Glovo ha presentado este miércoles, 11 de marzo de 2026, un expediente de regulación de empleo (ERE) para extinguir los contratos de alrededor de 750 repartidores en España, según comunicó la empresa a la representación legal de las plantillas al mediodía. La medida afecta a mensajeros en aproximadamente 60 ciudades y supone cerca del 5% de una flota que la compañía sitúa en torno a los 15.000 empleados. La dirección argumenta razones de sostenibilidad del negocio y el deterioro en la calidad del servicio como el motivo principal de la reestructuración.

La compañía, que el pasado verano completó la transición de sus ‘riders’ a un modelo de asalariados, ha señalado a los representantes de los trabajadores que las cifras anunciadas no son definitivas y que el proceso busca ajustar la operativa en localidades donde, según Glovo, la calidad se ha visto comprometida. Fuentes presentes en la negociación confirmaron la notificación oficial y subrayan que ahora comenzará un periodo de negociación con las organizaciones sindicales para fijar las condiciones del ajuste.

La decisión llega menos de un año después de que Glovo internalizara a sus repartidores tras años de litigios y sentencias que obligaron a la empresa a contratar a quienes hasta entonces figuraban como autónomos. En julio de 2025 la plataforma dio el paso de subir a nómina a gran parte de su flota, en un proceso que la propia dirección cifró en diferentes momentos entre 15.000 y 20.000 trabajadores. Fue esa conversión forzada por la vía judicial la que cambió por completo el mapa laboral interno y ahora, ya con asalariados, la firma afronta este ajuste.

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Barcelona y Madrid se contemplan como los principales focos de la reestructuración, por ser las áreas donde hay mayor concentración de repartidores. En la capital catalana, por ejemplo, Glovo contaba al menos con 4.500 mensajeros en nómina, cifra que sitúa a la ciudad como uno de los posibles epicentros del recorte, aunque la empresa no ha detallado aún la distribución provincial del ERE. Tampoco se ha precisado el criterio con que se determinarán bajas y salidas voluntarias frente a despidos colectivos.

Desde los sindicatos la reacción ha sido de alarma. Comisiones Obreras ha denunciado en los últimos meses prácticas de sanción y despido contra repartidores que intentaban organizarse o celebrar elecciones sindicales en sus centros de trabajo, una acusación que añade tensión a las negociaciones abiertas. Los representantes de los trabajadores han reclamado que cualquier medida se haga con garantías y que se exploren alternativas al despido, como recolocaciones o planes de formación que mitiguen el impacto social.

En el plano empresarial, la dirección de Glovo justifica el ERE en la búsqueda de la viabilidad económica y la mejora del servicio en determinadas ciudades donde, según sus análisis, la prestación se ha venido resintiendo. La compañía sostiene que el ajuste pretende optimizar rutas, evitar sobrecapacidad y mantener competitividad frente a otras plataformas de reparto que también han reconfigurado sus plantillas tras los cambios regulatorios y judiciales de los últimos años.

La medida abre ahora un calendario formal de negociación con la representación legal de los trabajadores, durante el que se tratará el alcance concreto del ERE, las condiciones de salida, y posibles medidas compensatorias. Mientras tanto, el anuncio coincide con un debate más amplio sobre el modelo de la economía de las plataformas en España, que en los últimos tiempos ha combinado fallos judiciales favorables a la contratación, la proliferación de acuerdos colectivos y ajustes empresariales para adaptarse a un entorno regulatorio cambiante.