Los concejales del PSdeG en el Pazo de Raxoi, Sindo Guinarte y Marta Abal, anunciaron este miércoles que «no votarán a favor» de los presupuestos municipales para 2026, una decisión que sitúa al gobierno local de Goretti Sanmartín ante la posibilidad real de que las cuentas no salgan adelante en el pleno extraordinario del próximo 25 de marzo. El choque llega después de semanas de negociaciones y de un intercambio público sobre si las propuestas socialistas han sido atendidas en el texto definitivo.
La negativa y los puntos de fricción en las negociaciones
En la rueda de prensa, los portavoces socialistas dejaron claro que su abstención o voto en contra dependerá de la incorporación efectiva de una serie de peticiones que, a su juicio, son imprescindibles para poder facilitar las cuentas. Guinarte subrayó que «no son los presupuestos que nos gustarían ni los que haríamos» y que el voto «facilitador» del PSdeG requerirá «la asunción de una parte de las peticiones».
«No votaremos a favor», dijo Guinarte, y añadió que «no vamos a estar en una operación alternativa de gobierno».
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La portavoz del ejecutivo local, Míriam Louzao, replicó en otra comparecencia que en las reuniones mantenidas entre las partes «no se señaló ninguna línea roja» y calificó la postura socialista de «tacticismo electoral». Desde el gobierno sostienen que muchas de las demandas han sido recogidas en el documento final; los socialistas, en cambio, hablan de compromisos incumplidos y de una formulación presupuestaria que, dicen, no refleja las prioridades anunciadas por el equipo municipal.
La situación se complica porque las ediles no adscritas —Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez— han anunciado una posición similar a la del PSdeG: según fuentes consultadas, «no están en disposición de aprobar los presupuestos» porque consideran que la regidora ha incumplido preacuerdos alcanzados en la negociación. Esa coincidencia aumenta la probabilidad de que las cuentas no obtengan los apoyos necesarios.
Fondos europeos, inversiones y una tijera que inquieta a la ciudad
El desencuentro no es solo político; hay cifras que explican parte del rechazo. El documento presentado por el gobierno municipal eleva el montante total a 148 millones, la cifra más alta de la historia reciente del Ayuntamiento, pero los socialistas denuncian una rebaja del 50% en inversiones previstas respecto a lo que consideran necesario. En el capítulo de ingresos destaca, además, una reducción de 900.000 euros derivada de la caída estimada en multas, un recorte que los opositores interpretan como maquillaje contable.
La gestión de los fondos europeos Edil es otro caballo de batalla. El Concello obtuvo ayudas por valor de 8,7 millones de euros, pero en las cuentas solo se consignan 725.691 euros para ejecutarlas, según la lectura socialista. La advertencia es explícita: si no se desarrollan al menos el 40% de las actuaciones previstas en proyectos como Almáciga, Ultreia y Meixonfrío antes de marzo de 2027, esos fondos se perderán y con ellos la posibilidad de completar intervenciones que afectan a barrios y equipamientos.
La memoria de proyectos pendientes en Santiago no es inocua. Los socialistas reivindican inversiones «que transforman la ciudad», citando expresamente la mejora del Ensanche, la reurbanización del Restollal y otras mejoras en parques infantiles que, a su juicio, no encuentran reflejo suficiente en los números. El riesgo práctico es que plazos y exigencias de certificación hagan inviable la llegada de recursos o obliguen a renuncias dolorosas.
Una cuestión de confianza como telón de fondo político
La convocatoria extraordinaria del pleno el 25 de marzo adquiere, por tanto, tono de test político. Si las cuentas no obtienen los apoyos necesarios, el gobierno municipal podría entender que se ha producido una situación de falta de respaldo y plantear una cuestión de confianza: la oposición tendría entonces 30 días para nombrar un nuevo alcalde y, si no lo hace, los presupuestos se aprobarían automáticamente. Es un calendario que obliga a todos los actores a calcular riesgos y ganancias.
En el PSdeG insisten en que su objetivo no es tumbar las cuentas por tumbarlas, sino forzar la materialización de medidas concretas. «Hay peticiones que afectan a cuestiones políticas y otras que son demandas vecinales que ya no admiten demora», dijo Guinarte; al mismo tiempo negó que los socialistas estén dispuestos a formar parte de una alternativa de gobierno inmediata. El mensaje es, en apariencia, claro: presión, pero sin asumir ahora la responsabilidad del gobierno.
La alcaldía, por su parte, ha intentado rebajar la tensión asegurando que muchas de las enmiendas y propuestas de diálogo se han incorporado. Fuentes municipales defienden que existen márgenes técnicos para introducir ajustes y que el expediente presupuestario es compatible con la captación de fondos y con la ejecución de obras. No obstante, la contienda política y la cuenta atrás administrativa plantean un escenario de gran incertidumbre.
Más allá de los intereses partidistas, lo que está en juego son plazos de ejecución que afectan a barrios concretos y la capacidad del Ayuntamiento para certificar inversiones ante las instituciones que financian proyectos europeos. Santiago, capital administrativa y punto neurálgico del Camino, necesita certezas sobre planes urbanos y sociales; convertir una negociación presupuestaria en arma electoral puede acabar por dañar a quienes menos tienen voz.
Con el 25 de marzo como fecha clave y el reloj de las certificaciones ya en marcha, queda por ver si una última ronda de conversaciones produce una salida pactada o si la disputa desemboca en la cuestión de confianza. Sea cual sea el desenlace, la ciudad se juega no solo el destino de partidas concretas, sino la capacidad del Pazo de Raxoi para gobernar con acuerdos estables en un momento en que las inversiones europeas ofrecen una oportunidad que, según advertencia socialista, puede perderse si no se actúa con decisión.
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