Félix Bolaños inició esta semana una ronda telefónica con los portavoces de varios grupos parlamentarios para recabar propuestas de un posible escudo social que mitigue el impacto económico de la escalada bélica en Oriente Próximo. Los contactos, que se produjeron desde el martes y se conocen el 11 de marzo de 2026, persiguen tanto articular medidas económicas como tranquilizar a los socios parlamentarios del Gobierno en Madrid. El ministro de la Presidencia quiere además evaluar opciones antes de que el Ejecutivo concrete un real decreto ley que, según fuentes oficiales, no se planteará hasta después de la reunión del Consejo Europeo prevista para los días 19 y 20 de marzo. La iniciativa llega en un contexto de inquietud por la volatilidad de los mercados y el temor a efectos inflacionarios derivados del conflicto.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mostrado desde el estallido del conflicto disposición a activar instrumentos para contener el golpe económico, si bien la concreción de esas medidas depende ahora de un intercambio previo con las fuerzas que sostienen la mayoría parlamentaria. En esas conversaciones Bolaños se ha puesto en contacto con ERC, EH Bildu, PNV y BNG, según distintas fuentes parlamentarias, para analizar el alcance de las ayudas y tomar el pulso a las propuestas que cada formación pueda plantear. La llamada del ministro pretende, además, anticipar demandas y facilitar la negociación de una posible convalidación del decreto ley en el Congreso. Sumar, por su parte, ha criticado ya la lentitud con la que, a su juicio, el Gobierno está abordando un paquete de respuesta.

Desde el gabinete de la Presidencia insisten en que cualquier iniciativa tendrá que contar con el respaldo de los grupos, por lo que la recogida de aportaciones se presenta como un paso previo e imprescindible. Fuentes de ERC han avanzado que sus propuestas serán similares a las puestas sobre la mesa tras la invasión de Ucrania, orientadas a contener subidas de precios y a proteger a los colectivos más vulnerables. EH Bildu, según han transmitido sus portavoces, apunta también a medidas análogas a las adoptadas en crisis anteriores, incluidas las derivadas de tensiones arancelarias. El BNG y el PNV, según las mismas fuentes, preparan sus propias aportaciones que esperan remitir formalmente en las próximas jornadas.

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El calendario político condiciona la hoja de ruta del Gobierno: la cita comunitaria de finales de marzo marcará en buena medida el ritmo y la coordinación de posibles decisiones a escala europea, por lo que Madrid desea evitar movimientos aislados que luego resulten incompatibles con las acciones de Bruselas. Mientras tanto, la ejecución de un real decreto ley exige calibrar medidas que sean eficaces y que, al mismo tiempo, cuenten con suficiente respaldo en el Parlamento para su convalidación. El Ejecutivo pretende así combinar rapidez y consenso, dos elementos que no siempre resultan fáciles de conciliar en situaciones de emergencia internacional.

La movilización de recursos para amortiguar el choque económico provocaría costes presupuestarios y decisiones sobre su alcance, condiciones que obligan a un diálogo estrecho con los grupos que sustentan la investidura y con los partidos que puedan facilitar su aprobación. En este escenario, el Ministerio de la Presidencia trabaja en paralelo con otras carteras económicas para identificar instrumentos ya utilizados en crisis previas y evaluar su eficacia ante las circunstancias actuales. Los antecedentes de la guerra de Ucrania sirven como referencia directa, tanto por las medidas adoptadas entonces como por el aprendizaje en la implementación y en la negociación parlamentaria.

Las fuentes consultadas subrayan que, más allá de propuestas generales, existe interés por concretar la protección de los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía y a las disrupciones en las cadenas de suministro. Aunque desde el Gobierno rehúsan detallar ahora medidas concretas, la intención declarada es articular mecanismos que amortigüen la inflación y salvaguarden el poder adquisitivo de los hogares. Las discrepancias en el seno de la coalición y entre los socios parlamentarios obligan a mantener la discreción hasta disponer de un borrador lo bastante sólido como para someterlo a debate.

El intercambio de propuestas que ha abierto Félix Bolaños debe servir, en definitiva, para perfilar un paquete que combine rapidez y viabilidad política. Los grupos ya han anunciado que remitirán sus planteamientos en días próximos, lo que permitirá al Gobierno empezar a afinar medidas y estimaciones presupuestarias. En la plaza pública, tanto la oposición como los aliados vigilan las decisiones del Ejecutivo con la expectativa de que la respuesta sea proporcional a la magnitud del riesgo económico. La próxima semana se considera clave para acotar alternativas antes de la reunión europea que puede condicionar los pasos siguientes.