocupantes: 5,8 nacimientos por mil habitantes, la más baja de España. Esa cifra, además de suponer una llamada de alarma inmediata, explica por sí sola muchas de las políticas públicas que hoy se perciben como a corto plazo insuficientes. Con menos de seis nacimientos por cada mil personas, proyectar la reposición generacional se vuelve una hipótesis anémica: las escuelas no recuperan las aulas, los servicios sanitarios para la infancia reducen plantilla, y los municipios pierden capacidad fiscal y servicio. El envejecimiento es igualmente apremiante: el 26,4% de la población tiene más de 65 años. En una comunidad que históricamente ha emigrado, ese dato significa que la pirámide poblacional se ha invertido, con una amplia base de población mayor dependiente y una cúspide de generaciones activas menguante.

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El fenómeno se expresa con más dramatismo en el medio rural, donde la despoblación no es sólo un fenómeno demográfico sino cultural y económico. En Galicia existen alrededor de 1.200 parroquias con menos de 50 habitantes, núcleos que en muchos casos son espacios de vida de personas mayores, con servicios básicos concentrados a kilómetros de distancia. La desaparición del tejido social se muestra también en el cierre de infraestructuras esenciales: 47 escuelas rurales han echado el cierre en los últimos cinco años. No son cifras anecdóticas; cada cierre es la constatación de una comunidad que deja de ser viable, de una infancia que pierde la escuela del pueblo y, con ella, una pieza clave de convivencia y arraigo.

Estos datos convierten en insuficientes las aproximaciones a la crisis demográfica que siguen sosteniendo medidas clásicas de corte fiscal o subvencional sin integrar una perspectiva territorial y de largo plazo. La pregunta que subyace es clara: ¿qué modelo de Galicia queremos para 2035 o 2040 si las proyecciones actuales se mantienen? Mantener la infraestructura productiva y apostar por la transición energética sin resolver el déficit demográfico equivale a edificar sobre arenas movedizas: puede que consigamos parques eólicos e inversiones en infraestructuras, pero sin gente joven para trabajar y fijarse en el territorio, muchos de esos proyectos quedarán subcontratados desde fuera, con escaso efecto reequilibrador en los municipios que más lo necesitan.

Las políticas que no llegan

En este contexto, el denominado Programa Galicia Rural de la Xunta ha venido anunciando actuaciones de diversa índole: incentivos fiscales para el asentamiento de jóvenes emprendedores, ayudas a la digitalización de pequeños municipios y paquetes de inversiones en infraestructuras básicas. Sin embargo, la lectura crítica de su implementación revela brechas importantes entre el discurso y el impacto real. Muchas de las ayudas son temporales, con tramos de cofinanciación que exigen capacidad de inversión previa por parte de los municipios o de los propios solicitantes, algo que no siempre existe en parroquias con presupuestos exiguos. Además, los plazos burocráticos y la complejidad administrativa limitan la efectividad de los programas en zonas donde hay escasa capacidad técnica municipal para preparar proyectos y justificar subvenciones.

Por otra parte, las políticas directas de apoyo a la natalidad han probado ser insuficientes frente a un fenómeno multifactorial en el que confluyen empleo precario, dificultad de acceso a vivienda asequible, cambios en los patrones de pareja y maternidad, y la falta de servicios de conciliación. Las ayudas económicas por hijo o bonificaciones fiscales, tan repetidas en los discursos públicos, alivian en muchos casos el coste inmediato, pero no remueven los factores estructurales que llevan a las parejas a posponer o renunciar a tener descendencia.

«Estamos ante un proceso de desarticulación poblacional que no admite parches: la gravedad radica en la simultánea caída de natalidad, el envejecimiento acelerado y la pérdida sistemática de municipios como unidades viables. Si no actuamos con políticas integradas, veremos cómo la capacidad de Galicia para sostener servicios básicos y modelos productivos se erosiona de forma irreversible», advierte el demógrafo Xosé Manuel Varela, catedrático de Demografía en la Universidad de Santiago de Compostela.

La advertencia de Varela apunta a la necesidad de mirar las políticas con lupa: no es suficiente impulsar ayudas por hijo y cantar titularidades; se requiere una hoja de ruta que combine vivienda asequible, movilidad y transporte público rural, servicios de cuidado y salud, conectividad digital de alta calidad y, sobre todo, empleos estables bien remunerados que anclen a las cohortes jóvenes.

La inmigración como tabla de salvación

En medio de este paisaje sombrío, la inmigración aparece como una de las pocas palancas capaces de mitigar el declive poblacional a medio plazo. No se trata de una panacea ni de una sustitución mágica de la natalidad, pero sí de una oportunidad real si se diseña y gestiona de forma coherente. En los últimos años Galicia ha visto un crecimiento sostenido de comunidades latinoamericanas, especialmente concentradas en las principales áreas urbanas: Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela.

