SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 de marzo de 2026 — El grupo parlamentario del PSdeG ha exigido a la Xunta la puesta en marcha inmediata de un plan de acción para paliar las consecuencias que, a su juicio, puede acarrear la guerra en Irán sobre la economía gallega. La diputada Patricia Iglesias reclamó una «estrategia activa» de seguimiento y apoyo a las empresas afectadas y pidió al presidente autonómico, Alfonso Rueda, que abandone la actitud de espectador y asuma responsabilidades de gobierno.

Reclamaciones concretas y respuesta política

Los socialistas gallegos registraron en el Parlamento la petición de que la Xunta entregue un informe específico sobre el impacto potencial del conflicto de Oriente Medio en la comunidad autónoma. Además de ese documento, solicitan la activación de «instrumentos propios» para anticipar y mitigar efectos negativos: desde líneas de financiación y avales para exportadores hasta medidas de acompañamiento para cadenas de suministro que puedan verse alteradas por la subida de costes energéticos o el encarecimiento del transporte marítimo.

La iniciativa reclama, igualmente, un sistema de seguimiento «permanente» de la evolución internacional y de sus efectos sobre las empresas exportadoras gallegas. Galicia, que exporta productos del mar, semielaborados, automoción y componentes industriales, vive de manera intensa la volatilidad de los mercados globales; por eso, según la diputada, resulta imprescindible disponer de información temprana y de mecanismos de respuesta rápida.

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«Que deje de hacer comentarista y comience a actuar como gobierno», lanzó Patricia Iglesias en su intervención, exigiendo a Rueda una postura más proactiva ante la crisis internacional.

Hasta la publicación de esta crónica no constaba una respuesta oficial de la Xunta. Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por este diario han subrayado que la política exterior y la seguridad internacional escapan a las competencias autonómicas, pero recordaron que la administración gallega cuenta con herramientas para acompañar al tejido productivo en situaciones de riesgo.

Por qué preocupa a Galicia: canales de contagio económico

La alarma del PSdeG no es gratuita. Galicia depende de sectores con elevada exposición exterior: la pesca y la conservería, los astilleros y la industria auxiliares, y un tejido de pequeñas y medianas empresas que exportan a terceros mercados. Un incremento sostenido del precio del petróleo o la alteración de rutas marítimas puede encarecer los fletes y las primas de seguro, reduciendo los márgenes de rentabilidad de muchas compañías. Además, la incertidumbre tiende a frenar la inversión y a aumentar la volatilidad del tipo de cambio, factores que ya han quedado grabados en la memoria de empresarios gallegos tras crisis anteriores.

Los puertos de Vigo, A Coruña, Ferrol y Marín actúan como nodos de salida para mercancías y como puntos de reabastecimiento. Cualquier alteración en la seguridad marítima o en los seguros de transporte repercute directamente en sus cuentas. A la vez, la industria naval —con astilleros en Ferrol y oficinas técnicas repartidas por la ría de Vigo— está especialmente pendiente de contratos con clientes internacionales que pueden atrasarse o renegociarse ante tensiones geopolíticas.

Cabe recordar episodios recientes —la crisis financiera de 2008 y la conmoción de las cadenas logísticas durante la pandemia— en los que la Xunta diseñó medidas de apoyo, desde líneas ICO a través de la comunidad hasta planes de liquidez dirigidos a pymes. El PSdeG reclama ahora que se recupere esa capacidad de reacción, modernizada para los riesgos actuales: seguimiento en tiempo real, coordinación con cámaras de comercio y portuarias, y planes sectoriales de contingencia.

Limitaciones competenciales y propuestas concretas

La Xunta no gestiona la política exterior ni los aranceles, pero sí puede —según proponen los socialistas— poner en marcha una batería de actuaciones dentro de su margen de maniobra. Entre las medidas que propone la oposición figuran la movilización de fondos propios, la coordinación con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para ofrecer avales y financiación, y la creación de un observatorio que reúna información de aduanas, puertos y empresas exportadoras.

También entra en juego la articulación con el Gobierno central y las instituciones europeas, que son las que manejan las palancas más potentes en materia de energía y seguridad de transporte. La Xunta, señalan los socialistas, debe actuar como elemento de puente para que las empresas gallegas no se queden al margen de medidas estatales o comunitarias y para que se adapten con rapidez a nuevas condiciones de mercado.

En el plano político, la petición del PSdeG añade presión sobre el Ejecutivo autonómico en un momento en el que la sensibilidad social respecto a la inflación y los precios del combustible sigue siendo alta. Una actuación pasiva podría costarle a la Xunta críticas por falta de previsión y, sobre todo, por no proteger a sectores clave para el empleo en la comunidad.

A falta de confirmación oficial sobre los pasos que dará el Gobierno gallego, la pelota queda en el tejado de Rueda: la oposición exige informes, planes y un sistema de vigilancia permanente; las empresas esperan certezas y la ciudadanía reclama que la agenda política priorice minimizar el efecto de una guerra que, aunque lejana, tiene consecuencias palpables en economías abiertas como la gallega.

El desafío consiste en construir resiliencia: combinar medidas inmediatas de apoyo con políticas de diversificación de mercados, ahorro energético y fortalecimiento de cadenas locales de valor. El mapa de la próxima legislatura en la comunidad podría marcarse por la capacidad del Ejecutivo autonómico para traducir riesgo internacional en respuestas creíbles en la plaza —desde Vigo a A Coruña— y en los polígonos industriales que sostienen empleo en el interior.