Nathalie Delgado, residente en Mera, sufrió en mayo de 2025 el ataque de su perro dentro de su vivienda en la parroquia de Serantes, un hecho que le dejó la nariz desfigurada y que aún condiciona su vida diaria porque no ha logrado desprenderse del animal. La agresión obligó a la mujer a someterse a una intervención quirúrgica y luego a un seguimiento psicológico, mientras que los intentos de reubicar al animal no prosperaron. La víctima denuncia que, pese a los daños y al impacto familiar, las alternativas para apartar al perro de la casa resultaron inviables. El suceso ha dejado a la familia en una situación de convivencia forzada con el animal, que ahora duerme en el jardín.

Delgado llegó a la zona de Serantes en 2017 procedente de Vigo; es venezolana de nacimiento y lleva en España desde 2004. El perro, que vivía en el hogar desde hace seis años, compartía la casa con la pareja y sus seis hijos hasta el día del ataque. Desde entonces, la dinámica familiar cambió por completo: el animal pasó a dormir fuera y la atmósfera en el domicilio se tensó entre el cariño que algunos aún le profesan y el miedo generado por el episodio.

Según relata la propia afectada, aquella mañana llevó a uno de sus hijos al punto de parada del autobús y regresó a desayunar con su hija y su madre. El perro, que se apoyó con las patas en la mesa, fue empujado por ella para que las retirara y en ese gesto la alcanzó en la cara, aprisionándole la nariz. La secuencia posterior queda en la niebla para la mujer; recuerda poco de los instantes inmediatos y dice haber borrado mentalmente la imagen de lo que vio al mirarse después.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

El daño físico fue severo: la nariz quedó notablemente afectada y los médicos plantearon en un inicio la necesidad de varias intervenciones reconstructivas. Finalmente, la intervención se limitó a una operación y la recuperación médica hizo visible una mejora importante, hasta el punto de que hoy las cicatrices apenas se aprecian. Delgado reconoce la labor del sistema público de salud y agradece especialmente la atención recibida en la unidad especializada que la trató, aunque admite que la primera vez que se vio tras la cirugía rompió a llorar.

El impacto psicológico no fue solo suyo: su hija menor, que presenció el ataque, también precisó ayuda profesional. La familia inició tratamiento psicológico para afrontar el trauma, una fase que la mujer califica de dura y prolongada y que supuso meses de esfuerzo para recuperar la normalidad. Aun con el soporte médico y psicológico, la sombra del episodio persiste y condiciona la relación cotidiana con la mascota.

En los intentos de gestionar la situación, la familia llevó al animal ante un etólogo y planteó la posibilidad de entregarlo a un refugio. Ambos caminos resultaron infructuosos: no consiguieron sedarlo para traslado y el centro de acogida rechazó acogerlo al considerar que los propietarios no encajaban en los perfiles vulnerables que suelen favorecer en casos de entrega. Esa doble negativa dejó a la propietaria con la obligación práctica de mantener al perro en su domicilio, aunque ahora permanezca en el jardín y no dentro del hogar.

Delgado apunta a la mezcla de razas como posible explicación de la agresividad puntal: el animal se le presenta a simple vista como un labrador, pero ella cree que la mezcla con un palleiro puede haber influido en su comportamiento. No obstante, la familia no ha atribuido la causa a un solo factor y reconoce la complejidad de entender por qué ocurrió el ataque, sobre todo después de una convivencia de años sin incidentes previos. El episodio, en su opinión, evidencia la dificultad de compatibilizar el bienestar del animal y la seguridad de las personas afectadas.

Casi un año después del suceso, la mujer sigue conviviendo forzosamente con el perro a quien, pese a todo, todavía siente cariño. El animal muestra ahora una actitud apagada y la propietaria confiesa que esa situación le provoca pena, pero también la necesidad de medidas de protección para su familia. El caso ha dejado en evidencia las lagunas que a veces existen en la gestión de animales agresivos y plantea interrogantes sobre los recursos disponibles para víctimas y mascotas cuando ambos necesitan soluciones que no siempre son compatibles. Mientras tanto, la vida continúa entre cuidados médicos, terapia y la convivencia con un agresor al que no ha conseguido separar definitivamente de su vida cotidiana.