Familiares de una de las víctimas y el Ayuntamiento de Santander se han personado en la causa abierta por el colapso de la pasarela de El Bocal, que el pasado martes de la semana anterior provocó la muerte de seis jóvenes y dejó a otra persona herida. La decisión, comunicada por fuentes judiciales, se produce mientras la magistrada instructora intensifica las diligencias para esclarecer las causas del hundimiento y las responsabilidades, tras las advertencias previas sobre el estado de la infraestructura.

El accidente acabó con la vida de seis jóvenes de entre 19 y 22 años; entre ellos figuran personas procedentes de Cantabria, Bizkaia, Almería y Guadalajara. La séptima víctima, una joven de 19 años natural de Elvillar (Álava), fue trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde permanece ingresada. La tragedia conmocionó a la comunidad y ha reabierto el debate sobre la seguridad de las sendas costeras y el mantenimiento de sus elementos.

Fuentes del juzgado de instrucción número 1 de Santander han confirmado que, hasta el 11 de marzo, se han personado en la causa una de las familias afectadas y el Consistorio santanderino. La intervención del Ayuntamiento indica el interés institucional por participar en las diligencias que se practiquen y por acceder a la documentación que pueda aclarar la tramitación y conservación de la pasarela. La jueza dirige ya una investigación en la que se están practicando diversas pruebas y citaciones.

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Entre las actuaciones, la magistrada ha llamado a declarar como investigada a una agente de la Policía Local que, según la instrucción, recibió el aviso del servicio de emergencias el día anterior al colapso y no habría adoptado medidas para precintar o señalizar la estructura. Ese aviso se habría originado a partir de la llamada de un vecino que alertó del deterioro de la pasarela, circunstancia que ahora se analiza para determinar si existió omisión de diligencia.

Además de la agente citada como investigada, la jueza ha citado como testigos a dos ciclistas que avisaron sobre lo ocurrido en el momento del desplome, al vecino que llamó al 112 el día previo y a la operadora del servicio de emergencias que trasladó la incidencia a la Policía Local. También han sido llamados a declarar los dos agentes de la Policía Nacional que realizaron la inspección ocular inmediatamente después del accidente, cuyas manifestaciones pueden aportar luz sobre los hechos y las medidas adoptadas tras el aviso.

El órgano judicial ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 Cantabria que aclare si desde la apertura de la senda costera han constado otras llamadas relacionadas con el estado de la pasarela y, en su caso, reclama la aportación de los audios grabados. La petición busca reconstruir la cronología de las comunicaciones y dilucidar la respuesta administrativa y operativa que se dio a las sucesivas alertas, si las hubo.

Paralelamente, la magistrada ha requerido a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander que remitan toda la documentación vinculada a la senda costera: expedientes administrativos, informes técnicos del proyecto de ejecución y construcción, y los registros de conservación y mantenimiento disponibles. Esos documentos son clave para evaluar la responsabilidad de las distintas administraciones en la gestión y supervisión de la infraestructura.

La investigación, todavía en una fase inicial, plantea cuestiones sobre el control y la vigilancia de espacios públicos con afluencia de personas y sobre los protocolos de actuación ante avisos de riesgo. Las familias que se han personado en la causa buscan explicaciones y responsabilidades, mientras el procedimiento judicial abre la vía a posibles responsabilidades penales o civiles en función de los resultados periciales y de las declaraciones que se practiquen en los próximos días.