El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, trasladó este miércoles al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, su preocupación por la reciente modificación del Reglamento de Costas, que a su juicio altera los parámetros sobre los que se conceden y renuevan las autorizaciones en el litoral. El encuentro tuvo lugar en Santiago y responde a la inquietud del sector empresarial gallego por el alcance de la revisión normativa, que, según la patronal, puede dificultar futuras inversiones y la continuidad de actividades marítimas históricas. Vieites justificó la reunión aduciendo la necesidad de que el Ejecutivo central escuche a un sector estratégico en la comunidad. El diálogo se produjo un día después de que el presidente empresarial se reuniera con la conselleira de Medio Ambiente para abordar las mismas inquietudes.

La CEG ha reclamado de forma expresa la convocatoria de una reunión con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica, la Dirección General de Costas o el secretario de Estado competente, con el objetivo de exponer los efectos prácticos de la reforma sobre empresas que operan en la franja litoral. Según explicó su presidente, muchas actividades vinculadas a la mar industria dependen de agua de mar para procesos productivos y de mantenimiento, y no pueden trasladarse con facilidad sin gravísimas consecuencias económicas y sociales. Desde la patronal subrayan además que algunas explotaciones llevan más de un siglo asentadas en el litoral gallego, por lo que reclaman garantías jurídicas que no perjudiquen la situación actual.

En su mensaje al delegado del Gobierno, Vieites insistió en que la modificación normativa supone un cambio en los criterios aplicables a las concesiones, lo que introduce un factor de incertidumbre que, en su opinión, no favorece la decisión de invertir en infraestructuras o en la renovación de actividades ya implantadas. La patronal teme que la nueva regulación pueda restringir la duración o las condiciones de las concesiones al tiempo que facilita su concurrencia pública, lo que obligaría a muchas empresas a competir por títulos que antes renovaban en condiciones distintas.

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Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia pidió que se evite «el ruido político» en torno a la cuestión y defendió que la reforma no prohíbe la concesión de nuevos permisos, sino que introduce procedimientos para garantizar la concurrencia competitiva. Según fuentes de la Delegación, el propósito es alinear el reglamento con las exigencias de la Comisión Europea y evitar sanciones comunitarias, además de actualizar la regulación para una mayor transparencia en la adjudicación de aprovechamientos del dominio público marítimo-terrestre.

La reforma del Reglamento de Costas se ha planteado en Madrid con el argumento de limitar la duración de determinadas concesiones y ordenar el uso del litoral, una iniciativa que el Gobierno ha impulsado con carácter urgente para cumplir con directrices europeas. En Galicia, sin embargo, la medida ha generado una respuesta coordinada entre la Xunta y diversos colectivos empresariales que consideran que la prisa por adaptar la norma puede dejar sin margen a actividades que requieren continuidad y condiciones estables para operar.

Representantes de la CEG han recordado que llevan años trabajando en propuestas sobre la regulación del litoral, y que desde 2018 han intentado incorporar soluciones que protejan usos tradicionales y productivos sin impedir la regeneración ambiental ni el traslado voluntario de instalaciones que lo permitan. No obstante, subrayan la necesidad de salvaguardar la viabilidad de procesos industriales que dependen directamente del acceso al mar y de instalaciones con arraigo histórico en el territorio.

La tensión sobre el Reglamento de Costas se ha traducido en un cruce de mensajes entre administraciones: mientras la Xunta y la patronal sostienen que la reforma introduce incertidumbre y riesgo para el empleo y la inversión, el Ejecutivo central mantiene que las modificaciones ordenan procedimientos y refuerzan la competencia pública para adjudicar concesiones de forma transparente. Entre las demandas que plantea la CEG figura la petición de criterios claros sobre qué actividades podrán mantenerse, cuáles deberán reubicar sus instalaciones y qué compensaciones o garantías recibirá el sector en procesos de reordenación.

La petición de la patronal para ser oída en Madrid se enmarca en un calendario de contactos que pretende abrir un cauce de diálogo antes de que entren en vigor cambios que, según advierten, podrían afectar a numerosos puertos, instalaciones y empresas vinculadas a la acuicultura, la pesca y la transformación de productos marinos. Hasta entonces, la confrontación de discursos, y la búsqueda de un equilibrio entre la protección del dominio público marítimo-terrestre y la seguridad jurídica para las empresas, marcará el debate público sobre el futuro del litoral en Galicia.