El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado personarse en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) por el choque entre un tren Iryo y un Alvia ocurrido el 18 de enero, que causó una grave crisis humanitaria y de servicios en la provincia. La decisión incluye la intervención del gabinete jurídico autonómico y la posibilidad de emprender las acciones civiles o penales que procedan. Al mismo tiempo, la administración ha encargado a varias consejerías la creación de un comisionado para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el siniestro.

El acuerdo del Ejecutivo justifica la personación en la necesidad de defender los intereses públicos y administrativos de la comunidad tras una movilización masiva de recursos autonómicos. El expediente se dirigirá ante la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, donde se tramita la investigación penal. La medida permite a la administración solicitar pruebas, acceder a actuaciones y adoptar las iniciativas procesales que considere oportunas en el marco de la investigación.

La Junta ha ordenado que intoqueden en la configuración del comisionado las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias para articular la respuesta asistencial y el acompañamiento a víctimas y familiares. El siniestro, que se produjo en Adamuz, se saldó con 46 víctimas mortales y alrededor de un centenar de heridos, una catástrofe que obligó a desplegar recursos sanitarios y de emergencia de manera extraordinaria. El comisionado tendrá entre sus funciones coordinar ayudas, facilitar trámites y supervisar el apoyo psicológico y social a las personas afectadas.

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En el expediente presentado por la administración autonómica se alude también a las actuaciones inmediatas realizadas para atender la emergencia: traslados sanitarios, atención en hospitales y la articulación de transporte alternativo para viajeros afectados por la interrupción de la línea. Estas medidas, subraya la Junta, implicaron costes imprevistos y tareas adicionales para distintos departamentos de la administración regional. La necesidad de preservar servicios esenciales y garantizar la asistencia a los damnificados explica, en su evaluación, la personación en el procedimiento judicial.

Más allá del gasto directo, la Junta llama la atención sobre el impacto económico del suceso en sectores como el turismo, que representa cerca del 12% del PIB andaluz. En su informe, el Gobierno autonómico advierte de una pérdida de ingresos por lucro cesante durante el primer cuatrimestre de 2026 debido a la crisis en la red ferroviaria, lo que, según sus cálculos, puede tener consecuencias negativas sobre la economía regional. La administración considera que cuantificar y defender estos daños forma parte de su obligación al personarse en la causa.

El accidente también ha alterado la operativa de la alta velocidad en la zona Norte-Sur, con desvíos y planes alternativos de transporte, y ha provocado una reconfiguración temporal de estaciones y enlaces. Pueblos como Villanueva han visto incrementada su actividad como punto de conexión mientras se mantienen restricciones en el tramo afectado por el siniestro. La Junta destaca la importancia de restablecer con rapidez la normalidad en las comunicaciones para minimizar perjuicios económicos y sociales.

En el ámbito jurídico, la personación abre la puerta a que la administración autonómica ejerza acciones dirigidas a resarcir los posibles perjuicios y a obtener el esclarecimiento de responsabilidades. La participación de la Junta permitirá también vigilar el desarrollo de las diligencias, solicitar peritajes y reclamar el eventual reintegro de costes soportados por la propia administración en la gestión de la emergencia. La investigación continuará en los juzgados de Montoro mientras las autoridades trabajan en paralelo en las medidas de apoyo.

Fuentes institucionales señalan que la decisión responde a la combinación de una fuerte conmoción social y a la obligación de proteger el interés general tras una tragedia de esta envergadura. A corto plazo, la puesta en marcha del comisionado y la presencia en la causa judicial pretenden ofrecer una respuesta coordinada a las víctimas y garantizar que las medidas adoptadas por la Junta queden amparadas y, en su caso, compensadas. La gravedad del accidente y sus repercusiones económicas y sociales mantienen la atención de las administraciones y de la propia sociedad andaluza mientras avanza la investigación.