En la sesión de control del Parlamento gallego celebrada en Santiago el 11 de marzo de 2026, Ana Pontón y Alfonso Rueda protagonizaron un duro intercambio a cuenta del archivo del proyecto de la empresa lusa Altri y de la designación para la Valedoría do Pobo. La líder del BNG acusó al presidente de la Xunta de comportarse como un perdedor que toma represalias tras la paralización de la macrocelulosa, mientras que el titular del Gobierno autonómico respondió señalando un nacionalismo que, dijo, pone en riesgo intereses generales. La discusión se produjo en una jornada en la que la cámara homenajeó a las víctimas del atentado del 11-M y con la propuesta del PSdeG para una declaración institucional sobre la guerra en Oriente Próximo sin consenso.

Los socialistas habían llevado al pleno una iniciativa para que el Parlamento adoptase una postura unánime sobre el conflicto internacional, pero ni el grupo del Partido Popular ni el del Bloque secundaron la propuesta, por lo que la declaración no prosperó. El portavoz socialista defendió la necesidad de un pronunciamiento claro y unitario desde Galicia en defensa de la paz y del derecho internacional. Por su parte, el presidente de la Xunta dejó claro que comparte el rechazo a la guerra, pero puso el acento en la defensa de los compromisos y reglas internacionales frente a lo que calificó como conveniencias partidistas.

En el inicio de la sesión se guardó un minuto de silencio por las víctimas del 11 de marzo de 2004 y se recordó el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, reivindicación impulsada por el PSdeG. José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del grupo socialista, instó a optar por la vía del respeto a la soberanía y a las normas multilaterales y advirtió del retroceso que supondría permitir que la fuerza vuelva a imponer las relaciones internacionales. Su intervención hizo hincapié en la defensa de la paz como principio rector de la política exterior y en la exigencia de coherencia por parte del Gobierno central.

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En su réplica, Rueda reclamó que la memoria de las víctimas se extienda a todas las tragedias, incluido el terrorismo etarra, y acusó al PSOE de actuar guiado por instrucciones de su dirección en Madrid. El presidente autonómico defendió que la política exterior corresponde al Ejecutivo nacional pero subrayó que esta no debe estar subordinada a intereses personales o a la conveniencia partidaria. Según Rueda, en asuntos internacionales hay que priorizar los compromisos adquiridos y la estabilidad de las instituciones.

La discusión sobre Altri volvió a centrar los reproches entre nacionalistas y conservadores. El proyecto de la portuguesa Altri para una planta de celulosa en Palas de Rei fue archivado recientemente por la Xunta por falta de conexión eléctrica, una circunstancia que el BNG considera una maniobra de desquite por parte del Gobierno autonómico. Pontón sostuvo que la paralización del expediente y la negativa a apoyar la designación presentada por el Bloque para la adjuntía de la Valedoría son signos de un ánimo vengativo contra quienes se opusieron a la iniciativa empresarial.

El nombre en disputa para el puesto en la institución del defensor del pueblo gallego es el de Fernando de Abel Vilela, cuyo perfil, según el PP, no garantiza la imparcialidad por su vinculación a la asociación ecologista Adega. Esa conexión fue esgrimida por los populares para justificar el rechazo al candidato propuesto por el Bloque, mientras que los nacionalistas consideran que la motivación real es la reacción del Ejecutivo a la derrota política en el expediente de Altri. La controversia ha avivado la tensión entre las formaciones, que se enfrentan también por el relato sobre desarrollo económico y protección ambiental en zonas rurales.

Frente a las críticas de Pontón, Rueda replicó cargando contra lo que describió como un nacionalismo que sacrifica el interés general por la acción política inmediata, una actitud que, aseguró, no beneficia a Galicia. El presidente defendió la actuación de la Xunta en el expediente de Altri como técnica y ajustada a la normativa, y rechazó que responda a venganzas personales o a presiones partidistas. La respuesta cerró un cruce de acusaciones que prolongó la crispación política en la cámara.

Al concluir la jornada parlamentaria, la falta de consenso dejó patente la polarización sobre asuntos de política exterior y de orden público institucional en Galicia, así como la dificultad de alcanzar posiciones comunes en temas que trascienden lo autonómico. El choque por Altri y por la designación en la Valedoría anticipa nuevos episodios de debate entre los grupos, mientras persisten las preguntas sobre cómo conciliar la defensa del medio ambiente, la legalidad administrativa y las necesidades de desarrollo económico en el territorio gallego.