La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó el miércoles que el expresidente y actual líder de FAES, José María Aznar, debería ser condenado y encarcelado por las declaraciones que realizó sobre la guerra en Irán, en las que, según ella, invita a España a ignorar el derecho internacional. Belarra hizo estas manifestaciones en el programa de TVE «Malas Lenguas» y durante un acto en Valladolid en el que acompañaba al candidato de su formación en Castilla y León. La dirigente vinculó las palabras de Aznar con un riesgo real de incitación a la vulneración de la normativa humanitaria internacional y reclamó al Gobierno medidas concretas. Su intervención se produjo en el contexto del conflicto en Oriente Próximo iniciado a finales de febrero y que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la intervención extranjera y la seguridad global.

El origen de la polémica fueron unas declaraciones de Aznar, en su calidad de presidente de la Fundación FAES, en las que defendía que podía estar «más que justificado» intentar cambiar un régimen que, a su juicio, vulnera las reglas internacionales y supone una amenaza para la seguridad mundial. Esas afirmaciones han sido interpretadas por Belarra y por otros sectores de la izquierda como un llamamiento a la práctica de intervenciones que supondrían saltarse los acuerdos y convenciones que regulan los conflictos armados.

Belarra acusó al ex jefe del Gobierno de lanzar mensajes que rozan la incitación a cometer crímenes de guerra y subrayó que la impunidad de discursos de esa naturaleza alimenta la normalización de la violencia política. En su intervención argumentó que, más allá de la condena verbal, la gravedad de las palabras de Aznar exige una respuesta penal y política que, en su opinión, incluiría la pérdida de libertad si se demostrara que sus afirmaciones constituyen una apología de la vulneración del derecho internacional humanitario.

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La secretaria general aprovechó para reactivar lo que Podemos denomina su «plan anti Trump», una batería de propuestas que, según explicó, deben traducirse en medidas legislativas y ejecutivas y no quedarse en declaraciones. Entre las iniciativas que la formación viene planteando figuran la nacionalización de Repsol, la creación de un banco público y la intervención sobre determinados fondos de inversión inmobiliaria, propuestas que enlazan con su estrategia de distanciar a España de alianzas militares que, a su juicio, facilitan actuaciones externas.

En la misma línea, Belarra reclamó el cierre inmediato de las bases estadounidenses en territorio español y la salida del ejército norteamericano del país, con el argumento de que mantenerlas permitiría a terceros países utilizar infraestructura española en operaciones contra Irán. Esa petición forma parte, dijo, de la respuesta para impedir que «nuestro suelo sirva de plataforma logística» en conflictos en los que España no debe participar.

La dirigente morada también se refirió a la reciente detención de dos hombres que, según fuentes policiales, enviaron cientos de mensajes amenazantes a políticos y activistas. Belarra enmarcó esos ataques en campañas dirigidas a «mujeres de izquierdas» con presencia pública, que buscan expulsarlas del debate público y acallar sus posiciones. Para ella, el incremento del discurso de odio tiene relación con la supuesta inacción de las instituciones frente a quienes promueven o toleran ese clima.

Las declaraciones de Belarra han abierto ya un debate político sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad penal por discursos que puedan incitar a la comisión de delitos internacionales. Fuentes jurídicas consultadas por diversos medios recuerdan que la tipificación de apología o incitación exige un análisis pormenorizado del contenido y del contexto, y que cualquier acción penal debería respetar las garantías procesales. En el ámbito político, es previsible que su intervención reciba reacciones enfrentadas que intensifiquen la polarización en torno a la gestión de la crisis internacional.

En el acto en Valladolid, donde Belarra acompañó al candidato Miguel Ángel Llamas, la secretaria general insistió en que el Gobierno no puede limitarse a «buenas palabras» y debe materializar una política exterior y de seguridad que refleje el rechazo a la guerra. Su mensaje combina la exigencia de rendición de cuentas para voces como la de Aznar con una hoja de ruta programática que Podemos quiere ver plasmada en normas y actuaciones concretas por parte del Ejecutivo central.