La Agencia Tributaria ha fijado el calendario de la Campaña de la Renta 2025, que arranca el 8 de abril y se prolongará hasta el verano, y ha introducido modificaciones que afectan a contribuyentes gallegos de distintos niveles de renta. Las novedades persiguen ajustar el impuesto al contexto económico y social: hay medidas dirigidas a los trabajadores con sueldos más bajos, incentivos fiscales para la sostenibilidad, cambios en la tributación del ahorro y adaptaciones en los tramos del IRPF y obligaciones formales.

Hacienda recomienda comenzar cuanto antes a reunir documentación y facturas para evitar sorpresas y facilitar la presentación. En las últimas campañas la Administración ha ampliado las opciones telemáticas, pero también revisa cada año quién está obligado a declarar y cómo se computan determinadas rentas. La previsión para Galicia es que muchos contribuyentes con rentas salariales moderadas se beneficien de las nuevas deducciones, mientras que quienes obtienen ingresos significativos por capital verán un reto en la presión fiscal sobre los ahorros.

Una de las novedades más relevantes es una deducción dirigida a quienes perciben salarios próximos al Salario Mínimo Interprofesional. Los trabajadores con ingresos anuales inferiores a 18.276 euros y que no tengan rendimientos superiores a 6.500 euros podrán aplicar una reducción diseñada para compensar la subida del SMI. El Gobierno fijó el Salario Mínimo en 16.576 euros, y la deducción podrá alcanzar hasta 340 euros para quienes cobren el SMI, decreciendo a medida que aumentan los ingresos hasta desaparecer en el límite superior establecido.

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En materia de sostenibilidad, la Agencia Tributaria mantiene los incentivos previstos en campañas anteriores para impulsar la eficiencia energética y la movilidad eléctrica. Las obras que mejoren la eficiencia en viviendas, la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga seguirán gozando de deducciones específicas. La medida pretende acelerar la transición ecológica premiando económicamente a quienes acometan reformas o inversiones sostenibles, un aspecto especialmente relevante en municipios gallegos donde la renovación del parque inmobiliario y el acceso a infraestructuras de recarga son retos pendientes.

Por otra parte, el tratamiento de las rentas del ahorro se endurece en la franja alta: los rendimientos procedentes de capital —dividendos, intereses y ganancias patrimoniales— que superen los 300.000 euros quedarán sujetos a un tipo marginal máximo más alto, fijado por el Ejecutivo en torno al 30%. Esta modificación busca aumentar la progresividad del sistema y que quienes obtienen mayores beneficios de sus inversiones contribuyan en mayor medida. En la práctica, la medida afecta a un número reducido de contribuyentes, pero supone un cambio de calado en la fiscalidad del ahorro.

Además de estas medidas concretas, Hacienda ha introducido ajustes en los tramos del IRPF y en las obligaciones de información y presentación. Aunque los cambios no alteran profundamente la estructura general del impuesto, sí afectan a la forma en que se declaran ciertos rendimientos y a los importes que sirven de referencia para aplicar retenciones. La Consejería de Facenda autonómica y asesores fiscales en Galicia ya han advertido de la necesidad de revisar nóminas, certificados y justificantes para evitar discrepancias que compliquen la tramitación.

Para los contribuyentes gallegos, la recomendación general de expertos y de la propia Agencia Tributaria es anticiparse: solicitar certificados de retenciones, contrastar datos fiscales y consultar las deducciones autonómicas que puedan sumar ventajas en la declaración. En particular, las familias y personas con ingresos en torno al SMI deben comprobar si cumplen los requisitos para aplicar la nueva reducción y quiénes tienen derecho a las deducciones por actuaciones en eficiencia energética.

La campaña se abre en un contexto en el que la fiscalidad continúa adaptándose a prioridades políticas como la sostenibilidad y la progresividad, y en el que la digitalización de los trámites sigue siendo un objetivo para facilitar el cumplimiento tributario. En Galicia, como en el resto de España, buena parte de la discusión pública sobre la Renta 2025 girará en torno a cómo estas medidas repercuten en la capacidad adquisitiva de los hogares y en la contribución de los grandes patrimonios al conjunto del sistema fiscal.