El Gobierno japonés anunció que, a partir del lunes, comenzará a liberar parte de sus existencias de petróleo para intentar contener la subida de los precios provocada por la escalada de la crisis en Oriente Medio. La medida llega mientras la Agencia Internacional de la Energía decide hoy si activa una liberación conjunta a gran escala de reservas y tras el cierre del estrecho de Ormuz, que ha tensionado los suministros. Japón, muy dependiente del crudo del Golfo Pérsico, justifica el movimiento como una acción para garantizar la oferta interna y estabilizar el mercado. La primera ministra Sanae Takaichi ha vinculado la operación a la coordinación internacional y a la necesidad de proteger la economía nacional.

Según el Ejecutivo, en primer término se pondrán en circulación las reservas privadas equivalentes a 15 días de suministro y también se canalizarán a las refinerías del país existencias públicas equivalentes a un mes. Esas entregas buscarán aliviar la presión inmediata sobre el despacho de combustibles y dar tiempo para evaluar la respuesta colectiva que adopten otros países. Además, Takaichi señaló que Tokio recurrirá «con prontitud» a reservas conjuntas con otros Estados productores si la situación lo exige. El objetivo es evitar una subida descontrolada que dañe la actividad económica y a los hogares.

El anuncio se produce en un contexto en el que el precio de los carburantes en Japón ronda los 160 yenes por litro y el Ejecutivo ha anunciado la intención de fijar un tope que no supere los 170 yenes tras liberar las existencias. La intención del Gobierno es limitar el impacto en los consumidores y en el transporte durante las próximas semanas, aunque no detalló aún el mecanismo exacto para aplicar ese límite. Takaichi recordó que antes de su llegada al poder los costes rondaban los 180 yenes, lo que sugiere la urgencia política de evitar una vuelta a esos niveles. Economistas advierten, no obstante, que la eficacia de un techo de precios depende de la evolución del conflicto y de la respuesta coordinada internacional.

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La decisión japonesa coincide con la deliberación de la Agencia Internacional de la Energía, que contempla activar la mayor liberación de reservas de su historia si los países miembros lo acuerdan. Una medida de ese calado, explican analistas, podría amortiguar las tensiones en los mercados globales siempre que vaya acompañada de suministro físico efectivo y no solo de señales políticas. Hasta ahora, las restricciones al estrecho de Ormuz han disparado las primas de riesgo y han elevado la inquietud en los mercados por la continuidad del flujo de crudo. La coordinación entre grandes consumidores y productores será, por tanto, clave para que las medidas acumuladas surtan efecto real.

Japón figura entre los países más expuestos al cierre de Ormuz, junto a Corea del Sur, porque alrededor de tres cuartas partes de su petróleo llegan por esa ruta, lo que explica la rapidez con la que ha reaccionado el Ejecutivo. El país asiático importa la mayor parte de su crudo y no dispone de una producción interna significativa que pueda compensar la falta de suministros externos. Por ello, las reservas estratégicas y las existencias comerciales adquieren un papel central para evitar desabastecimientos y para dar respuesta a una eventual escalada del conflicto. Desde el punto de vista logístico, la entrega a refinerías permitirá usos inmediatos en el mercado doméstico.

Fuentes del sector energético señalan, sin embargo, que liberar existencias privadas y públicas es una solución temporal que puede ayudar a estabilizar precios durante semanas, pero no a solventar problemas si la interrupción del suministro se prolonga. El mercado sigue atento a las sanciones, a las rutas alternativas de transporte y a la posibilidad de que otros países amplíen sus aportaciones. También pesa la incertidumbre sobre la duración del bloqueo en Ormuz y sobre nuevas medidas militares o diplomáticas que puedan alterar de nuevo el flujo de crudo. En este contexto, la formación de un frente común internacional se perfila como la mejor herramienta para mitigar el choque.

El Ejecutivo japonés ha advertido que no descarta tomar medidas adicionales para proteger la economía si las perspectivas continúan siendo «impredecibles», en palabras de la propia primera ministra. Esas medidas podrían incluir ayudas directas a consumidores, estímulos a sectores afectados o acuerdos bilaterales para garantizar rutas alternativas de suministro. Mientras, las empresas refinadoras y las distribuidoras valoran la llegada de los suministros liberados como un balón de oxígeno, aunque con cautela. La respuesta final del mercado dependerá de la rapidez con la que se materialicen las entregas y de la coordinación internacional que se acuerde hoy.

En los próximos días, la atención se dirigirá a la decisión de la Agencia Internacional de la Energía y a la evolución del bloqueo en el Golfo, factores que marcarán la agenda energética y económica global. Japón ha dado un paso para proteger su mercado interno, pero la eficacia de esa maniobra estará condicionada por la capacidad de la comunidad internacional para ofrecer una solución estable. Para los consumidores japoneses, la esperanza del Gobierno es que la combinación de reservas liberadas y límites de precios reduzca la volatilidad y atenúe el impacto en la vida cotidiana.