Los datos del padrón de 2025 reflejan esa tendencia: en Galicia hay alrededor de 97.000 extranjeros empadronados, lo que representa aproximadamente un 3,6% del total de la población regional. Pero la distribución es enormemente desigual: las grandes ciudades concentran la mayor parte de ese crecimiento. En Vigo, por ejemplo, los empadronamientos de extranjeros superan los 28.000, con comunidades latinoamericanas muy presentes en barrios obreros y en sectores productivos clave. A Coruña registra cerca de 18.000 extranjeros empadronados, mientras que Santiago alberga alrededor de 9.500.

Pero la inmigración también plantea retos: la integración laboral y social requiere políticas activas de formación profesional, reconocimiento de competencias, acceso a la vivienda y servicios públicos, y medidas contra la precariedad laboral y la discriminación. Además, la concentración de población extranjera en los grandes núcleos urbanos no soluciona por sí sola la agonía del medio rural: por ahora, la inmigración no compensa la caída demográfica en las parroquias más pequeñas y lejanas.

La transición energética: entre la oportunidad y la resistencia

Galicia ha entrado en la conversación nacional como un territorio con músculo renovable: con 4.200 megavatios eólicos instalados se sitúa ya como la tercera comunidad autónoma de España en potencia eólica. Ese dato, frío en las tablas del operador del sistema, se traduce en un relato dual que recorre desde la fatiga productiva de comarcas rurales hasta la ambición de seducir inversiones industriales que sustituyan a viejos motores económicos. La transición energética, que para muchos debe ser la palanca de la retoma económica y el cumplimiento de los objetivos climáticos, topa aquí con paisajes muy concretos: si bien los aerogeneradores son ya un elemento habitual en crestas y laderas, la multiplicación de macro-parques proyectados despierta una resistencia social y ambiental que obliga a replantear no solo el dónde sino el cómo y para quién se despliegan las infraestructuras.

Los proyectos de grandes dimensiones que afectan a la Serra do Xistral y a la Serra da Cova da Serpe han aflorado un conflicto de intereses que no se resuelve con cifras de megavatios. La Serra do Xistral, con sus brezales, turberas y una biodiversidad que incluye especies protegidas, es hoy un símbolo de la tensión entre conservación y generación renovable. Frente a la expansión planteada por promotores, han surgido plataformas ciudadanas como Vento Vivo y SOS Serra do Xistral que agrupan a vecinos, técnicos y conservacionistas y que han convertido estas sierras en el epicentro de alegaciones, movilizaciones y recursos ante la administración.

Quienes defienden la implantación masiva de energías renovables hablan de empleos, ingresos municipales y la contribución imprescindible a la descarbonización. Y tienen razón: en zonas donde el tejido industrial se ha deshilachado, los proyectos energéticos son vistos como una tabla de salvación potencial. Pero la oposición ciudadana ha logrado que el debate público se centre en la justicia territorial: ¿por qué deberían asumir pueblos y montes la carga visual, sonora y ecológica de la transición si los retornos económicos son exiguos y las decisiones se toman lejos?

As Pontes: la reconversión que nunca llega

As Pontes es, en estos momentos, la representación más dolorosa de las promesas incumplidas que puede dejar la transición si no se acompasa con políticas industriales. La central térmica de Endesa, emblema de una Galicia carbonizada durante décadas, cerró definitivamente en 2022. Fue un hito reclamado por el objetivo climático y celebrado por sectores ecologistas, pero el cierre puso en primer plano la deuda social que acarrea la descarbonización: una comarca entera vio desaparecer su principal fuente de empleo directo e indirecto.

La realidad en la comarca es compleja: el desempleo se ha disparado y la percepción dominante entre muchas familias es que la reindustrialización prometida ha sido, hasta la fecha, lenta y fragmentaria. Endesa llegó a plantear un proyecto de centro de datos en las instalaciones de la central que, sobre el papel, supondría una alternativa de alto valor añadido. Sin embargo, a la espera de decisiones definitivas, la expectativa se ha convertido en frustración para muchos trabajadores.

«Nos prometieron una reconversión inmediata y digna y lo que hemos vivido es una sucesión de anuncios que no han generado trabajo estable para la comarca; la gente necesita certezas, empleos de calidad y un plan realista y comprometido por parte de las empresas y las administraciones», comenta un representante de CCOO que sigue de cerca la evolución social en As Pontes.

Hidrógeno verde: ¿el futuro de Ferrol?

