SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 de marzo — Tras más de tres años de ausencia, las principales organizaciones ecologistas de Galicia han vuelto hoy al Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (Cogamads) para exigir la dimisión de la conselleira responsable de la política ambiental. El gesto, celebrado en la sede de la Xunta en Santiago, se produjo en paralelo al debate sobre dos anteproyectos legislativos que la administración autonómica pretende impulsar en los próximos meses.

Regreso crítico: razones y reproches

El reingreso al foro consultivo no fue casual. Adega, la Federación Ecoloxista Galega y la Sociedade Galega de Historia Natural abandonaron el Consello hace más de tres años alegando una actitud que calificaron de «obstruccionista y antidemocrática» por parte de la conselleira. Hoy, esas mismas entidades entregaron una declaración conjunta en la que piden la dimisión de Ángeles Vázquez y denuncian lo que consideran un trato de desprecio de la Xunta hacia las organizaciones sociales y hacia la legislación ambiental.

Las asociaciones han vuelto con dos argumentos judiciales recientes en la mano: fallos que, según sus portavoces, avalan críticas sobre la Estratexia Galega de Infraestrutura Verde y señalan la «desprotección» de determinados espacios frente a proyectos industriales, citando de forma expresa un proyecto impulsado por Altri. También traen al Consello la cuestión de la suspensión de batidas de lobos en varios ayuntamientos, otra medida que, aseguran, pone en cuestión la coherencia de la política ambiental autonómica.

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En su comunicado conjunto, los ecologistas emplearon un lenguaje contundente y poco habitual en debates técnicos: acusan a la Xunta de mostrar «una preocupante falta de criterio» que «se acerca al acientifismo» y de adoptar «comportamientos trumpistas» en la gestión ambiental de Galicia. La vuelta al Consello, insistieron, pretende reclamar espacio de diálogo y exigir responsabilidad a la hora de articular normas que afectan a territorio, biodiversidad y paisajes rurales tan sensibles como los gallegos.

Desde la Xunta, fuentes oficiales sostuvieron que el Consello es el cauce idóneo para escuchar posiciones encontradas y evitar la judicialización permanente. No obstante, la tensión está servida: la presencia de las organizaciones ecologistas por primera vez en años obliga al Ejecutivo autonómico a manejar la discrepancia públicamente, y no solo en despachos.

Dos anteproyectos que tensan la discusión

Precisamente en la reunión de este miércoles la conselleira puso sobre la mesa dos textos que, en su opinión, son «trascendentales» para la gestión ambiental de la comunidad. El primero es el anteproyecto de la ley de administración ambiental simplificada, que la Xunta prevé aprobar antes del verano y remitir después al Parlamento para su trámite. Según Ángeles Vázquez, la norma busca «menos burocracia y más eficacia» y la creación de «una ventanilla única» para los promotores.

«Menos burocracia y más eficacia», afirmó la conselleira al defender que la nueva norma dará seguridad jurídica y permitirá tramitar por primera vez todos los procedimientos ambientales en línea.

En la explicación técnica, la conselleira detalló que la elaboración de ese anteproyecto arrancó en 2024, que se recibieron 55 alegaciones y que finalmente fueron admitidas 17. Aseguró, además, que la consellería maneja alrededor de 100 expedientes «vivos» a lo largo del año entre modificaciones y nuevos proyectos, argumento con el que justifica la necesidad de simplificar trámites autonómicos y locales para evitar duplicidades.

El segundo texto en discusión es el anteproyecto de la ley de lucha integral contra los incendios forestales, cuyo trámite comenzó en 2023 y que la Xunta quiere remitir al Parlamento antes de que acabe 2026. La secretaria xeral técnica de Medio Rural, Marta Forés, defendió hoy que la norma pretende una «visión de lucha completa» que integre prevención y extinción, y recordó que la legislación vigente data de 2007 y fue objeto de revisión pendiente desde 2021 tras la comisión parlamentaria creada después de los incendios de 2017.

Repercusiones políticas y judiciales

La reaparición de las organizaciones ecologistas en el Consello no es un mero gesto simbólico: abre una nueva etapa de presión pública y técnica sobre la Xunta. Si en los últimos años la crítica a las políticas eólicas y a ciertos desarrollos industriales se canalizó por la vía judicial, ahora hay además una voluntad explícita de volver al terreno del debate institucional, aunque con tono exigente. Según fuentes cercanas a las organizaciones consultadas fuera del Consello, la intención es vigilar de cerca la tramitación de ambos anteproyectos y presentar alegaciones y propuestas concretas.

En el plano político, la situación complica la hoja de ruta del Gobierno gallego. La promesa de agilidad administrativa y «ventanilla única» puede resultar atractiva para empresas y promotores, pero al mismo tiempo alimenta la desconfianza de colectivos que interpretan la simplificación como una fórmula para acortar controles ambientales. La fotografía de Santiago de hoy —ecologistas exigiendo la dimisión y la conselleira defendiendo reformas normativas— anticipa debates ásperos en el Parlamento autonómico y posibles nuevos recursos en los tribunales.

La agenda también está marcada por la memoria reciente: Galicia sigue pagando el precio político y social de los grandes incendios que arrasaron extensas superficies a finales de la pasada década. La ley de incendios prometida en 2021 fue un compromiso iterado públicamente y su retraso prolongado ha generado recelos entre ayuntamientos, propietarios forestales y asociaciones vecinales que reclaman medidas efectivas y financiación. Todo ello en un escenario de despoblación rural y presión sobre el paisaje que complica cualquier reforma.

Si la Xunta sigue su calendario —anteproyecto ambiental antes del verano y ley de incendios antes de 2027—, las próximas semanas serán clave. Habrá consultas públicas, alegaciones y, casi con seguridad, movilización ciudadana. El regreso de las organizaciones ecologistas al Consello supone, al menos, un reequilibrio: la voz crítica vuelve al foro y plantea que, más allá de la eficiencia administrativa, la legitimidad de las leyes pasará por demostrar que protegen la biodiversidad, respetan sentencias que apuntan a desprotecciones y responden a una ciudadanía que exige transparencia.

Para Galicia, con su paisaje fracturado entre parques eólicos, explotaciones industriales y montes comunales, el choque entre simplificación normativa y protección ambiental no es abstracto. Veremos si la Xunta consigue conciliar los tiempos de la administración con los ritmos de la justicia y la sociedad civil, o si el escenario deriva en más conflictos abiertos que remitirán de nuevo a los tribunales y a las plazas.