Parques solares en Galicia: tensión entre vecinos y ayuntamientos

El pulso de la energía renovable: cuando la «terra» se levanta

La transición ecológica es una consigna que se repite de Madrid a Berlín. En los últimos meses, la controversia sobre la instalación de parques solares y eólicos ha alcanzado un nuevo grado de ebullición, especialmente tras las protestas en pequeños municipios y el debate abierto sobre el papel de los alcaldes en la gestión de estos proyectos. Lo cierto es que Galicia, con su paisaje de vientos y lluvias, se ha convertido en una de las protagonistas involuntarias de este pulso entre desarrollo energético y defensa del territorio.

A nivel nacional, la presión por cumplir los objetivos europeos de descarbonización ha disparado las solicitudes de macroproyectos renovables. Ahora bien, este auge ha generado un fenómeno paralelo: la movilización de vecinos que ven amenazado su entorno y modo de vida. En Galicia, donde la «morriña» por la tierra va mucho más allá de la nostalgia, la situación adquiere matices propios y a veces, un punto de retranca cuando se trata de negociar con grandes eléctricas.

Los alcaldes gallegos, entre la espada y la pared

De A Limia a Outes, pasando por el val de Monterrei, los conflictos se repiten con variantes locales. El alcalde se convierte en el rostro visible de decisiones complejas: por un lado, la promesa de ingresos y empleo; por otro, el temor a una transformación irreversible del paisaje. En el último año, más de 40 municipios gallegos han recibido propuestas para instalar nuevos parques solares o eólicos, una cifra que triplica las solicitudes previas a la pandemia.

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En el concello de Outes, por ejemplo, la corporación local rechazó en pleno una planta fotovoltaica proyectada sobre 120 hectáreas de monte vecinal. Allí, la presión de plataformas como «Salvemos o Monte» fue determinante, pero la decisión final recayó en la alcaldía. El regidor, que prefiere mantenerse en el anonimato, resume la encrucijada:

“Ninguén quere dicir non ás renovables, pero tampouco queremos ser o vertedoiro enerxético de Galicia mentres outros levan os beneficios.”

En la Mariña, la situación es similar. El parque eólico de Cadeira, entre Xove y Cervo, tiene a los vecinos divididos y a la corporación local en modo equilibrista. Mientras la Xunta aprueba nuevos proyectos a un ritmo récord —en 2023 se autorizaron 23 nuevos parques eólicos solo en Lugo y A Coruña—, los alcaldes reclaman mayor margen de decisión y beneficios tangibles para la población local.

Protestas, consultas y la fuerza de la comunidad

El despertar de la conciencia vecinal no es nuevo en Galicia, pero ha cobrado fuerza en la última década. Plataformas ciudadanas, asociaciones agrarias y comunidades de montes se han unido en más de una ocasión para exigir transparencia y participación real. No es casualidad que en municipios como Xinzo de Limia o Vilasantar se hayan organizado consultas populares sobre la instalación de macroparques. La respuesta suele ser abrumadora: en Xinzo, un 87% de los votantes se posicionó en contra del proyecto solar propuesto en 2023.

Ahora bien, la batalla no es solo legal o administrativa. Se libra también en la plaza del pueblo, en los bares, en los medios locales. La “terra” se defiende con argumentos económicos, medioambientales y, por qué no decirlo, también sentimentales. Los alcaldes, muchas veces, se descubren como mediadores improvisados entre la presión de las eléctricas, la Xunta y las demandas vecinales.

La Xunta de Galicia defiende que el despliegue renovable es clave para el futuro económico y la soberanía energética. Sin embargo, los datos muestran que la comunidad concentra ya el 14% de la potencia eólica instalada en España, muy por encima de su peso demográfico. Esto alimenta la percepción de que Galicia pone la tierra, pero los beneficios vuelan a otras latitudes.

¿Hacia un nuevo modelo de decisión local?

La cuestión de fondo es quién decide sobre el futuro del territorio. Las corporaciones locales reclaman competencias para condicionar o vetar proyectos, mientras que las plataformas vecinales insisten en un modelo participativo y de retorno social. Las eléctricas, por su parte, recuerdan que la inversión es esencial para fijar población y crear empleo, aunque los datos reales suelen ser más modestos de lo prometido en los folletos.

En palabras de un portavoz municipal de la Comarca de Monterrei:

“O que precisamos é un pacto real, non imposicións nin promesas baleiras. Se a enerxía é nosa, que tamén o sexan os beneficios.”

De momento, el mapa gallego se llena de líneas de tensión, tanto eléctricas como políticas. Los alcaldes, con más retranca que nunca, caminan en la cuerda floja entre la presión de las grandes empresas y el clamor de sus vecinos. Y Galicia, como tantas veces en su historia, resiste entre el viento, el sol y la morriña por su terra.