En el puerto de Ferrol asoma la promesa de una nueva era industrial con el proyecto de hidrógeno verde impulsado por consorcios como Reganosa y Repsol, que han dibujado una inversión prevista que ronda los 1.400 millones de euros. Se trata de una apuesta ambiciosa: la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables, destinada a usos industriales y de transporte, encaja con los planes europeos de descarbonizar sectores difíciles como el marítimo y el siderometalúrgico.

No obstante, las cifras de inversión y la retórica de modernización conviven con prudencia y escepticismo entre la ciudadanía y los agentes locales. Los plazos manejados por las empresas son largos y están condicionados a la obtención de autorizaciones, permisos ambientales y la securización de cadenas de suministro. Los vecinos preguntan por los empleos reales que generará la planta, por su viabilidad frente a fluctuaciones regulatorias y por el impacto ambiental de infraestructuras complementarias. El hidrógeno verde aún exige una maduración tecnológica y de mercado que introduce incertidumbres: los defensores destacan su potencial, mientras que los escépticos subrayan la distancia entre la expectación inversora y los empleos estables que exige la transformación territorial.

Fotovoltaica: el nuevo frente

Mientras los molinos y los proyectos de hidrógeno acaparan titulares, se está abriendo otro frente que ha de moldear el paisaje rural gallego: la proliferación de proyectos fotovoltaicos, con especial incidencia en provincias como Ourense y Lugo. La solar fotovoltaica, por su modularidad y costo decreciente, se ha convertido en una opción atractiva para promotores y para municipios con terrenos disponibles. Pero esa demanda de terreno coloca en tensión usos históricamente complementarios: terrenos agrícolas y ganaderos frente a la instalación de paneles solares a gran escala.

El conflicto es tangible. Agricultores y ganaderos de Ourense y Lugo temen que la ocupación de suelos fértiles por parques solares no solo reduzca la superficie disponible para cultivos y pastos, sino que también fragmente explotaciones y encarezca la renta de la tierra. Asociaciones agrarias y sindicatos reclaman que la planificación distinga claramente entre suelo rústico de alto valor productivo y terrenos marginales aptos para instalaciones, y demandan criterios de priorización que favorezcan la actividad agroalimentaria y la multifuncionalidad del territorio.

Dos crisis, una solución: fijar población con empleos verdes

La conexión entre demografía y energía deja de ser una tesis académica para convertirse en una palanca práctica: la transición energética puede —y debe— ser una de las herramientas más potentes para afianzar población en el rural gallego. Galicia, con su malla de vientos atlánticos, su potencial de biomasa y la disponibilidad de suelo industrial y agrario, tiene condiciones objetivas para generar empleo verde en territorios que hoy registran envejecimiento acelerado y descenso poblacional. No se trata únicamente de poner aerogeneradores o paneles solares: se trata de generar cadenas de valor locales —mantenimiento, logística, servicios asociados, formación— que ofrezcan empleos estables y con salarios competentes, capaces de retener a jóvenes y atraer a profesionales con familia.

Ya hay señales prácticas de ese encaje entre ruralidad y energía: en los últimos años han surgido ejemplos de técnicos de mantenimiento eólico que, tras formarse en centros especializados, optan por instalarse en pueblos del interior porque allí encuentran alojamientos más asequibles, menos desplazamientos para cubrir varios aerogeneradores repartidos por la comarca y la posibilidad de conciliar con la vida familiar. En municipios como Celanova, O Courel o A Fonsagrada se observan pequeñas colonias profesionales vinculadas a la energía: personal de mantenimiento que monta su taller en una nave local, empresas de servicios que contratan a vecinos y vecinos que encuentran su primer empleo técnico cercano a casa.

Dinamarca y Noruega han mostrado, con modelos distintos pero convergentes, que la energía puede ser un vehículo de cohesión territorial. En Dinamarca, el largo proceso de democratización del sector eólico permitió la aparición de cooperativas y comunidades locales propietarias de aerogeneradores ya en las décadas de 1970 y 1980; ese arraigo local generó no solo aceptación social, sino también beneficios económicos que se tradujeron en mantenimiento, hostelería, turismo y reinversión comunitaria.

Cooperativas energéticas: el modelo que funciona

En la península Ibérica existen ya ejemplos nítidos de que ese modelo no es un privilegio escandinavo. GoiEner, en el País Vasco, y Som Energia, en Cataluña, son dos cooperativas que han demostrado la viabilidad de la comunitarización de la producción eléctrica. Som Energia, creada en 2010, agrupa a decenas de miles de socios y ha promovido instalaciones compartidas que combinan producción renovable con criterios de proximidad; GoiEner, con un recorrido similar, ha conectado a ciudadanos, municipios y pequeños inversores para articular proyectos que se sostienen con la participación local.

