El portavoz del PSPV en las alicante-parece-que-va-a-entorpecer-la-investigacion/" title="Cortes">Cortes Valencianas, José Muñoz, cargó este martes contra las declaraciones del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que restó importancia a la comisión parlamentaria creada para investigar las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante. La comisión se constituyó el pasado jueves en las Cortes Valencianas tras el escándalo destapado por el diario INFORMACIÓN a finales de enero sobre la promoción conocida como Les Naus. Muñoz consideró que la actitud del jefe del Consell puede suponer un intento de minimizar y, en última instancia, entorpecer las indagaciones sobre presuntas adjudicaciones irregulares. La reacción socialdemócrata llega en un momento de fuerte atención pública sobre la gestión de las viviendas protegidas y la transparencia en las administraciones.

El origen del choque está en las palabras de Pérez Llorca durante una visita a un centro de salud en Benidorm, cuando desestimó la utilidad de las comisiones de investigación en los últimos tiempos y relativizó el alcance del órgano recién constituido. Esa interpretación, según los socialistas, supone un desprestigio del trabajo parlamentario y puede condicionar el desarrollo de las pesquisas. Desde el PSPV reprochan que un presidente autonómico ponga en duda la eficacia del parlamento justo cuando se activa una investigación sobre un asunto de gran interés ciudadano. En su réplica, Muñoz reclamó respeto por las instituciones y por los mecanismos de control democrático.

Muñoz trasladó su “preocupación” no solo al hemiciclo sino al conjunto de la ciudadanía, y sostuvo que la comisión debería dedicarse a esclarecer los hechos sin interferencias políticas. El portavoz socialista denunció que, con sus manifestaciones, el presidente demuestra poca fe en la capacidad del parlamento para investigar irregularidades. Además, lanzó una pregunta retórica dirigida al PP: qué razones tendrían para restar valor a una investigación que afecta a la acción pública y a la confianza en la administración. Para el PSPV, la propia descalificación pública de la comisión refuerza la necesidad de un examen riguroso y transparente.

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El foco de la comisión son las adjudicaciones en la urbanización Les Naus, donde se han señalado entregas de viviendas protegidas a cargos públicos y a familiares, según la documentación y la investigación periodística que impulsó la apertura del caso. Los socialistas recordaron que presentaron una iniciativa para que, en caso de irregularidades, los beneficiarios devolvieran las viviendas; sin embargo, el PP votó en contra de esa propuesta. Para el PSPV, ese rechazo demuestra una falta de voluntad por corregir posibles injusticias y por restituir a la administración los bienes concedidos indebidamente. La polémica ha reavivado el debate sobre el acceso a la vivienda protegida y los controles sobre su adjudicación.

En su intervención, Muñoz acusó además al presidente de la Generalitat de intentar “encubrir” a quienes se aprovecharon del sistema de VPO, y vinculó esas conductas con la defensa que, según él, se prestó a cargos del PP en otras circunstancias. En ese contexto citó al dirigente popular Carlos Mazón, al que reprochó apoyos durante episodios anteriores como la DANA, en referencia a la gestión de crisis. La alusión busca poner en relación la actitud del Consell en distintos asuntos y subrayar un patrón de protección partidaria, según el argumento del PSPV. Es una acusación que añade carga política a una comisión que los socialistas reclaman como estrictamente técnica y esclarecedora.

Desde el PP y desde el entorno del presidente se han limitado a restar dramatismo a las críticas y a subrayar que la constitución de la comisión responde al procedimiento parlamentario y que sus conclusiones se deberán respetar. No obstante, la descalificación inicial de la utilidad de las comisiones por parte de Pérez Llorca ha sido interpretada por la oposición como una señal de la intención del Ejecutivo de no facilitar el esclarecimiento. La incertidumbre sobre el funcionamiento interno de la comisión, las mayorías y la presidencia del órgano alimentan dudas sobre su eficacia. A esto se añade la presión mediática y ciudadana para que la investigación avance con rapidez y transparencia.

El caso Les Naus y las reacciones en el parlamento valenciano inscriben la polémica en un debate más amplio sobre vivienda, transparencia y responsabilidades políticas en la Comunitat. Las investigaciones periodísticas que destaparon las adjudicaciones han llevado a que varios grupos pidan medidas correctoras y sanciones en caso de confirmarse irregularidades. Mientras tanto, el choque retórico entre PSPV y PP eleva la tensión política y complica la posibilidad de un trabajo sereno en la comisión. Para los socialistas, esa tensión no puede servir de excusa para frenar el esclarecimiento de los hechos.

En las próximas sesiones la comisión deberá fijar su calendario, solicitar documentación y escuchar a las partes implicadas; su capacidad para hacerlo sin interferencias es ahora objeto de debate público. El PSPV ha anunciado que vigilará de cerca el desarrollo de las pesquisas y que exigirá que se respete el papel de las Cortes como órgano fiscalizador. Los plazos y los resultados de esta investigación marcarán, en buena medida, la agenda política valenciana en las próximas semanas y condicionarán la percepción ciudadana sobre la gestión del parque de viviendas protegidas.