El cabecilla de una organización que fabricaba cigarrillos de forma ilegal en naves de Ourense y Pontevedra aceptó este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense una pena de dos años de cárcel y el pago de una multa de 12 millones de euros, por un delito de contrabando en concurso con un delito contra la hacienda pública, según informó el letrado del acusado. La conformidad entre la Fiscalía y la defensa busca cerrar la causa por la producción y exportación irregular de tabaco, actividad que habría utilizado mano de obra en situación administrativa irregular. La decisión judicial llega tras años de instrucción y después de que el líder permaneciera fugado hasta noviembre de 2023.

En la vista celebrada este miércoles se ratificó el acuerdo que habían firmado hace cuatro años otros siete miembros de la trama, que aceptaron penas similares. El procesado había liderado la red desde al menos febrero de 2020, cuando se estableció en la provincia adquiriendo naves para montar una estructura de fabricación y distribución. La Fiscalía y la defensa pactaron asimismo la imposición de responsabilidades civiles y la ejecución de la pena penal conforme a la ley. El letrado defensor explicó en sede judicial que se produciría valoración de la posible suspensión del ingreso en prisión.

Además de la multa económica, la sentencia fija un arresto de un año en caso de impago y establece el pago conjunto y solidario de una indemnización de 11.830.600 euros con el resto de condenados. La Sala ha indicado que, en la fase de ejecución, se evaluará la suspensión del cumplimiento efectivo de la pena porque el encausado no cuenta con antecedentes penales. La defensa alegó ante el tribunal que en una averiguación de bienes realizada en febrero constaba la insolvencia del condenado, un dato que será determinante en la ejecución de la sentencia.

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Según el escrito fiscal, la organización estaba compuesta por al menos ocho personas y funcionaba como una estructura estable y con ramificaciones internacionales. Para la producción empleaban a extranjeros en situación irregular a quienes, siempre según la acusación, retuvieron sin posibilidad de comunicarse con el exterior y les privaron de sus teléfonos móviles. Los trabajadores realizaban tareas a destajo en condiciones que encubrían una actividad industrial fuera de la normativa. El objetivo era fabricar grandes cantidades de tabaco para su posterior envío y venta fuera de los canales legales.

La trama camuflaba la actividad bajo la apariencia de una empresa de transportes, lo que facilitaba el envío en camiones del producto una vez manufacturado rumbo al extranjero. El líder se asentó en Ourense en 2020 y adquirió una nave industrial en el Ayuntamiento de Coles, además de otra en Oliveira, en el municipio de Ponteareas, para consolidar la producción. La fiscalía sostiene que la organización controlaba los traslados del material y vigilaba a los empleados para evitar fugas de información. Las pruebas recabadas durante la instrucción permitieron identificar la cadena logística y las conexiones internacionales.

La causa suma delitos de contrabando y contra la hacienda pública por la elusión de impuestos y el comercio ilegal de tabaco, un negocio que reporta importantes beneficios a costa de la seguridad laboral y fiscal. La multa millonaria y la indemnización pretenden resarcir el perjuicio económico causado al erario público y desincentivar este tipo de prácticas. Las autoridades judiciales y de investigación han insistido en la necesidad de perseguir redes que explotan a personas vulnerables y operan con estructuras opacas para eludir controles.

En el proceso penal ha pesado también la condición de fugado del acusado, que no compareció en la vista inicial y fue localizado y detenido en noviembre de 2023, según consta en el sumario. La conformidad alcanzada ahora evita un juicio largo y acuerda para el cabecilla la misma pena aceptada por sus coacusados hace años. No obstante, la ejecución de la sanción económica y la comprobación de la insolvencia determinarán si finalmente ingresa en prisión o le es suspendido el cumplimiento de la pena. El procedimiento civil paralelo para el cobro de la indemnización seguirá su curso.

El caso se enmarca en una campaña más amplia contra el contrabando de tabaco en España y la explotación laboral ligada a esas mafias, que han proliferado con estructuras industriales improvisadas. Los investigadores han subrayado la sofisticación logística de la red, que mezclaba producción clandestina con empresas pantalla para la exportación. Con la conformidad judicial de este miércoles, el procedimiento da un paso hacia su cierre, aunque las consecuencias económicas y las investigaciones sobre posibles ramificaciones internacionales continúan abiertas.