Entonces, la pregunta pertinente es: ¿por qué no existe una alternativa equivalente en Galicia con la envergadura de GoiEner o Som Energia? Las razones son múltiples: menor tradición de cooperativismo energético, barreras administrativas y complejidad regulatoria, fragmentación de iniciativas locales y ausencia de un plan de acompañamiento institucional robusto. Sin embargo, el potencial es evidente. Las comunidades energéticas rurales podrían convertirse en vectores de empleo técnico, contrataciones locales de mantenimiento, pequeñas factorías de ensamblaje y centros de formación profesional vinculados a las renovables.

«La transición energética es la oportunidad más tangible que tiene el medio rural para recuperar tejido económico y demográfico. Si vinculamos formación técnica, incentivos a la propiedad local y soporte financiero, podemos convertir la salida energética en una política de fijación de población», explica Javier Rey, economista especializado en desarrollo rural. «No es solo energía: es empleo cualificado, contratos estables y una nueva base fiscal local que puede sostener servicios que hoy están desapareciendo».

Lo que Galicia necesita: una política integrada

La crítica que se repite entre técnicos y alcaldes es clara: la Xunta gestiona demografía y energía como silos separados. Mientras la Consellería que diseña las políticas de población anuncia programas de revitalización y la consellería competente en transición energética aprueba parches regulatorios, no existe una hoja de ruta unificada que ligue directamente proyectos renovables con planes de formación, vivienda asequible, red de transporte local y programas de emprendimiento rural.

La propuesta concreta es ambiciosa pero clara: un plan integral Galicia 2030 que vincule, de forma operativa, la política demográfica y la transición energética. Ese plan debería incluir una línea de subvenciones para comunidades energéticas rurales, cláusulas de empleo local que prioricen cooperativas gallegas, programas de formación profesional específicos para técnicos de renovables vinculados a las comarcas con mayor despoblación, incentivos fiscales para pequeñas empresas que monten talleres de mantenimiento en municipios de menos de 5.000 habitantes y un banco de suelo y naves públicas para incubar instalaciones comunitarias.

Es imprescindible situar esta propuesta en relación con el Plan de energías renovables 2026-2030 de la Xunta, que fija objetivos de potencia instalada y medidas para agilizar procedimientos. Sin embargo, ese documento ofrece una oportunidad desaprovechada si no incorpora vinculaciones explícitas con políticas de fijación de población. Acelerar permisos y optimizar redes está bien, pero si no se incluyen cláusulas de empleo local, planes de formación y mecanismos de participación ciudadana, los parques seguirán siendo proyectos extractivos de valor económico que no se traducen en tejido social.

Conclusión: el reloj demográfico no espera

La ventana para transformar la transición energética en una política de fijación de población es estrecha. El envejecimiento, las tasas de natalidad bajas y la dispersión de servicios han colocado a Galicia ante un reloj demográfico que marcha sin freno. Pero la buena noticia es que la propia transición, si se diseña con ambición social y territorial, puede ser el mecanismo capaz de detener y revertir parte de ese proceso. Galicia tiene viento, biomasa, capacidad industrial y una red de pueblos que encarna la identidad del territorio; lo que falta es valentía política, coordinación institucional y modelos de propiedad energética que devuelvan el control al territorio.

Podemos imaginar, dentro de una década, un mapa gallego en el que las cooperativas energéticas gestionen parte de la producción renovable, en el que técnicos formados en institutos locales atiendan parques eólicos repartidos por las montañas, y en el que los ingresos generados por la energía se reinviertan en guarderías, transporte y rehabilitación de viviendas. Ese escenario daría sentido a la política local y ofrecería una alternativa real a la emigración.

Galicia puede convertirse en laboratorio europeo de soluciones integradas: pruebas piloto de comunidades energéticas rurales, alianzas con universidades para formar técnicos, programas de repoblación condicionados a proyectos verdes, y una regulación autonómica que facilite la existencia de cooperativas con acceso a financiación y suelo. No es una utopía técnica, sino una estrategia de política pública plenamente realizable si existe voluntad política y coordinación.

Que no nos sorprenda dentro de unos años comprobar que la energía que consumimos se generaba aquí, que los empleos técnicos se pagaban con impuestos que sostienen la escuela del pueblo y que las plazas del monte volvieron a llenarse con familias que eligieron quedarse. Es una decisión política que no admite más dilación: o construimos Galicia 2030 como un proyecto integrado o dejamos que el reloj demográfico marque la pauta del despoblamiento. Las soluciones están sobre la mesa y los ejemplos, dentro y fuera de nuestras fronteras, muestran el camino. Aún podemos elegir.

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