El Gobierno central ha iniciado este miércoles una ronda de contactos con partidos políticos y agentes sociales para diseñar un plan que mitigue el impacto económico derivado de la guerra en Irán, ante el encarecimiento de la energía y otras materias primas. La llamada a la unidad parte de la necesidad de proteger a hogares y empresas frente a subidas de precios que ya están presionando la economía española. Las decisiones se articularán en sucesivos consejos de ministros y dependerán de la evolución del conflicto y de las propuestas que aporten los distintos sectores. En estas gestiones, el Ejecutivo busca un respaldo amplio que permita adoptar tanto actuaciones inmediatas como reformas de calado.

Según explicaron fuentes del Gobierno, el plan se estructura en dos bloques: medidas coyunturales de carácter socioeconómico para aliviar efectos de corto plazo y reformas estructurales dirigidas a reducir la vulnerabilidad energética a medio plazo. El ministro que ha liderado las llamadas a los grupos parlamentarios ha subrayado la voluntad de consenso y la necesidad de incorporar las demandas de empresas y sindicatos. Sin embargo, la interlocución no ha sido completa: un grupo parlamentario no respondió a la convocatoria. Los anuncios del Ejecutivo tienen carácter preliminar y su activación estará supeditada a la evolución de los mercados.

Félix Bolaños detalló que la coordinación incluirá tanto las decisiones inmediatas que pueda adoptar el Ejecutivo como propuestas a elevar a la Unión Europea cuando sea necesario. La búsqueda de apoyos se produce en un momento en el que la UE ya presiona por respuestas coordinadas para limitar el coste adicional de las importaciones energéticas. El Gobierno quiere que las medidas sean modulables, revisables en función de los precios y aplicables por sectores más expuestos al incremento de costes. El objetivo declarado es proteger el tejido productivo sin perder de vista la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, confirmó que el Ejecutivo supervisa de forma continua la cotización del crudo y otras materias primas y que evaluará la adopción de apoyos sectoriales y medidas fiscales. Montero adelantó que, si la situación empeora, España defenderá en la UE la suspensión temporal de las reglas fiscales comunitarias para ganar margen de maniobra presupuestario. Ese planteamiento ya se abordó en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, aunque no logró el respaldo necesario en ese foro. No obstante, la ministra dejó claro que España seguirá planteando esa opción si las circunstancias se deterioran.

En el ámbito energético, el Ejecutivo se ha alineado con la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía para liberar reservas estratégicas de crudo a escala superior a la utilizada durante la crisis vinculada a la guerra en Ucrania. España votará a favor de esta iniciativa y, en la aportación practicable para el país, implicaría liberar 12,5 días de reservas, según las estimaciones manejadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado que la alta dependencia energética de la UE ya ha supuesto un sobrecoste acumulado de alrededor de 3.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles y ha urgido a medidas que alivien la presión sobre familias y empresas.

Desde el Banco Central Europeo, el vicepresidente Luis de Guindos advirtió que el alcance del impacto económico dependerá de la duración y la intensidad del conflicto, y que el organismo ya está revisando a la baja algunas de sus previsiones de crecimiento. El BCE está atento a la transmisión de los precios de la energía a la inflación subyacente y a la posibilidad de que los efectos se generalicen a sectores no energéticos. Esa revisión de expectativas condicionará también cualquier reacción macroeconómica en el horizonte europeo. En el Ejecutivo español reconocen la necesidad de coordinar acciones con el BCE y con socios europeos para evitar desajustes en la política monetaria y fiscal.

La respuesta política en España llega con propuestas de la oposición: el Partido Popular plantea medidas para mejorar el poder adquisitivo a través del IRPF y ayudas destinadas a empresas electrointensivas, además de una bonificación del gasóleo para el sector agrícola y pesquero. El Gobierno valora estas aportaciones, aunque subraya que la respuesta debe ser integral y compatible con los compromisos fiscales. El diálogo con los grupos será clave para concretar montantes y calendarios, y fuentes del Ejecutivo recuerdan que cualquier medida con coste presupuestario tendrá que preservarse dentro de una estrategia que no comprometa la sostenibilidad a medio plazo.

Además de la interlocución con los partidos, el Ejecutivo ha activado contactos con sindicatos y organizaciones empresariales para calibrar las medidas sectoriales que resulten más eficaces. Energía, transporte, industria electrointensiva y el mundo agrario figuran entre los colectivos que más preocupación expresan por el aumento de costes. Las alternativas sobre la mesa incluyen subvenciones temporales, reducciones fiscales puntuales y medidas destinadas a fomentar el ahorro y la eficiencia energética. El Gobierno apuesta por una combinación de parches inmediatos y reformas que reduzcan la dependencia exterior como estrategia de fondo.

En las próximas semanas, la capacidad del Ejecutivo para cerrar acuerdos determinará la velocidad y la intensidad de las medidas que puedan ponerse en marcha. Si bien existe disposición a elevar la petición de flexibilización fiscal en Bruselas, esa opción se activará solo si los indicadores de mercado lo hacen imprescindible. La voluntad de consenso choca con el riesgo de pugnas parlamentarias, pero el Ejecutivo insiste en que una respuesta coordinada es la mejor garantía para limitar el golpe económico derivado del conflicto en Oriente Medio.