En Madrid, el 11 de marzo de 2026, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, restó importancia a las reclamaciones que han surgido tras la puesta en marcha de los tribunales de instancia y señaló que las principales quejas proceden de comunidades con competencias transferidas, como Madrid y Andalucía. El ministro hizo estas declaraciones tras reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y aprovechó para anunciar la creación de 200 nuevas plazas de fiscales. La comparecencia tuvo lugar en un contexto de fuertes tensiones institucionales por la reorganización judicial que entró en vigor el 2 de enero.

Bolaños calificó las incidencias comunicadas por tribunales superiores, decanatos y colegios de abogados como cuestiones «menores» y aseguró que se resolverán en las próximas semanas. A pesar del tono conciliador del titular de Justicia, los informes remitidos al Consejo General del Poder Judicial describen problemas operativos que, según esas instancias, están condicionando la actividad cotidiana de los órganos judiciales. El ministro sostuvo que la menor parte de las críticas proviene de administraciones que no gestionan la Justicia y que, por tanto, hay comunidades más críticas por razones administrativas.

Los documentos enviados al CGPJ recogen dificultades para trabajar con lo que denominan «equipos flotantes» de funcionarios, la existencia de sedes fragmentadas que dificultan la prestación de servicios comunes y fallos en aplicaciones informáticas esenciales para las vistas y la tramitación de procedimientos. Abogados y decanos alertan de que la dispersión de sedes y la rotación de personal complican la coordinación entre magistrados y el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales. Estas quejas han motivado que el propio Poder Judicial prepare una respuesta para explicar los efectos prácticos de la implantación del nuevo modelo.

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El cambio normativo, aprobado con la ley de Eficiencia, suprimió la estructura tradicional basada en un juez titular con su letrado y plantilla adscrita y dio paso a los tribunales de instancia, que agrupan a varios magistrados compartiendo servicios comunes. El Gobierno defiende que la reforma busca una gestión más eficiente de recursos y una mayor flexibilidad organizativa, pero la transición está dejando desafíos operativos, especialmente en la coordinación de personal y en la configuración física de las sedes. La adaptación exige además procedimientos claros para la gestión de recursos humanos en un escenario más inmóvil y compartido.

Desde los ámbitos judiciales se apunta que la figura de los «equipos flotantes» genera inestabilidad en la asignación de funciones y en la continuidad de los procedimientos, lo que, según algunas fuentes, repercute en los plazos y en la calidad del servicio. Las sedes dispersas obligan a desplazamientos que consumen tiempo y recursos y complican la constitución de las salas y la atención a ciudadanos y profesionales. Las incidencias informáticas, por su parte, han obligado a aplazar vistas y ralentizar trámites administrativos en órganos concretos.

En su intervención, Bolaños vinculó la posibilidad de ampliar el número de fiscales con la entrada en vigor de la nueva organización judicial y defendió las convocatorias de empleo público como respuestas necesarias para reforzar la estructura. El Ejecutivo ha convocado una oposición para cubrir 575 plazas en lo que ha calificado de proceso «histórico», al que se suman las 200 nuevas plazas de fiscal anunciadas tras la reunión con la Fiscalía General. Para el ministro, este paquete de plazas permitirá adaptar las plantillas a la nueva realidad procesal y aliviar tensiones originadas durante la implantación.

La fiscal general, presente en el encuentro, mostró disposición al diálogo institucional y coincidió en la necesidad de implementar medidas de apoyo técnico y organizativo para minimizar las disfunciones detectadas. No obstante, fuentes del Ministerio y del Poder Judicial reconocen que la coordinación con las comunidades que gestionan la competencia será determinante para atajar problemas concretos en sedes y plantillas. El calendario previsto por el Ejecutivo sitúa gran parte de las soluciones en los próximos meses, aunque algunos colectivos exigen planes de contingencia más inmediatos.

La controversia sobre la reorganización judicial anticipa un debate más amplio sobre la gestión de la Justicia en el que se cruzan argumentos técnicos, administrativos y políticos. Mientras el Gobierno subraya la toma de medidas para dotar de más medios humanos a los tribunales, los órganos judiciales y los colegios de abogados reclaman mayor atención a los efectos prácticos de la reforma para garantizar que la reorganización no merme la eficacia ni la accesibilidad del servicio público. La resolución de estas tensiones será decisiva para que la promesa de eficiencia se traduzca en mejoras tangibles para los ciudadanos.