Ana Tárrago, fiscal superior de Andalucía, afirmó este miércoles en Jaén que se está desarrollando una investigación judicial seria sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas y resultaron heridas más de 120. Tárrago pidió «tranquilidad absoluta» ante el proceso y subrayó que las diligencias se suceden a diario para aclarar las causas y responsabilidades. La fiscal insistió en que el procedimiento está siendo impulsado de forma activa por el Ministerio Fiscal y cuenta con la colaboración del juzgado y de otros órganos técnicos. El objetivo, según explicó, es que la investigación llegue a buen puerto sin que se ralentice su curso.

En declaraciones a los periodistas, la fiscal destacó que cada jornada se practican nuevas diligencias aunque no todas pueden ser explicadas públicamente para no entorpecer el trabajo judicial. En ese marco, garantizó que las peticiones formuladas por la Fiscalía están siendo atendidas por el juzgado, incluida la apertura de las cajas negras de los trenes implicados, una actuación clave para reconstruir los últimos momentos antes del siniestro. Tárrago evitó entrar en detalles concretos sobre las evidencias para no perjudicar la marcha del proceso.

Además de los peritajes habituales, la Fiscalía solicitó la intervención de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la realización de informes complementarios. En concreto se pidió el nombramiento de tres peritos ingenieros de caminos externos para que realizaran una pericial independiente, una petición que fue aceptada, según señaló la fiscal. Estas pruebas adicionales buscan aportar una visión técnica más amplia que complemente a las investigaciones internas y administrativas.

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Fernando Sobrón, fiscal jefe de Córdoba, acompañó a Tárrago en la mañana siguiente a los hechos y en los desplazamientos a la Ciudad de la Justicia, donde se instaló el centro de identificación de los cadáveres. Desde allí, la fiscal elogió el trabajo de los forenses, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del propio juzgado, que a su juicio desplegaron una colaboración excepcional en unas circunstancias difíciles. La coordinación entre los distintos equipos, subrayó, fue fundamental en las primeras labores de auxilio y en la identificación de las víctimas.

Sobre la retirada de piezas del lugar del accidente por parte de Adif y otras entidades, Tárrago precisó que se informó a la Fiscalía de que dichas actuaciones no alterarían la investigación porque no afectaban a elementos esenciales. No obstante, advirtió que la jueza instructora ordenó expresamente que no se practique ninguna intervención en el escenario sin la correspondiente autorización judicial, criterio que, dijo, se hace cumplir para preservar la cadena de custodia y la integridad de las pruebas.

En la causa intervienen, según la fiscal, tres fiscales y se solicitó a la Fiscalía General del Estado un refuerzo que fue finalmente concedido. Ese fiscal adicional está destinado a apoyar a los equipos en Córdoba y, según explicó Tárrago, está trabajando en el caso junto a los fiscales que llevan asuntos conexos en la provincia. La incorporación de refuerzos pretende acelerar el examen de pruebas y garantizar el seguimiento continuado del procedimiento frente al volumen de diligencias abiertas.

Tárrago rechazó que las discusiones o polémicas que se puedan generar en el ámbito público influyan en la tramitación judicial y apeló a la prudencia informativa. Recordó que el procedimiento debe seguir su curso con la seriedad que merece y sin que los mensajes externos tensionen ni condicionen las decisiones de los investigadores. La fiscal volvió a pedir calma a las familias de las víctimas y a la sociedad en general mientras avanza la instrucción.

En las próximas semanas, según la Fiscalía, se espera la práctica de nuevas periciales, la consolidación de los informes técnicos y el análisis exhaustivo de las cajas negras, pasos que podrán arrojar luz sobre las causas técnicas del siniestro. El plazo para concluir la investigación no puede precisarse de inmediato, advirtieron las autoridades, pero la voluntad expresa es agotar todas las vías de prueba para determinar responsabilidades con todas las garantías procesales. Mientras tanto, la investigación seguirá su curso con la presencia de equipos especializados y la supervisión del Ministerio Fiscal.