El Ministerio Público reclama cinco años de prisión para Alejandro S. B., acusado de participar en un robo con violencia e intimidación ocurrido la tarde del 2 de septiembre de 2022 en la avenida Ribeira Sacra, junto al centro comercial Ponte Vella de Ourense. Según la Fiscalía, el ataque se produjo tras burlas por la condición de la víctima, que era transexual, y culminó con la sustracción de una bandolera y de documentos personales. El juicio, celebrado en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, quedó visto para sentencia tras las pruebas y las declaraciones practicadas en la vista oral. La principal perjudicada no pudo testificar en la sala porque falleció en septiembre de 2022, lo que marcó el desarrollo del proceso.

La acusación relata que los hechos se iniciaron sobre las siete de la tarde, cuando un grupo se dirigió a la mujer al advertir que llevaba otra prenda debajo de la camiseta. La víctima, identificada en la causa como M.A.C.C., respondió que se trataba de un sujetador por su condición de transexual, y los miembros del grupo comenzaron a humillarla y a exigirle sus pertenencias. En un primer momento la afectada creyó que era una broma, pero al intentar alejarse uno de los jóvenes la sujetó del brazo derecho. En ese momento, según las diligencias, el procesado aprovechó para arrebatarle la bandolera que llevaba cruzada.

El fiscal sostiene que los agresores se dedicaron a lanzar la bandolera entre ellos, riéndose para impedir que la víctima la recuperara, y que el acusado la escondió tras su cuerpo para facilitar que otros sacasen objetos del interior. La aparición de una amiga permitió recuperar momentáneamente la bolsa, pero la denunciante notó después que le faltaba la cartera con el DNI, la tarjeta sanitaria, el billete de autobús y un billete de cinco euros, por lo que regresó para reclamar sus efectos. La fiscalía mantiene que entonces el acusado le devolvió la cartera vacía y la instó a marcharse, mientras otro integrante del grupo profería insultos de carácter transfóbico y llegó a propinarle un bofetón cuando ella reaccionó.

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En la vista, la Fiscalía calificó los hechos como un delito de robo con violencia e intimidación y pidió la aplicación de las agravantes de abuso de superioridad y de motivación por discriminación hacia la orientación sexual de la víctima. El ministerio público considera a Alejandro S. B. coautor del delito y solicita para él cinco años de prisión por la conducta descrita en el escrito de acusación. La petición penal incluye asimismo las consecuencias derivadas de la comisión del delito con un móvil discriminatorio, lo que eleva la gravedad de los hechos a juicio del fiscal.

El desarrollo del juicio quedó condicionado por la ausencia del testimonio directo de la perjudicada y la defensa del acusado centró su intervención en negar la autoría durante el interrogatorio de su abogada. La Sala analizó las pruebas documentales y la versión aportada por agentes de la Policía Nacional, que participaron en la diligencia de reconocimiento fotográfico y describieron la dinámica de la sustracción. Uno de los policías relató que los agentes observaron cómo la víctima había sido objeto de burlas por llevar un sujetador bajo la camiseta, momento en el que le fue sustraída la riñonera y vaciado su contenido.

El fiscal apoyó su relato en el movimiento del grupo y en la intervención del acusado en el manejo de la bandolera, mientras la defensa insistió en la ausencia de pruebas directas que acrediten la participación de su representado en la apropiación de los objetos. La Sala valoró la documentación aportada, el testimonio policial y la declaración de la persona encausada, que negó haber sustraído la bandolera. Las discrepancias sobre la autoría y el alcance de la violencia serán determinantes en la resolución que pronuncie el tribunal.

Fuentes judiciales señalaron que el procedimiento continuará con la emisión de la sentencia, una vez estudiadas las pruebas y las circunstancias concurrentes, incluida la imposibilidad de escuchar a la víctima en la sala. El juicio puso de manifiesto la dificultad probatoria en casos en los que los perjudicados no pueden comparecer y subrayó el peso de las pruebas periciales y policiales en el proceso. La concesión de las agravantes por motivos de discriminación, si finalmente se confirma, podría traducirse en una pena más elevada.

La vista, celebrada este martes, atrajo la atención por la naturaleza del supuesto móvil y por el hecho de que la víctima falleciera poco después de los hechos, circunstancia que impidió complementar la investigación con su testimonio directo. El tribunal dejó el caso visto para sentencia tras escuchar a las partes; la resolución fijará si se acepta la calificación del fiscal y la pena solicitada para Alejandro S. B., y detallará los motivos que sustenten su decisión. Mientras tanto, la acusación y la defensa aguardan el fallo que pondrá fin a la fase oral del procedimiento.