Elvira Rodríguez, diputada en el Congreso y exinterventora del Estado, instó este miércoles en Vigo a reducir los obstáculos administrativos y regulatorios que afectan a las empresas para evitar que Europa pierda competitividad en el mercado global. La petición se produjo durante una conferencia celebrada el 11 de marzo de 2026 en la ciudad olívica, organizada por el Círculo de Empresarios de Galicia y WomenCEO. Rodríguez argumentó que la acumulación de normativas y la burocracia pueden ralentizar la capacidad de reacción de las compañías ante un entorno internacional cada vez más exigente. Su intervención buscó alertar sobre el riesgo de quedarse atrás si no se acompaña el discurso industrial con medidas prácticas que faciliten la actividad económica.

El foro reunió a responsables empresariales y autoridades autonómicas, entre ellos el conselleiro Corgos, y sirvió de escenario para debatir las vías de impulso de la industria y la innovación en la comunidad. La diputada situó en el centro del debate la necesidad de revisar marcos regulatorios que, en su opinión, a veces penalizan la iniciativa privada más de lo necesario. La jornada fue promovida por representantes del tejido empresarial gallego y organizaciones que agrupan a mujeres ejecutivas, con el objetivo de conjugar propuestas públicas y privadas. En ese contexto, las propuestas de Rodríguez negociaron la línea entre protección normativa y dinamismo económico.

En su diagnóstico, la siguiente etapa exige reforzar la industria manufacturera, acelerar la inversión en investigación y desarrollo y apostar por tecnologías emergentes que permitan a Europa ganar autonomía estratégica. Para Rodríguez, esas tres palancas —industria, I+D y nuevas tecnologías— son determinantes para sostener el crecimiento y la capacidad de decisión del continente frente a potencias globales. La diputada defendió que no se trata solo de más recursos, sino de políticas que faciliten la adopción tecnológica por parte de las empresas. Señaló además que la coordinación entre administraciones y sector privado es esencial para aprovechar las oportunidades de reindustrialización.

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Rodríguez advirtió que el exceso de regulación puede convertirse en un freno si no se aplica con prudencia y sentido práctico. Recordó que proteger a los ciudadanos y al medio ambiente es compatible con mantener un entorno favorable para la iniciativa empresarial, pero reclamó que las obligaciones no terminen por asfixiar la actividad. Abogó por una gestión del riesgo que permita a las compañías innovar sin quedar paralizadas por trámites interminables o requisitos desproporcionados. Su mensaje fue una llamada a la proporcionalidad normativa y a la evaluación de impacto real de las normas antes de su aprobación.

La apertura del encuentro corrió a cargo de María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, quien puso en valor la trayectoria de Rodríguez en materia económica y su conocimiento de los mecanismos presupuestarios y regulatorios. Borrás repasó sus responsabilidades previas como directora general de Presupuestos, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, ministra de Medio Ambiente y presidenta de la CNMV, y subrayó que esa experiencia aporta una visión privilegiada sobre cómo las decisiones públicas afectan al pulso real de las empresas. Destacó asimismo la necesidad de fomentar espacios de diálogo entre Administración y sector privado para diseñar políticas más eficaces. La presidenta del Círculo consideró que el debate sobre regulación y competitividad debe traducirse en medidas concretas a corto plazo.

Durante su intervención, Rodríguez evocó las crisis que han marcado las últimas décadas —la financiera de 2007-2008, la pandemia y la guerra en Ucrania— para ilustrar cómo se han puesto a prueba las estructuras económicas y cómo han cambiado las reglas del juego. A partir de esos episodios, defendió que el sistema presenta debilidades estructurales que requieren respuestas más ágiles y coordinadas. La diputada insistió en que Europa necesita elevar su capacidad de respuesta colectiva y reducir la dependencia de cadenas de suministro exteriores en sectores estratégicos. Ese esfuerzo, dijo, debe combinarse con incentivos para la inversión privada y una regulación más orientada a resultados.

En la clausura, Rodríguez reivindicó el papel del tejido productivo como motor de generación de riqueza y empleo, insistiendo en que la prosperidad no se redistribuye por sí sola sino que debe crearse. Señaló que las empresas y los empresarios son actores esenciales para producir ese crecimiento y que sin un pulso empresarial fuerte será difícil sostener políticas sociales ambiciosas. También llamó a reconocer la dimensión social del empresario, que aporta innovación y empleo en las comunidades. Su mensaje buscó articular una narrativa que combine responsabilidad pública y dinamismo privado.

La intervención en Vigo abre un debate que se viene prolongando en círculos empresariales y foros políticos sobre cómo compatibilizar la agenda regulatoria europea con la necesidad de no penalizar la competitividad. Para varios asistentes, las conclusiones del encuentro apuntan a reclamar procedimientos administrativos más sencillos, evaluaciones de impacto más rigurosas y paquetes de apoyo a la digitalización y la innovación. En el horizonte aparecen también las discusiones sobre políticas industriales en la Unión Europea y la manera en que estas deben concretarse en ayudas y reformas normativas.

Para Galicia, una región con peso industrial y portuario, las propuestas tienen implicaciones directas: la reducción de trabas facilitaría inversiones y la modernización de empresas locales, señalaron empresarios presentes en la sala. Los representantes regionales presentes valoraron el debate como una oportunidad para que las reivindicaciones del tejido productivo gallego encuentren eco en las decisiones nacionales y europeas. El encuentro cerró con la sensación compartida de que la ambición tecnológica y la simplificación administrativa son ejes imprescindibles para no perder ritmo frente a otras economías.

La cita en Vigo marca, en definitiva, el comienzo de una ronda de interlocuciones entre la Administración y el sector privado que, según los organizadores, deberá traducirse en propuestas concretas en los próximos meses. Empresas y clubes empresariales esperan que las recomendaciones expuestas no se queden en la retórica y que se incorporen a planes que favorezcan la competitividad, la innovación y la autonomía estratégica de Europa.