Cuatro personas fueron arrestadas el pasado viernes en Palma por, presuntamente, amenazar con un hacha, una catana de grandes dimensiones y un arma de fuego a los inquilinos de una habitación para forzarles a pagar más o abandonar el piso, según informó la Policía Nacional. Los agentes acudieron tras la llamada de una pareja que se encontró fuera de su vivienda con la cerradura cambiada y sus pertenencias retiradas. Los arrestados han sido imputados por delitos de coacciones y amenazas y la investigación sigue abierta para determinar la implicación de más personas en la gestión del alquiler.

La intervención policial se produjo después de que la pareja, al intentar regresar a su domicilio compartido, se encontrara imposibilitada de entrar y alertara al 091. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron al inmueble y, al hablar con los denunciantes, estos relataron que la víspera dos de sus compañeros de piso les habían obligado, tras una discusión, a salir de la habitación bajo la amenaza de usar las armas. Los afectados explicaron a los policías que no era la primera vez que recibían intimidaciones por parte de esos convivientes.

Al acompañar a la pareja hasta la puerta, los agentes comprobaron que la cerradura de la entrada principal había sido ya cambiada y que, cuando finalmente les abrieron, en el interior de la vivienda se encontraban tres hombres. Según el relato de los inquilinos, dos de esos presentes fueron los que, el día anterior, les habían amenazado. Al intentar acceder a la estancia que tenían alquilada, los perjudicados se encontraron con que también habían sustituido el bombín de la habitación.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Interrogados sobre el motivo del cambio de cerraduras, los hombres presentes en la vivienda aseguraron que habían actuado por orden de una mujer encargada de gestionar el alquiler del piso. Los policías exigieron la apertura de la habitación y, al entrar, localizaron a un hombre de avanzada edad que dijo haber alquilado la estancia esa misma tarde a una mujer. Los denunciantes comprobaron en ese momento que sus efectos personales ya no estaban en la habitación: habían sido retirados y apilados en la azotea del edificio.

Los agentes accedieron a la azotea y confirmaron que las pertenencias de los inquilinos fueron depositadas allí; además, incautaron diversas armas que los sospechosos emplearon durante la intimidación. Entre los objetos requisados figuran un hacha, una catana de grandes dimensiones y lo que los investigadores describieron como un arcabuz, junto con otras armas blancas. La Policía Nacional informó de que todos los detenidos fueron trasladados a comisaría y están imputados por amenazas y coacciones, mientras que la investigación avanza para esclarecer la dinámica del alquiler y la posible existencia de una gestión irregular.

Los hechos relatan una práctica de desalojo forzoso a través de la violencia psicológica y física, una situación que, según fuentes policiales consultadas, se encuadra en conflictos de convivencia y en ocasiones en tramas de subarriendo no autorizadas. En los últimos años, las fuerzas de seguridad de las islas han alertado sobre episodios similares en los que disputas entre inquilinos y gestores de pisos turísticos o de alquiler temporal acaban derivando en coacciones para recuperar estancias o cobrar rentas superiores a las pactadas.

Las víctimas, que según la Policía habían sufrido episodios previos de amedrentamiento, se mostraron afectadas por la pérdida temporal de acceso a sus enseres y por la amenaza explícita con armas. Los investigadores tratan ahora de localizar a la mujer que, según los detenidos, ordenó el cambio de cerraduras y la reubicación de la habitación a otra persona, así como de esclarecer si el hombre de mayor edad que ocupó la estancia actuó como tercero de buena fe o estaba al corriente de la operación.

La Policía Nacional mantiene las diligencias abiertas y no ha facilitado por el momento más detalles sobre la identidad de los arrestados ni sobre posibles medidas cautelares. Este caso pone de relieve, según fuentes judiciales, la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los inquilinos y de supervisión de los contratos de ocupación en contextos urbanos donde el alquiler y el subarriendo generan tensiones crecientes.